La seguridad y el futuro de la democratización

La transición democrática egipcia no habrá terminado hasta que se acabe con la impunidad de los servicios de seguridad, algo difícil en el actual estado de polarización extrema.

Omar Ashour

La Ijuanización de la policía es un término que a menudo se encuentra en los periódicos egipcios fundados por partidos y figuras de la oposición y más en tertulias televisivas de canales privados. El término se refiere al proceso por el cual los Hermanos Musulmanes (al Ijuan al Muslimun) intentan controlar el Ministerio del Interior. Este es el reflejo más reciente de la política de reforma del sector de la seguridad en un país donde la brutalidad policial provocó la revolución. Por tanto, ¿los Hermanos Musulmanes y su Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ) están intentando ijuanizar las fuerzas policiales? ¿O es un intento de lograr un objetivo revolucionario y consolidar un pilar importante en cualquier democracia como es el control civil del aparato de seguridad? ¿O nada de esto, y se trata simplemente de un proceso de lucha de poder en el que la propaganda, el engaño y la manipulación del sector de la seguridad son los elementos centrales? Para responder estas preguntas, empecemos la historia por el principio.

La revolución y el sector de la seguridad

Es bien sabido que las acciones del sector de la seguridad desencadenaron la revolución egipcia del 25 de enero de 2011. El asesinato público de un activista de Internet, Jaled Said, en junio de 2010 a manos de dos policías solo fue el preludio memorable de la brutalidad de las Fuerzas de Seguridad Central (CSF, en sus siglas en inglés) y del ejército de matones (baltagiyya, individuos armados contratados para atacar reuniones políticas) vestidos de civiles durante los meses de las elecciones parlamentarias de noviembre y diciembre de 2010, que prepararon el terreno para la revolución. Según muchos revolucionarios, las fuerzas policiales eran el ejército que protegía al régimen.

La confrontación era, pues, inevitable para el cambio: “Teníamos que quebrarlas… Ojalá hubiera habido otra manera pero no la había… ahora tenemos que arreglarlo”, declaró en una entrevista que realicé en noviembre de 2011, un activista adolescente que participó en la confrontación de camino hacia la plaza Tahrir el 28 de enero de 2011. De hecho, durante tres décadas, Hosni Mubarak gobernó Egipto con una mezcla de cooptación clientelar y represión brutal. Continuó lo que Anuar el Sadat había empezado: liberalización política limitada, una fachada electoral con elecciones sólidamente amañadas y la creciente dependencia en dos instituciones de seguridad concretas, el departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado (SSI, en sus siglas en inglés), un aparato de inteligencia nacional dotado de 100.000 efectivos, y las CSF, una fuerza paramilitar con 300.000 efectivos.

La primera actuaba como “cerebro” protector del régimen y la segunda como el “músculo”. Ambas estaban destinadas tanto a cooptar rivales políticos como a eliminarlos. Mubarak encabezaba el Consejo Supremo de la Policía, el máximo órgano de mando de las fuerzas de seguridad, que utilizó para apuntalar a su régimen. En sus dos últimas décadas, y sobre todo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la represión fue una política habitual mientras muchos gobiernos occidentales hacían la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en el contexto de la llamada “guerra contra el terror”. Pero la contribución más significativa de Mubarak a la seguridad fue la enorme atribución de poder al SSI, que técnicamente opera bajo el Ministerio del Interior. De hecho, con la dictadura, Egipto pasó de ser un Estado dominado por los militares a uno gobernado por el SSI.

El cambio explica, en parte, el apoyo que muchos militares de bajo y medio rango dieron a la revolución de 2011, ya que estos oficiales sentían que contaban con menos poder que los que se suponía eran sus subordinados del SSI. En general, se acusó al SSI de practicar torturas sistemáticas, secuestros y detenciones ilegales. Dentro del SSI, eran la Administración General de la Actividad Extremista (EA en sus siglas en inglés) y el Grupo antiterrorista (CTG en sus siglas en inglés) los que acumulaban la mayoría de acusaciones. Estas incluían ejecuciones extrajudiciales y asesinatos por encargo. “Arrestamos a ese tipo y los oficiales de la EA y del CTG empezaron a discutir. Obtuvieron la información que querían, pero ninguno de los dos quería quedarse con él. El oficial del CTG puso fin a la discusión.

Empujó al hombre por la ventana y este murió al instante. Era Ramadán y el oficial del CTG llegaba tarde a la comida del suhur … después se rieron de ello” me contó un ex oficial del SSI en febrero de 2012. Los oficiales del CTG también fueron acusados por una comisión de investigación nombrada por el gobierno por disparar con francotiradores en la plaza Tahrir, epicentro de las protestas populares de El Cairo en enero de 2011, aunque aun no se ha juzgado a nadie (Informe de la Comisión de Investigación: “Los francotiradores del Ministerio del Interior asesinaron a manifestantes”, Al Ahaly, 19 de abril de 2011).

El sector de la seguridad posrevolucionario: ¿estancamiento o reforma?

Tras la caída de Mubarak en febrero de 2011, Egipto fue testigo de más de 10 iniciativas para reformar el sector de la seguridad, y aunque varían considerablemente tanto en calidad como en alcance, ninguna se centraba en el control de las fuerzas armadas. Por el contrario, estas iniciativas se dirigían a las fuerzas de seguridad internas dependientes del Ministerio del Interior. Fue un variado espectro de actores interesados en el proceso el que las propuso: grupos de la sociedad civil, oficiales de policía desencantados y sus organizaciones no oficiales, el propio Ministerio del Interior y el Parlamento.

Tras echar al gobierno de Ahmed Shafiq, nombrado por Mubarak, y a su ministro del Interior, el general Mahmud Wadgy, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) en el poder designó el 3 de marzo de 2011 un gobierno cercano a la revolución, encabezado por el primer ministro Essam Sharaf. Este nombró como ministro del Interior a Mansur Issaui, general retirado desde hacía 14 años pero con una reputación limpia y popular entre los oficiales. El general Issaui ganó crédito por algunos cambios y reformas dentro del Ministerio del Interior. Con el apoyo del CSFA, disolvió el SSI y despidió o jubiló a 505 tenientes generales, 82 generales de brigada y 82 coroneles. En lugar del SSI, estableció el Aparato Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés), decisión que, en un primer momento, fue aplaudida, pero que se acabó criticando por cambiar el título pero no las prácticas.

A parte de esto, no han cambiado demasiadas cosas. Con la elección del primer presidente civil en la historia de Egipto, un exprisionero político, las expectativas respecto a un exhaustivo proceso de reforma del sector de seguridad crecieron. En agosto de 2012, el presidente Mohamed Morsi logró expulsar a los líderes del establishment militar, el principal obstáculo en el camino. El siguiente paso podría haber sido nombrar a un ministro del Interior reformista o con tendencias reformistas, lo que habría dado más poder a la facción reformista dentro del Ministerio del Interior y facilitado el proceso de reforma. Pero el enfoque presidencial del proceso de reforma del sector de la seguridad ha sido gradual, no revolucionario, haciéndolo dentro de las normas del sistema. Lejos de la Ijuanización del Ministerio del Interior, Morsi designó al general Jaled Tharwat como nuevo jefe de la NSA en octubre de 2012. Tharwat viene del núcleo del SSI. Solía encabezar la “Actividad Interna”, la administración general responsable de supervisar e investigar grupos de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación.

En una época, también encabezó el grupo “Contra la actividad de la Hermandad”, encargado de neutralizar a los Hermanos Musulmanes. Además, a diferencia de Túnez, donde el ministro del Interior es un civil del partido Ennahda, víctima de torturas, el primer ministro del Interior de la administración Morsi fue el general Ahmed Gamal al Din, conocido por su lealtad al general Habib al Adly, ministro del Interior con Mubarak, condenado por la justicia. Gamal al Din formaba parte de la línea dura en las negociaciones para liberar prisioneros políticos tras el triunfo de la revolución y en las conversaciones para acabar con llos enfrentamientos en la calle de Mohamad Mahmud en noviembre de 2011. También fue testigo durante el “Juicio de oficiales de Giza” en el que 17 policías fueron acusados de matar y herir a manifestantes en enero de 2011. Defendió a los policías, declarando que las víctimas fueron asesinadas en “defensa propia”. La “Coalición de Oficiales, pero Honorables”, organización extraoficial de policía a favor de las reformas internas, acusó a Gamal al Din de ser miembro de una poderosa facción antirreformista dentro del ministerio, denominada “los hombres de Al Adly” (en referencia al anterior ministro del Interior Habib al Adly).

El segundo ministro del Interior nombrado por Morsi también es un general que viene del departamento de Prisiones. Aún es pronto para juzgar su actuación respecto al proceso de reforma del sector de la seguridad, pero en general, la administración Morsi no ha dado ningún paso decisivo en ese aspecto, probablemente debido a un buen cálculo político.

¿Un dilema de seguridad? La politización del proceso de reforma

Hasta ahora, tengo 186 oficiales muertos y más de 800 heridos, suboficiales impidiendo que los jefes de seguridad entren en sus oficinas, un palacio presidencial atacado todas las semanas por unos 100 chicos… y el principal complejo gubernamental de Egipto bloqueado durante cuatro días. ¿Cuándo tendré tiempo para reformas? Cuando las polémicas políticas acaben”, declaró el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim el 19 de febrero de 2013. Ha sido una de las pocas veces que un ministro del Interior ha hablado públicamente sobre las limitaciones de las fuerzas de seguridad y el proceso de reforma y lo más preocupante es que no mentía ni sobre los hechos ni sobre los números.

Un colapso del ministerio del Interior en este momento puede tener consecuencias desastrosas en Egipto. “Muchos oficiales de policía necesitan una seria rehabilitación recuperación psicológica. La revolución ha causado estragos en algunos, mientras que otros se han vuelto más crueles y violentos. Las dos situaciones son igual de malas” me contó Tamer Meky, antiguo comandante en Seguridad Pública y hoy miembro del Parlamento. La violencia en las calles y la politización del proceso de reforma del sector de la seguridad por parte de los rivales políticos han tenido consecuencias negativas en el proceso y su credibilidad. En las tertulias de televisión, figuras de la oposición reclaman que se lleve a cabo la reforma del sector y que se acabe con la brutalidad policial. Pero al mismo tiempo, estas figuras políticas alaban a los generales y a jueces y fiscales corruptos conocidos por apoyar tácticas brutales y acusaciones falsas. Algunos políticos incluso les reclaman que intervengan en el proceso político tomando medidas enérgicas contra sus rivales. En este sentido, el Ministerio del Interior está atrapado en un círculo vicioso. Por un lado, es responsable de defender las instituciones del Estado, incluyendo al presidente, Parlamento, ayuntamientos y el complejo administrativo más grande de Egipto en la Plaza Tahrir (al Mugamma).

Todas estas instituciones están siendo constantemente atacadas tanto por criminales como por una mezcla de activistas políticos delincuentes de diferentes orígenes. Su común denominador es estar en el lado político del “perdedor”: tanto en el proceso revolucionario (como Mubarak y los leales al Partido Nacional Democrático), o en el proceso democrático (como los perdedores de las elecciones presidenciales o parlamentarias). Por otro lado, si alguno de estos manifestantes mueren o resultan heridos, el Ministerio del Interior es acusado de brutalidad. A lo que hay que añadir la inexperiencia en el uso de tácitas de control de masas no letales. “Mira, el patrón que tenemos es que se ataca a los oficiales con disparos y cócteles molotov. Si huye, es acusado de negligencia y va a juicio. Si responde, es acusado de brutalidad y también va a juicio. ¿Qué se supone que debe hacer?”, me contó un comandante de las Fuerzas de Seguridad, testigo del ataque al palacio presidencial en enero.

No hay transiciones democráticas completas sin combatir el abuso, erradicar la tortura y acabar con la impunidad de los servicios de seguridad con un control efectivo y claro de las fuerzas armadas y el establishment de la seguridad. Estos objetivos estaban en el núcleo de la revolución egipcia de 2011. Pero en el actual estado de polarización extrema de Egipto, no se pueden alcanzar; ni tampoco ante los constantes intentos de los rivales políticos de manipular el sector de seguridad. Como se ha demostrado en casos similares, la unidad de las fuerzas políticas es la clave del éxito tanto en la reforma del sector de seguridad y como de la democratización.