Las mujeres de los países del sur del Mediterráneo, todas ellas fuertemente discriminadas, encuentran en algunas iniciativas locales en las que participan distintos sectores del entramado civil la manera de influir en la sociedad y, en ocasiones, en las propias políticas públicas. Tal es el caso de la Asociación para la Promoción de la Mujer y la Niña Hachemí (APFFH), en Argelia, y la campaña para reivindicar la transmisión de la ciudadanía en el Líbano, así como la lucha de las mujeres sulaliyates contra el sistema que regula las tierras cultivadas en Marruecos y la de las trabajadoras del sector textil en Egipto.

Pese a que las desigualdades entre hombres y mujeres están aún al orden del día en numerosos países de la cuenca mediterránea, hay una multitud de iniciativas locales promovidas por mujeres que combinan acciones económicas y solidaridades con el fin de lograr un acceso más justo y equitativo de las mujeres a los derechos económicos, sociales y políticos. La movilización de las mujeres y las asociaciones que luchan por la igualdad de género y los derechos femeninos ha desempeñado un papel preponderante, y sus iniciativas en numerosos ámbitos han contribuido a modificar las mentalidades y tradiciones patriarcales y, a veces, incluso han conseguido empujar a los gobiernos a reformar el marco jurídico con el fin de eliminar las disposiciones discriminatorias.

Las mujeres representaron un papel decisivo en la oleada de levantamientos que sacudieron, desde el año 2010, a la mayoría de sociedades del sur y el este del Mediterráneo. Las primeras elecciones democráticas tras la caída de los regímenes autoritarios en Túnez y Egipto han demostrado que las fuerzas políticas conservadoras surgidas de las diferentes corrientes del Islam político dominan el nuevo escenario político. Esta corriente conservadora pone en peligro las conquistas alcanzadas por las mujeres hasta el momento (Túnez) y frustra las aspiraciones de las árabes a la igualdad y a la eliminación de las numerosas discriminaciones de las que son víctimas. Esta evolución política también refleja el arraigo de las mentalidades patriarcales y el largo trecho que queda aún por recorrer para mejorar la condición jurídica y social de la mujer en estas sociedades.

Las asociaciones de mujeres del sur y el este del Mediterráneo trabajan en contextos difíciles (barreras administrativas, cierre o control de los medios de comunicación y obstáculos de tipo cultural). Si bien es cierto que la condición jurídica de las mujeres puede diferir de un país a otro, su nivel de participación económica, política, social y cultural es, por lo general, bastante parecido. En las zonas rurales es donde las mujeres sufren en mayor grado la desigualdad y la discriminación. El índice de analfabetismo es más elevado, sus ingresos más bajos y normalmente tienen un acceso limitado a los servicios educativos y sanitarios. Así pues, la labor de las asociaciones en este contexto es muy importante, y sus experiencias y actividades son, por lo general, muy poco conocidas.

A partir de ejemplos extraídos de la experiencia concreta de asociaciones de mujeres que trabajan en varios ámbitos, este artículo pone de relieve la fuerza y ​​el dinamismo de sus iniciativas, así como su potencial de innovación y creatividad. En un contexto de crecientes desigualdades, el tema del papel y el lugar de las mujeres en estas iniciativas es un desafío fundamental para reforzar su función económica, social, política y cultural en estas sociedades.

Cabe también destacar en algunos ámbitos experiencias que, aun siendo de escasa envergadura, son interesantes en la medida en que van destinadas a unos colectivos vulnerables a los que no suelen prestar suficiente atención las organizaciones internacionales ni los donantes de fondos.

La autonomización de la mujer en las zonas rurales de Argelia

En Argelia, como en otros países de la región, las mujeres han luchado valientemente contra la desigualdad de género. Aunque su condición haya evolucionado en las últimas décadas, siguen siendo objeto de fuertes discriminaciones jurídicas, económicas y sociales. Las reformas del código de la familia de 2005 representan, sin duda, una mejora, pero todavía se mantienen numerosas disposiciones discriminatorias.

Además, no siempre se aplican los avances jurídicos logrados, y hay numerosas disposiciones que son letra muerta si los jueces y tribunales les oponen resistencia. Las desigualdades sociales y económicas constituyen también importantes obstáculos a la hora de aplicar las nuevas disposiciones del Código, como las relativas a la poligamia o el divorcio, dado que la falta de autonomía económica obliga a menudo a las mujeres a renunciar a sus derechos y aceptar las situaciones de hecho.

Pese a la incorporación masiva de las mujeres al sistema educativo (el 96% de las niñas argelinas están escolarizadas), la tasa de inserción profesional femenina en Argelia es aún muy baja (en torno al 18%), y las mujeres se concentran generalmente en unos determinados sectores de actividad, como la salud, la educación y la justicia.

Su peso en las instituciones políticas es también muy minoritario. Emulado por una oposición que ha construido su discurso sobre el retorno al Islam como principal pilar de la identidad argelina, el régimen ha acentuado esta línea, y parte de las elites en el poder han mostrado su compromiso con los valores tradicionales. La instrumentalización política del Islam por parte del régimen y la oposición contribuye al inmovilismo de las actitudes y comportamientos respecto a las mujeres.

En las zonas rurales la situación de las mujeres es mucho más vulnerable, y los principales indicadores socioeconómicos ponen de manifiesto la brecha que separa el índice de desarrollo humano de las argelinas que viven en un medio rural del que prevalece en las zonas urbanas. Si el índice de escolarización en las áreas urbanas alcanza el 78,8%, en las rurales es solo del 64%. La tasa de natalidad es más elevada: 2,19 en las zonas urbanas y 2,38 en las rurales[1]. La poligamia es mucho más frecuente que en la ciudad, el acceso a las infraestructuras más reducido y la independencia económica muy limitada: solo el 13% de las mujeres disponen de sus propios ingresos en las zonas rurales. En lo que respecta al tejido asociativo, la participación femenina es minoritaria.

Pese a todas las limitaciones impuestas por el contexto jurídico, político, económico, social y cultural, es importante destacar unas experiencias de trabajo asociativo que luchan por mejorar la situación de las mujeres en diferentes ámbitos y que merecerían contar con mayor apoyo.

La experiencia de la Asociación para la Promoción de la Niña y la Mujer Hachemita (Hachem, Mascara)

La trayectoria de las mujeres en el Magreb rural solo es abordada en raras ocasiones por los estudios sobre la condición femenina, por lo que merece que le prestemos aquí atención. Aunque tengan un título de educación superior, que en principio debería orientarlas a una carrera profesional y dotarlas de autonomía, las jóvenes del mundo rural argelino se han criado con la idea de que dependen de los hombres, padres, hermanos y maridos, garantes de su seguridad, protección y estatus social. Esta dependencia es un grave obstáculo psicológico y social para la autonomización de las mujeres, y las priva de la capacidad para tomar sus propias decisiones.

Ante este estado de cosas, la experiencia de la Asociación para la Promoción de la Niña y la Mujer Hachemita(APFFH) constituye una interesante experiencia de autonomización de las mujeres a través del compromiso asociativo. En 2003, en el marco de un proyecto desarrollado por la ONG española CERAI (introducción de un módulo de desarrollo rural)[2] en la región argelina de Mascara, nace el proyecto de crear una asociación, que al principio agrupa a quince jóvenes, la mitad de los cuales son graduadas universitarias y la otra mitad han cursado estudios de secundaria. En este municipio rural poco desarrollado, dicha asociación ha puesto en marcha un proyecto de cooperativa, así como grupos de producción: cunicultura, cestería y cerámica, costura, cuscús y pintura sobre madera. Las jóvenes que son miembros de la asociación han asumido la administración de la misma y de sus actividades, y han adquirido conocimientos técnicos en materia de gestión asociativa, contabilidad…

Además de facilitarles la adquisición de conocimientos técnicos específicos, el compromiso asociativo ha permitido a estas jóvenes reforzar su autonomía y convertirse también en agentes de transmisión de nuevos horizontes para las mujeres. Las jóvenes de la asociación también ofrecen cursos de formación para la vida cotidiana (CVC) en una treintena de aduares de los alrededores[3].

Su compromiso asociativo ha fomentado profundos cambios de actitudes y les ha permitido superar en parte las barreras culturales, psicológicas, sociales y económicas que asfixian cualquier posibilidad de emancipación de la mujer en las zonas rurales.

Han descubierto nuevas formas de plenitud y han adquirido conciencia de sus capacidades para la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. El espacio asociativo se ha convertido en un punto de encuentro, que ofrece oportunidades para la formación y el intercambio de experiencias con otras asociaciones de perfil más elitista y urbano. La confrontación de estos diferentes espacios ha demostrado ser especialmente enriquecedora para estas jóvenes, que, además de adquirir unos conocimientos prácticos sobre gestión asociativa y las herramientas necesarias para la autonomización económica de las mujeres, han aprendido a asumir responsabilidades y a tomar una conciencia absolutamente necesaria de su capacidad para independizarse y decidir por su cuenta.

Es una iniciativa a pequeña escala, pero aun así ha logrado transformar a las personas que se han implicado en el proyecto. Dados los impedimentos generales derivados del contexto político y jurídico, y las dificultades específicas presentes en las zonas rurales para la implantación de un proyecto asociativo, la experiencia de la APFFH es notable. Gracias a una labor de proximidad (de puerta a puerta en treinta aldeas de las inmediaciones), la asociación ha contribuido a romper al aislamiento de un buen numero de mujeres encerradas en sus aduares mediante la propuesta de unos espacios de encuentro alternativos. En el aduar de El Maleh, en la daira de El Hachem, se ha instalado una caravana que se ha convertido en aula de alfabetización y formación. La creación de este espacio ha permitido a las mujeres tener contacto con el mundo y, con el paso del tiempo, ha llegado a ser el embrión de un centro para la promoción de la mujer rural.

La campaña libanesa para la transmisión de la nacionalidad: «Mi nacionalidad, un derecho para mí y para mi familia»

Se suele considerar al Líbano como un país «avanzado» en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Sin embargo, las libanesas no han alcanzado aún la plena igualdad. Pese a que el Líbano ha firmado la mayor parte de tratados de Naciones Unidas respecto a los derechos humanos, las mujeres todavía no gozan de los mismos derechos que los hombres. La transgresión más flagrante de sus derechos es que no pueden transmitir su nacionalidad a sus maridos extranjeros ni a sus hijos.

En el contexto libanés esta discriminación está directamente ligada a los distintos códigos de los estatutos personales que rigen el derecho privado de las diferentes comunidades religiosas del Líbano. Cada ciudadano se somete al código jurídico correspondiente a la comunidad religiosa a la que pertenece. En el Líbano estrenstruira Convención sobre la Eyn  y la Condiciñon án reconocidas 18 comunidades religiosas, y actualmente están en vigor 15 códigos diferentes de estatuto personal.

La presencia en este país de una numerosa comunidad palestina también explica la permanente renuencia a modificar esta ley, ya que la obtención de la nacionalidad libanesa por un gran número de refugiados modificaría el peso demográfico de las distintas comunidades religiosas del país, un tema especialmente delicado en la historia política del Líbano.

La sociedad civil libanesa se ha movilizado para modificar la ley sobre la nacionalidad por medio de varias manifestaciones y campañas. La campaña titulada «Porque son mis hijos, mi nacionalidad es un derecho para ellos» se puso en marcha en 2006 con el fin de lograr que se enmendara la ley sobre la nacionalidad. Esta campaña moviliza a un amplio abanico de organizaciones, y no solo femeninas (asociaciones profesionales, sindicatos, personalidades independientes, activistas, organizaciones juveniles…). En ella participan activamente 67 organizaciones con el fin de lograr la modificación de las leyes libanesas y la ratificación de las convenciones internacionales, así como la suspensión de las reservas aplicadas por el gobierno libanés a los artículos 9 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) [4].

La reivindicación de la transmisión de la nacionalidad es fundamental, ya que permite movilizar a todas las mujeres, independientemente de su confesión religiosa. Por lo tanto, es un primer paso para construir un concepto de ciudadanía libre de ataduras confesionales.

La confluencia de diferentes sectores en la aspiración a un único estatuto civil ha logrado atraer la atención de los medios de comunicación y hacerse un hueco en la agenda política. Los medios de comunicación son un elemento clave de la campaña. El eco mediático y el hecho de haber obtenido la autorización del Ministerio de Educación para llevar a cabo una campaña de concienciación en las escuelas han ampliado el ámbito de influencia de la iniciativa en la zona rural.

Las asociaciones que colaboran en la campaña han logrado dar prioridad a este tema en la agenda política. En marzo de 2012 el Consejo de Ministros transfirió a una comisión ministerial el proyecto de enmienda de la ley sobre la nacionalidad. La enmienda se refiere al artículo 4 de dicha ley, que actualmente estipula que todos los libaneses que se casen con una extranjera pueden transmitir su nacionalidad a su esposa y sus hijos. El objetivo de las ONG que hacen campaña es modificar este texto para que haya una igualdad absoluta entre hombres y mujeres a este respecto.

Aunque el hecho de que el proyecto se debata a nivel ministerial constituye ya de por sí un progreso evidente, se siguen observando numerosas resistencias a la modificación de la ley. Adnan Mansur, ministro de Relaciones Exteriores, ha afirmado en relación con la modificación de la ley que «las reservas expresadas respecto a la concesión de la nacionalidad libanesa a los niños palestinos se basan en el voluntad de no ayudarles a renunciar al derecho a regresar a su país de origen». Algunos miembros del gobierno excluirían de la reforma a las libanesas casadas con palestinos. Esta tendencia a discriminar a un grupo específico de mujeres libanesas se justifica por el párrafo (d) de la Constitución, que prohíbe el instalación de refugiados palestinos en el Líbano. La paradoja –subrayada por las organizaciones promotoras de la campaña para la transmisión de la nacionalidad– es que las mujeres palestinas casadas con hombres libaneses sí tienen derecho a convertirse en libanesas, al igual que los hijos que hayan podido tener en anteriores matrimonios.

En julio de 2012, las responsables de la campaña «Mi nacionalidad, un derecho para mí y para mi familia» protagonizaron una sentada simbólica ante la sede del viceprimer ministro Samir Mokbel, en Rabieh, para protestar porque aún no se había reunido la comisión ministerial que preside. El Ministerio ha decidido diluir el proceso, argumentando que era necesario incluir esta modificación en un marco más amplio de reformas.

La lucha en Marruecos de las mujeres sulaliyates, pertenecientes a las tribus y etnias que gestionan las tierras comunales

Las mujeres sulaliyates, apoyadas por organizaciones como la Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos (ADFM) y el Foro de Alternativas Marruecos (FMAS), lograron que el Ministerio del Interior publicara, a finales de marzo de 2012, una circular que reconocía su derecho a beneficiarse, al igual que los hombres, de las indemnizaciones correspondientes a las cesiones o ventas de las tierras comunales.

El carácter discriminatorio del sistema que regula las tierras comunales ha generado entre las mujeres afectadas un movimiento de protesta social sin precedentes.[5] Estos últimos años, el Estado marroquí ha negociado con varias tribus el intercambio de tierras a cambio de la obtención de parcelas individuales como contrapartida. Solo los hombres, como cabezas de familia, han tenido derecho a beneficiarse de estas parcelas en virtud de antiguas normas patriarcales. Las mujeres «cabezas de familia», cada vez más numerosas, solas y con hijos a su cargo, se han visto obligadas a abandonar sus tierras y muchas de ellas se han instalado en barrios de chabolas adyacentes a las tierras comunales. Esta injusticia movilizó a un grupo de mujeres para poner fin a este trato discriminatorio. Privadas de sus bienes, estas mujeres empezaron a movilizarse en 2007 para luchar contra una ley consuetudinaria y no igualitaria que va contra la Constitución, la Mudawana y los convenios internacionales ratificados por Marruecos.

La Asociación Democrática de Mujeres de Marruecos y el Foro de Alternativas Marruecos han agrupado y coordinado estos movimientos y los han apoyado para llevar sus demandas ante las autoridades. Las mujeres han organizado sentadas en varias ciudades y han coreado eslóganes redactados por ellas mismas: «Las tierras comunales pertenecen a nuestros antepasados, ¿por qué excluir a las mujeres?», o «¡Oh! Tribunal Administrativo, ¿dónde están los derechos de las sulaliyates?» En julio de 2009, cerca de 1.000 mujeres acudieron de todo el país para manifestarse frente al Parlamento de Rabat. Su movimiento ha crecido y ha logrado un gran eco en la prensa nacional.

Las tierras comunales constituyen un rico patrimonio, que representa también un obstáculo para la reforma agraria. Reguladas por el dahir de 27 de abril de 1919, están bajo la tutela del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Rurales. Estas tierras pertenecen a la comunidad étnica. Aunque no son transmisibles, se pueden distribuir entre los derechohabientes, o pueden no asignarse a nadie y, por lo tanto, ser explotadas en beneficio de toda la comunidad.

Así pues, las mujeres sulaliyates han logrado una importante conquista, pero han decidido proseguir la lucha y reivindican ahora la promulgación de una ley específica que proteja sus derechos y consagre la plena igualdad entre las mujeres y los hombres pertenecientes a las tribus de las tierras comunales para todo lo que se refiere al derecho de propiedad, usufructo e indemnización en caso de cesión de dichas tierras comunales.

La adopción de esta circular es posterior a otras disposiciones dictadas por el Ministerio del Interior, en respuesta a la ejemplar movilización de las sulaliyates: la primera circular fue publicada el 23 de julio de 2009 por el Ministerio del Interior, con Mehdia (provincia de Kenitra) como región piloto; reconocía que las mujeres tenían derecho a las tierras comunales en caso de cesión o venta de los terrenos. Asimismo, el 25 de octubre de 2011 se publicó una segunda circular que generalizaba ese procedimiento para las tierras comunales afectadas por ventas y cesiones en todo el Reino.

Las tres circulares representan, sin lugar a dudas, un progreso, si bien cabe señalar que este es limitado ya que no se han plasmado en una ley. La aplicación de estas disposiciones es también un problema, puesto que en muchos casos los responsables políticos locales siguen recurriendo al derecho consuetudinario a la hora de elaborar la lista de derechohabientes.

Las lecciones que hay que aprender del éxito de esta experiencia

El movimiento reivindicativo de las sulaliyates es una experiencia muy relevante desde varios puntos de vista. Uno de los rasgos más sorprendentes de la misma es, sin duda, el hecho de que las mujeres de las zonas rurales hayan pasado en un periodo tan breve de tiempo de la sumisión a la resistencia. Su historia tiene como punto de partida una toma de conciencia radical de su condición de oprimidas y de sus derechos, que se ha convertido en el motor de la acción política. Esta toma de conciencia no se puede separar de la lucha de los movimientos feministas marroquíes desde la década de 1970, ni de los progresos y los cambios registrados en cuanto a la condición de la mujer marroquí en la sociedad.

Los tipos de acciones colectivas adoptadas (movilizaciones callejeras, sentadas y demandas judiciales) representan también una forma de aprendizaje en materia de acción colectiva y democracia en el ámbito local.

Es oportuno señalar aquí las características que han dado fuerza al movimiento, como por ejemplo el hecho de pedir reformas concretas: la abolición del tratado de 1919 que deshereda a las sulaliyates como derechohabientes. Reivindican así la modificación de una disposición jurídica obsoleta.

Los vínculos establecidos con una asociación como la ADFM, que ha ayudado a las mujeres de las tierras comunales en sus actividades de concienciación desde abril de 2007, es también un factor a tener en cuenta. En el contexto de esta alianza las mujeres sulaliyates han podido acceder a varios programas de formación para potenciar sus competencias en materia de concienciación, movilización social y comunicación. Ello les ha permitido reforzar su visibilidad y su capacidad a la hora de defender sus derechos. La difusión a través de los medios de comunicación ha dado a su campaña una dimensión nacional e incluso internacional. Al situar las reivindicaciones de tipo democrático en el núcleo de su proyecto, también han puesto en entredicho la política de liberalización económica practicada por el Estado, que está expoliando a los campesinos en general y a las mujeres agricultoras en particular.

Egipto: las trabajadoras del sector textil, pioneras de la revolución    

La lucha de los trabajadoras egipcias del sector textil a partir de 2006 merece una mención especial, ya que es una experiencia única de acción colectiva desarrollada por las mujeres de la región; como en el caso de las sulaliyates marroquíes, dicha acción va más allá de las reivindicaciones concretas del movimiento y las trasciende al poner en tela de juicio el propio sistema político en su conjunto.

Las mujeres egipcias participaron muy activamente en las luchas sindicales, las huelgas y otros movimientos de protesta que precedieron a la revolución del 25 de enero, y desempeñaron un papel decisivo en la caída del régimen de Mubarak.

Las mujeres promovieron los movimientos huelguísticos de las fábricas textiles de Mahalla en 2006, en un contexto de fuertes movilizaciones sociales en varios sectores –transportes, cementeras, minería, salud e industria textil–, con el fin de protestar contra la bajada de los salarios y la eliminación de las primas de fin de año.

Dado que el derecho de huelga no estaba reconocido legalmente, los trabajadores comenzaron a reunirse en la plaza central de la ciudad a modo de protesta. Entonces fue cuando 3.000 trabajadoras de la empresa textil Misr Spinning and Weaving abandonaron el puesto de trabajo y fueron a reunirse con sus colegas masculinos, gritando: «¿Dónde están los hombres? ¡Aquí están las mujeres!» De este modo arrastraron a los hombres a la huelga, así como a las manifestaciones y ocupaciones, hasta conseguir sus objetivos.

Esa huelga marcó un punto de inflexión y fue seguida por otras iniciativas parecidas. En junio de 2007, las trabajadoras, como veían que las cosas no cambiaban, reactivaron el movimiento y paralizaron la fábrica ocupándola durante cuatro días. Pese a las presiones de los responsables de la empresa, que las amenazaron con acusarlas de prostitutas porque pasaban la noche con sus colegas masculinos, al final las militantes lograron una respuesta favorable a la mayoría de sus reivindicaciones[6].

En junio de 2011, un centenar de trabajadoras de la empresa textil Mansura-España, que se declaró en quiebra en 2010, intentaron recuperar los salarios impagados de uno de los bancos acreedores. Ante la negativa del banco a asumir el pago de los salarios e indemnizaciones, las empleadas de la empresa decidieron movilizarse[7]. Las empleadas de la fábrica salieron a las calles a manifestarse. Algunas manifestantes resultaron heridas por un vehículo cuando intentaban bloquear la carretera. Una de ellas falleció a causa de las heridas.

Estas mujeres, dispuestas a todo con tal de defender sus derechos, fueron la punta de lanza de los distintos movimientos huelguistas que tuvieron lugar a finales de 2007 y principios de 2008, y aún hoy siguen luchando.

En Egipto, durante la última década se ha incorporado al mercado laboral un elevado número de mujeres, que en la actualidad representan el 25% de la población activa. La proporción de mujeres «cabezas de familia» también ha aumentado significativamente. Si tenemos en cuenta la economía sumergida, el índice de actividad laboral de las mujeres en Egipto alcanza la cifra del 46%. No obstante, la tasa de desempleo femenino demuestra la existencia de profundas desigualdades al respecto. Es del 18,6% para las mujeres, en tanto que solo es de un 5,4% para los hombres.

Pese a que Egipto ha ratificado oficialmente los convenios de la OIT sobre la igualdad de las remuneraciones (100 y 111) y sobre la igualdad de oportunidades en materia de empleo, la situación de las mujeres en el mercado laboral es en realidad muy precaria. Según un estudio llevado a cabo por la organización egipcia New Women Foundation, en el sector privado más de una tercera parte de las trabajadoras no tienen contrato y el 22% de ellas tienen menos de 18 años.

Al mismo tiempo, las mujeres han promovido  la creación de varias estructuras sindicales independientes: el sindicato de enfermeras y el movimiento de las «pioneras rurales». Su presencia en las organizaciones sindicales sigue siendo insuficiente y su peso en los órganos de dirección es aún muy escaso. Las mujeres siguen estando muy poco representadas en las nuevas estructuras que están surgiendo, como las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos independientes. El comité ejecutivo de la Nueva Federación Independiente (EFITU) cuenta con solo dos mujeres entre sus 21 miembros^[8].

Conclusión

Las experiencias de lucha que se describen en este artículo muestran que las mujeres, independientemente de sus orígenes y clase social, han conseguido movilizarse e incluir sus reivindicaciones y proyectos en el marco general de la lucha por la igualdad y los derechos humanos.

También es interesante destacar que las estrategias desplegadas para lograr sus objetivos frente a los interlocutores institucionales o gubernamentales han contado con el apoyo de otros movimientos y actores de la sociedad civil, al tiempo que han sido divulgadas por los medios de comunicación.

Aunque difieren en muchos aspectos, todas las experiencias que se describen han conseguido en mayor o menor grado sacudir los parámetros existentes, mientras las estrategias desplegadas lograban en ocasiones tener una incidencia directa en las políticas públicas: modificación de leyes o puesta en marcha de debates parlamentarios o ministeriales sobre las cuestiones planteadas por estas asociaciones, colectivos o redes.

Los diferentes tipos de acción colectiva adoptados con el objetivo de provocar dinámicas de cambio en varios ámbitos se enmarcan en un nuevo contexto social, político y económico en plena mutación.

El alcance de las iniciativas descritas, así como su éxito y el hecho de que se hayan traducido en avances jurídicos, sociales y culturales concretos, se deben a la combinación de varios factores: la base social y la legitimidad de los actores asociativos que han promovido estas acciones, la difusión por parte de los medios de comunicación y la colaboración y coordinación entre los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil. La difusión por parte de los medios de comunicación es un factor clave que ha ampliado el alcance y el ámbito de influencia de las campañas de concienciación llevadas a cabo para modificar el marco jurídico o los comportamientos sociales y culturales de determinadas iniciativas. La articulación entre distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil es un factor determinante, dado que permite reforzar la legitimidad y la capacidad de influencia y movilización de las iniciativas.

Gracias a la primavera árabe se han podido cuestionar los estereotipos femeninos existentes en las sociedades del sur y el este del Mediterráneo, pero cabe señalar que la presencia de las mujeres en la escena sociopolítica no es nueva y que ya llevan muchos años librando una enérgica lucha para defender sus derechos y su condición jurídica y social. Más allá de las conquistas logradas en respuesta a sus reivindicaciones, esta lucha también ha contribuido a consolidar las profundas transformaciones estructurales que tienen lugar en esas sociedades: una cultura política que se abre paso a través de mentalidades religiosas y patriarcales.

Las trabajadoras egipcias de la ciudad industrial de Mahalla al-Kubra desempeñaron un papel determinante en los años anteriores a la revolución y contribuyeron a crear en Egipto una cultura reivindicativa y crítica con el régimen. Del mismo modo, las reivindicaciones del movimiento de las sulaliyates en defensa de sus derechos a la tierra también pusieron en entredicho la política de liberalización económica practicada por el Estado. En el Líbano, la campaña para la transmisión de la nacionalidad ha logrado movilizar a las mujeres y otros sectores de la sociedad libanesa con independencia de su confesión religiosa. Por último, no hay que olvidar la lucha cotidiana de las mujeres en las zonas rurales, cuyo resultado es prácticamente invisible ya que suelen ser transformaciones individuales, pero aun así también contribuyen, sin duda,  a la transformación de las sociedades del sur y el este del Mediterráneo respecto al papel de las mujeres, y al reconocimiento de su condición y sus derechos.