La inmigración y su impacto socioeconómico

Crecimiento demográfico, rejuvenecimiento de la población o aumento de los contribuyentes a la Seguridad Social, son algunos de los efectos positivos de la inmigración.

Josep Mª Jordán, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia

El Plan de Acción acordado en la Cumbre euromediterránea de Barcelona (27-28 de noviembre 2005) incluye una serie de objetivos y medidas en el ámbito de la inmigración. En esencia, a partir de la propuesta presentada conjuntamente por España, Francia y Marruecos, se valoró positivamente la inmigración legal, con la voluntad de promoverla y ordenarla y, al mismo tiempo, se manifestó la intención de reducir la inmigración ilegal y combatir las mafias que operan en ese campo. Existe el compromiso de celebrar una conferencia ministerial euromediterránea sobre migraciones y se apoya la conferencia euroafricana sobre el mismo tema que España y Marruecos quieren celebrar en este año.

El impacto socioeconómico de la inmigración en España

Los datos sobre la población empadronada en España en 2005 revelan la importancia cuantitativa que ha adquirido el fenómeno de la inmigración: el país tiene ya más de 44 millones de habitantes, y los extranjeros empadronados son unos 3,7 millones, el 8,4% de la población total, un porcentaje muy parecido al de otros países de la Unión Europea (UE). Las regiones que concentran un mayor número de inmigrantes son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En general, todo el arco mediterráneo español conoce una elevada presencia de inmigrantes, tanto en términos absolutos como relativos respecto a la población regional.

El aumento del flujo migratorio se ha producido con gran rapidez en los últimos 10 años. En la década de los ochenta comenzó a llegar a la costa mediterránea un flujo de inmigración residencial procedente de países de la UE. La inmigración por motivos económicos y de subsistencia se inicia en los años noventa y adopta un carácter masivo a finales de la década, procedente principalmente del norte de África, América Latina y Europa del Este. Está justificado, pues, que la inmigración ocupe un lugar relevante en la agenda política de los gobiernos central y autonómicos, pero también en el Plan de Acción Euromediterráneo.

La percepción de los ciudadanos de este fenómeno es a menudo contradictoria, por un lado contemplándose desde un punto de vista humanitario y, por otro, bajo el signo de la preocupación y la desconfianza. ¿Qué impacto tiene realmente la inmigración en España? Las consecuencias demográficas de la inmigración son importantes, destacando el aumento de la población, su rejuvenecimiento y el incremento de la tasa de fecundidad. Todo ello tiene, por supuesto, repercusiones en los ámbitos económico y social.

Así, por ejemplo, la inmigración supone un aumento de la población activa española (engrosando la lista de los contribuyentes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública) e implica un incremento de la demanda de bienes públicos (la educación y la sanidad) y de bienes privados (la vivienda y distintos bienes de consumo). En España, la proporción de inmigrantes en situación irregular ha sido hasta ahora bastante elevada. Con el fin de reducirla se han llevado a cabo desde 1990 siete procesos extraordinarios y masivos de regularización por parte de distintos gobiernos. El último proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, realizado entre febrero y mayo de 2005, tenía como objetivo sacar a la superficie una gran parte de la economía sumergida que se sustenta en la contratación fraudulenta de inmigrantes irregulares.

Ha sido el primer proceso de regularización vinculado directamente a la situación laboral del inmigrante irregular y el balance parece positivo, dado el incremento de la contratación y de las altas a la Seguridad Social. Entre los efectos económicos de la inmigración, destaca el que tiene lugar sobre el empleo; también sobre el consumo. Y, por ambas vías, hay una repercusión final sobre el crecimiento económico del país. De hecho, es difícil pensar que sin inmigrantes se hubieran podido mantener las tasas de crecimiento del PIB (del 2,5% o del 3%) en los últimos años. La presencia de los inmigrantes en el mercado de trabajo español se concentra sobre todo en cuatro sectores: agricultura, servicio doméstico, construcción y hostelería. Los inmigrantes hacen los trabajos que los españoles no quieren desempeñar (los empleos marginales o los menos deseados socialmente).

La mayoría de los empresarios cumple con las normas legales, pero otros, no. Estos últimos se hallan en el ámbito de la economía sumergida y, al vincular a los inmigrantes a la misma, impiden su contribución a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. En última instancia, obstaculizan la integración laboral y social de los inmigrantes, manteniéndoles en su situación irregular. Los inmigrantes son consumidores de servicios públicos (como la enseñanza o la sanidad), pero en la medida en que consiguen su regularización o normalización legal, pasan a engrosar la lista de los contribuyentes a la Seguridad Social y pagan impuestos, con lo que realizan asimismo una creciente aportación a las finanzas públicas.

Quizás el aspecto más delicado de la inmigración en España derive de su impacto social, que viene marcado, al menos, por tres elementos: la rapidez con que está sucediendo; la elevada proporción de inmigrantes que se encuentran aún en una situación irregular; y el alto grado de diversidad de procedencias nacionales, que implica una notable heterogeneidad social y cultural. La inmigración irregular (junto al trabajo precario) constituye el factor esencial de su exclusión social.

La normalización del inmigrante es clave, dado que es la principal vía de su integración social. Además, la situación irregular y el trabajo precario redundan en unas malas condiciones de vida que hacen del inmigrante un colectivo muy vulnerable, tanto en el medio rural como en el urbano. Otras causas de segregación social de los inmigrantes pueden tener que ver con los problemas de escolarización –debido a las diferencias idiomáticas y culturales–, las dificultades de acceso a la vivienda –lo que conduce en muchos casos al hacinamiento o a la infravivienda– y los problemas económicos (por la necesidad en muchos casos de pagar la deuda contraída para realizar el viaje y de ayudar a la familia en el país de origen.

Existe un importante riesgo en los guetos que tienden a conformar los inmigrantes en determinados barrios o zonas de nuestro país, ya que ello puede dificultar su integración y conducir a una dualización de la sociedad. En tales condiciones tiende a crecer la sensibilidad y la suspicacia de los ciudadanos españoles y se hacen mayores los problemas de exclusión social de los emigrantes. Otro importante elemento que entraña la inmigración es el de la diversidad cultural. En realidad, ahí se encuentra un reto esencial para los ciudadanos españoles: aprender a convivir con la inmigración. Los inmigrantes no son exclusivamente una fuerza de trabajo: son personas con una identidad y unos lazos con sus países de origen, aunque deban adaptarse a nuestros usos y costumbres.

Se plantea aquí, pues, la necesidad de un diálogo intercultural y de construir un nuevo modelo social sobre la base, no de una mera asimilación de los que llegan, sino asumiendo un proceso más complejo de integración social. La escuela puede y debe convertirse en el mejor medio de integración de la población inmigrante a través de sus hijos. También puede ser la vía para que los hijos de los ciudadanos españoles aprendan a vivir en la diversidad de nuestra sociedad actual. A la postre, es clave en la construcción del nuevo modelo social. Por ello es muy importante que se evite la guetización de los hijos de inmigrantes en determinadas escuelas públicas, fomentando la mayor pluralidad posible en nuestras aulas.

En definitiva, la inmigración es un fenómeno globalmente positivo. Ahora bien, exige adoptar políticas de cohesión e integración serias. Una tarea en la que deben participar desde las autoridades y los partidos políticos hasta los propios inmigrantes y sus asociaciones, pasando por los sindicatos, las ONG, los empresarios, los medios de comunicación, las instituciones educativas y el conjunto de la sociedad civil.

Asimismo, hay que aprovechar la inmigración como vía para impulsar una política de cooperación al desarrollo con los países de origen y llevar a cabo una política de codesarrollo que reconozca a los inmigrantes y a sus asociaciones como agentes de desarrollo en sus comunidades de origen, dotando de formación reversible a los emigrantes para que la puedan aprovechar en su país y priorizando la financiación de proyectos de cooperación en los que participen los emigrantes y sus asociaciones.