La esfera pública civil tras las revoluciones árabes

Las revueltas han dado confianza a la población sobre su capacidad de desafiar a los regímenes. Es imprescindible que poderes políticos y organizaciones negocien sus demandas.

Mohamed el Agati

La esfera pública consta de tres círculos principales que constituyen otras tantas subesferas. La esfera social es aquella en la que los ciudadanos interactúan en la sociedad de forma positiva o negativa a través de la cultura, las tradiciones y las costumbres. Por su parte, la esfera civil es aquella en la que los ciudadanos pueden estar al margen del control del Estado actuando como sus críticos y observadores expresando sus puntos de vista y opiniones, así como sus opiniones sobre el trato que reciben del Estado en lo concerniente a la situación económica y social. En la esfera política los ciudadanos se organizan a sí mismos en partidos políticos en la oposición o dentro del marco del Estado a través de la autoridad legislativa en calidad de representantes.

En la región árabe, la esfera pública ha sufrido una carencia fundamental bajo los regímenes poscoloniales, representada por la absoluta separación entre los tres círculos. Puede que estos regímenes permitiesen las prácticas sociales, religiosas y culturales, y, en casos contados, las prácticas políticas, pero nunca autorizaron la interacción o la conexión entre los círculos; todo estaba controlado por el Estado. En otras palabras, el Estado dominaba la esfera pública separando sus componentes y evitando la interacción entre ellos. En este artículo se describirá la esfera pública árabe como una esfera fragmentada, de modo que la sociedad civil pertenece al campo social y queda limitada a las prácticas culturales y sociales.

En su situación actual, la sociedad civil en Egipto se está acercando a la concepción restringida que la limita a los derechos humanos o al desarrollo y, por consiguiente, no se puede esperar que lleve a cabo ningún cambio radical. Todo esto demuestra que nos encontramos en una fase en la que la esfera pública tiene un carácter ambiguo, que se manifiesta en la interferencia entre el significado de lo social y de lo político, y así encontramos a los partidos políticos realizando la tarea de las asociaciones civiles. Numerosos conceptos, como el de religión, no tienen una posición clara. A veces se aplica en la esfera cultural, otras en la política o la social, lo que hace de ella un instrumento para lograr intereses que no persiguen el desarrollo de la sociedad.

Sociedad civil y movilidad política en la región árabe

A principios del siglo XXI los regímenes árabes han dejado de ser sistemas de partido único en Siria e Irak y con un partido dominante en Egipto y Túnez y se han transformado en una pluralidad restringida. Además, han pasado de regímenes autoritarios clásicos a sistemas autoritarios híbridos que permiten un cierto grado de pluralismo y técnicas democráticas como fuente de legitimidad. Bajo estos regímenes, las prácticas condujeron a una apertura receptiva entre los círculos que permitió una amplia movilidad en los cinco años que precedieron a la revolución.

En Estados como Túnez, Egipto y Yemen la movilidad desembocó en revoluciones, mientras que en otros provocó una reforma constitucional, como Marruecos, o al menos, en promesas de una reforma, como en Sudán y Yemen. El papel de los partidos políticos experimentó un deterioro y se convirtieron en instrumentos en manos de los regímenes que los utilizaron para dotarse de legitimidad. Esto hizo que la sociedad civil desempeñase un papel cada vez mayor en la esfera política. Centrándose en los derechos humanos y el desarrollo, o incluso en demandas culturales, la sociedad civil se ha transformado en una autentica oposición en la región árabe.

También desempeñó un papel fundamental en 2011 a la hora de movilizar a la juventud y a la población en general, bien mediante sindicatos independientes, como en Egipto, u organizaciones de derechos humanos. A pesar del gran número de organizaciones de la sociedad civil creadas después de las revoluciones (por ejemplo, unas 40.000 en Egipto y unas 15.000 en Túnez), se enfrentan a los mismos problemas de siempre, sobre todo en lo que afecta a las decisiones de los gobiernos, de manera que los que encendieron la chispa de los movimientos sociales revolucionarios no recibieron los beneficios del cambio político.

Se encontraron enfrentados a una maquinaria electoral de una fuerza inmensa, así como a diferentes desafíos e intereses en conflicto que los situaron en la periferia del nuevo equilibrio de poderes. Estas organizaciones siguen enfrentándose a múltiples retos en lo que se refiere a las instituciones del Estado, tales como la falta de información o, en ocasiones, a información contradictoria, y no solo con relación a las políticas de los gobiernos o las declaraciones sobre derechos humanos, sino también a las propias organizaciones.

Otro obstáculo es que no se especifica cuál es la relación entre el Estado y la sociedad civil, lo cual dificulta que estas organizaciones puedan influir en las políticas públicas. Asimismo, hay que señalar que, debido a su papel de oposición, la cultura dominante en estos organismos ha afectado negativamente a su capacidad para tomar conciencia de los cambios que las revoluciones han ocasionado en la estructura de las instituciones del Estado y de la aparición en ellas de bloques reformistas. En lugar de tender puentes para cerrar la brecha con las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil han seguido atacando a las instituciones, lo cual ha provocado el aislamiento de los bloques reformistas o los ha puesto a la defensiva frente a las organizaciones.

La sociedad civil árabe: entre nuevas constituciones y viejas legislaciones

Por ahora, las revoluciones árabes han dado lugar a tres nuevas constituciones en Marruecos, Túnez y Egipto. La más relevante en lo que afecta a la sociedad civil es la Constitución marroquí, que incluyó un artículo (Artículo 12), ideal en cierta medida, que establecía la libertad de constituir organizaciones civiles, si bien omite la referencia a la cuestión de la inscripción mediante simple notificación. El artículo les otorga un papel activo en el proceso de seguimiento de las políticas públicas y en la participación local. En lo que respecta a la Constitución tunecina, pone de manifiesto que sus autores están al corriente del papel actual de la sociedad civil.

Los artículos 34, 35 y 36 declaran la libertad de creación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones y garantiza el derecho a sindicarse, así como a la huelga y a la protesta pacífica. El artículo 136 establece la necesidad de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de programas de desarrollo y en el seguimiento de su puesta en práctica de acuerdo con la ley. La Constitución egipcia menciona a la sociedad civil en los artículos 75 a 77, y declara el derecho de asociación y de creación de instituciones civiles sobre una base democrática, a tener personalidad legal simplemente mediante notificación y a llevar a cabo sus actividades libremente. Las entidades de la Administración no están autorizadas a injerirse en sus asuntos o a disolver sus órganos de gobierno excepto por orden judicial.

La Constitución prohíbe la creación o la continuación de la actividad de cualquier asociación que tenga algún tipo de actividad secreta, militar o pseudomilitar. Asimismo, establece que los nuevos sindicatos y agrupaciones creados sobre una base democrática podrán adquirir personalidad legal por simple notificación y practicar sus actividades libremente, así como contribuir a aumentar la eficacia de sus miembros, defender sus derechos y proteger sus intereses. El Estado debería garantizar su independencia y no puede disolver sus órganos de gobierno sin la orden de un tribunal y siempre de acuerdo con la ley. Asimismo, autoriza el establecimiento de sindicatos profesionales de base democrática garantizando su independencia y determinando sus recursos y quiénes pueden formar parte de ellos, así como la responsabilidad de sus miembros y la conducta de estos según el código ético de la profesión.

Establece la existencia de un único sindicato por cada profesión y que los sindicatos no pueden ser puestos bajo administración judicial ni se puede interferir en sus asuntos. Sus órganos de gobierno no pueden ser disueltos si no es mediante el veredicto judicial. Asimismo, declara la importancia de consultar con ellos las leyes que les afecten. Todo esto se consideró un avance en materia de sociedad civil y de libertad de actuación, pero no establece ninguna conexión entre la primera y el concepto de participación, puesto que estos desarrollos constitucionales presentan a una sociedad civil relativamente moderna desde una perspectiva institucional pero clásica en lo que se refiere a su papel.

A pesar de estos avances, la filosofía de las leyes árabes sigue siendo la de la dominación y la censura abusiva de la sociedad civil. Las autoridades árabes aún recelan de las organizaciones civiles y, en los países que han sido testigos de revoluciones, algunos remanentes de los viejos regímenes, en un intento por ocultar su fracaso y su corrupción, han adoptado una retórica según la cual las revoluciones han sido una conspiración de la que formaba parte la sociedad civil.

De este modo, la nueva censura desaparece en favor de la vieja, que todavía pone más obstáculos y restricciones a las organizaciones civiles. Una revisión completa de los principios internacionales legislativos sobre sociedad civil permite observar que muchos artículos de la normativa árabe afectan a la naturaleza de esta y la privan de sus cuatro pilares fundamentales. Los artículos relacionados con el registro controlan el voluntariado y la creación de la organización mediante una estricta censura, así como el derecho a la disolución y el dominio de la financiación. En cuanto a la diversidad y a la tolerancia con las diferencias, no están reguladas en la legislación árabe. Además, la prosecución de los derechos y no del poder se manipula con afirmaciones que confunden las actividades políticas con las civiles y permiten a las autoridades determinar qué está permitido y qué no.

La sociedad civil y el futuro de las revoluciones árabes

El problema de la sociedad civil entre las nuevas constituciones y las viejas legislaciones es una prolongación del conflicto que está teniendo lugar en la región árabe. Un conflicto entre regímenes que todavía controlan los Estados a pesar de haber derrocado a sus dirigentes y el que existe entre la voluntad revolucionaria y los poderes del viejo régimen envueltos en una red de intereses que esos gobiernos han construido a lo largo de décadas.

Todo ello ha tenido consecuencias sobre la sociedad civil que han ido desde las restricciones legislativas a las campañas de tergiversación en los medios, y la persecución, como es el caso de la financiación extranjera de las organizaciones civiles en Egipto tan solo unos meses deespués de que estallase la revolución. La red de intereses de los viejos regímenes se ha dado cuenta de la amenaza que representan dichas organizaciones y sus actividades, que han pasado de trabajar en desarrollo a ocuparse de la libertad de expresión, la concienciación sobre la corrupción o el apoyo a los sindicatos. Todo ello, añadido a su capacidad de alcanzar a todos los sectores de la sociedad en lo que se refiere a proyectos de desarrollo a raíz del deterioro del papel del Estado debido a la adopción de políticas neoliberales.

Esto significa que el conflicto de la sociedad civil en los terrenos de la libertad y el reconocimiento es la otra cara del conflicto entre las demandas de la revolución (libertad, dignidad y justicia social) y los viejos regímenes. Las nuevas oleadas de revoluciones árabes han creado una nueva relación entre las masas árabes y las esferas públicas y políticas después de décadas de inexistencia. Estas oleadas han dado confianza a las masas respecto a su capacidad de desafiar a los regímenes, capacidad que surgió espontáneamente en el último periodo.

Este hecho hace imprescindible que en la nueva fase se negocien seriamente las demandas de la población sin excepciones, ni por parte de los actores oficiales (de la élite dirigente y los funcionarios públicos) o de los que están en la esfera política, ni de los poderes políticos o las organizaciones de la sociedad civil. La Unión Europea puede sacar partido de las últimas experiencias y aprender que, a pesar de haber apoyado a los gobiernos árabes y de haberles concedido ayudas, los antiguos regímenes no han evitado la aparición de tendencias extremistas que afectan a los países europeos, separados de los países árabes tan solo por el Mediterráneo.

Este apoyo puede seguir con los nuevos gobiernos, con la condición de que no reproduzcan los regímenes despóticos. Esto se puede llevar a cabo por dos vías paralelas, una representada por la política de la UE en relación con esos regímenes y gobiernos, y la otra mediante la posibilidad de actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones europeas de la sociedad civil no deberían reducir su visión de sus homólogas árabes a tareas relacionadas con los derechos (según las perspectivas clásicas, derechos humanos y de las mujeres). Deberían ampliar su círculo para incluir a las asociaciones y organizaciones civiles tradicionales de la región árabe. Asimismo, no deberían tener un programa de trabajo establecido de antemano para relacionarse con el entorno local, sino tener en cuenta lo que cada país árabe necesita realmente.

Las organizaciones europeas de la sociedad civil que trabajan en la región árabe deberían ser conscientes de la existencia de sensibilidades que podrían constituir un obstáculo para su relación con el entorno local y tratar de evitarlas en la medida de lo posible. Esto se puede conseguir con la ayuda de mediadores locales de la sociedad civil capaces de facilitar la interacción.