La contención de los flujos migratorios en el Mediterráneo: un desafío para los derechos humanos
Con frecuencia, el Mediterráneo se presenta como la frontera más mortífera del planeta. Consciente de ello, el Proyecto Migrantes Desaparecidos, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones, ha registrado un total de 28.194 personas fallecidas o desaparecidas en la región desde 2014, principalmente entre quienes se embarcan en el sur para tratar de alcanzar las costas europeas. Esta cifra representa casi la mitad del total de las defunciones y desapariciones en rutas migratorias de todo el mundo[1]. Y aunque ninguno de los itinerarios migratorios identificados en este mar puede calificarse de seguro, sobresale el número elevado de personas que en los dos últimos años han desaparecido o fallecido en la ruta del Mediterráneo Central[2].
Desde aquel año trágico de 2015, el del estallido de la llamada crisis de los refugiados, y en contraste con anteriores corrientes migratorias, la intensificación de los flujos migratorios ha traído causa, principalmente, en la huida masiva de situaciones de conflicto, las persecuciones en sus propios países, el terrorismo o las violaciones masivas de los derechos humanos. También desde entonces se vienen produciendo cambios en el patrón de las rutas elegidas para llegar a Europa: así las cosas, en 2015 se alcanzó el punto álgido de llegadas y personas fallecidas a través de la ruta del Mediterráneo Oriental; en el 2017, la ruta del Mediterráneo Central, en las aguas entre Libia e Italia, fue la más alarmante con más de veintitrés mil llegadas de personas migrantes, y contabilizó el más alto índice de fallecidos en las rutas marítimas; por el contrario, en 2018, se produjo un importante repunte de la ruta del Mediterráneo Occidental, hasta el punto de que el número de llegadas a España fue superior en un 131 por ciento al registrado el año anterior. Si nos centramos en los dos últimos años, y en lo que llevamos de 2023, se observa que la situación de la migración en la ruta del Mediterráneo Central – la más peligrosa- vuelve a ser muy preocupante en términos de llegadas irregulares a la Unión Europea[3].
Evidentemente, el cierre de algunas rutas y la intensificación de otras han obedecido, entre otros motivos, a la puesta en práctica de algunas estrategias de índole geopolítica, e incluso a importantes fricciones de naturaleza diplomática y política. Valgan, como ejemplos, el acuerdo alcanzado en 2016 entre la UE y Turquía; la cooperación bilateral y regional que se viene prestando a Libia desde 2017; el descontento expresado por Marruecos tras conocer la saga de sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en relación con la aplicación de los acuerdos agrícolas y pesqueros en el territorio del Sáhara Occidental; y, más reciente en el tiempo, las tensiones que han mantenido Grecia y Turquía en razón de las reservas de gas en el Mediterráneo.
Con todo, las políticas de inmigración y asilo de la Unión Europea avanzan en la línea habitual de represión de la inmigración irregular y la impermeabilidad de las fronteras, como viene advirtiendo de forma reiterada el Parlamento Europeo. Por consiguiente, no han logrado alcanzar un equilibrio razonable entre el derecho de los Estados para controlar la entrada de personas en su territorio y las exigencias del Estado de Derecho y los derechos humanos. He aquí, pues, una manifestación de que el desafío migratorio se aborda casi mayoritariamente en términos de control y de seguridad, en lugar de poner más énfasis, como hubiera sido deseable, en el desarrollo y la prevención de los flujos migratorios o en una filosofía enfocada en los factores sociales y económicos que lo originan[4]. Por otra parte, resulta evidente la notoria falta de voluntad política de los Estados miembros para garantizar la efectividad de los sistemas de protección de los derechos humanos, así como de los principios de solidaridad y del reparto equitativo de la responsabilidad, consagrados ambos en el artículo 80 del TFUE.
Concretamente, podemos destacar cinco aspectos de esta política que comparten como elemento común la reducción sustancial de los derechos de las personas interceptadas o varadas en los diferentes itinerarios migratorios marítimos:
En primer lugar, los problemas que ha planteado la incapacidad para establecer en el seno de la Unión Europea un enfoque coordinado y predecible del sistema de búsqueda, salvamento y desembarco en puerto seguro de las personas migrantes rescatadas en sus aguas, y los obstáculos a los que se enfrentan las operaciones de búsqueda y rescate de los buques de las ONG. Asimismo, son muy pocos los socios europeos que se comprometen a reubicar a los migrantes, solicitantes de asilo, que llegan por mar a las costas europeas. Cabe tener en cuenta, a estos efectos, el digno papel que han cumplido las embarcaciones de las ONG humanitarias (llámense Aquarius, Open Arms, Ocean Viking, Sea-Watch-3…), a pesar de su limitada capacidad de rescate. Sin embargo, las investigaciones de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea han puesto de manifiesto el riesgo de que la legislación nacional de los Estados miembros sobre la facilitación de entrada y permanencia de migrantes irregulares pueda dar lugar al castigo de quienes brindan asistencia humanitaria, como es el caso de las entidades privadas que realizan operaciones SAR en el mar. De ahí que, indudablemente, tengamos que dar la bienvenida a las nuevas Orientaciones de la Comisión, enmarcadas en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que proporcionan unas buenas prácticas sobre cómo prevenir la criminalización de los agentes humanitarios. De otro lado, la propuesta contenida en el futuro Pacto ha incorporado una recomendación de la Comisión, que aboga simplemente por intensificar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, especialmente en el contexto de operaciones llevadas a cabo por buques de propiedad estatal u operados por entidades privadas, cooperación que se canalizaría a través de la creación de un Grupo de Contacto. Si bien no menciona los deberes atinentes al desembarco de las personas rescatadas.
Por lo que se refiere a la creación de misiones militares creadas en torno a la gestión de las fronteras y al control de los flujos migratorios, la operación Irini, sustituta de la operación Sophia y cuyo mandato ha sido renovado hasta finales de marzo de 2025, concentra ahora sus esfuerzos, de manera prioritaria, en la vigilancia del embargo de armas hacia o desde Libia, decretado por la ONU[5]. Precisamente, la intención de no reavivar las discusiones tanto sobre el reparto de las personas migrantes y refugiadas, como sobre el permiso para el desembarco en un puerto u otro, ha llevado a que la misión ni siquiera contemple, entre sus propósitos secundarios, el rescate y salvamento de personas en el mar, sino que está centrada fundamentalmente en impedir la exportación de petróleo de Libia, el desarrollo de las capacidades y formación de la guardia costera libia, y la desarticulación del modelo de negocio de las redes de trata y tráfico de seres humanos. Es más, las sucesivas prórrogas del despliegue de la operación están condicionadas a que no se produzca “un efecto llamada sobre la migración”, lo que expresa abiertamente el preámbulo del instrumento normativo que le sirve de fundamento. Por lo demás, planean ciertas dudas acerca de los obstáculos que enfrentan este tipo de operaciones en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Refugiados: en efecto, en el debate científico podría preguntarse si estas operaciones resultan adecuadas para garantizar el derecho de asilo y el principio de no devolución; o cómo saber quien ejerce la jurisdicción a los efectos de la protección de las normas relativas al asilo.
En otro orden de ideas, a medida que aumentan las competencias de Frontex arrecian las críticas sobre sus actuaciones. Como es sabido, la Agencia se ha enfrentado a acusaciones graves relativas a violaciones de derechos fundamentales por practicar devoluciones automáticas a solicitantes de asilo, y lo cierto es que se han detectado ciertas deficiencias en los mecanismos y protección de estos derechos por parte aquella. Otro tanto cabe decir de las devoluciones en frontera: tras la promulgación en España de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, se insertó la nueva figura legislativa del rechazo en frontera, estrechamente vinculada al concepto operativo de frontera y a la práctica de las expulsiones colectivas, estas últimas prohibidas categóricamente en el párrafo primero del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
De otro lado, la asistencia a los países vecinos, especialmente la otorgada a Turquía, Libia, y ahora a Túnez, tanto para combatir el tráfico de personas como para fortalecer las capacidades de gestión de las fronteras, se está llevando a cabo sin tener en cuenta el compromiso de integrar los valores y principios democráticos en la cooperación con terceros países, que parecían tan arraigados en el seno de la Unión Europea.
Se reconoce, en último lugar, que el uso de tecnologías puede plantear desafíos importantes para las sociedades democráticas y las personas. Pero ¿qué sucede cuando los mecanismos de inteligencia artificial se aplican al ámbito migratorio y, particularmente, en el control fronterizo? En ocasiones, las herramientas digitales no aseguran la eliminación de los sesgos, de manera que determinados grupos vulnerables poseen más riesgos de recibir un trato injusto y discriminatorio. En consecuencia, las que son conocidas en la jerga especializada como fronteras digitales o fronteras inteligentes pueden ser susceptibles de colisionar frontalmente con garantías fundamentales, tales como el derecho a la privacidad, la protección de datos de carácter personal, el derecho a la buena administración y a un proceso debido, o incluso pueden desembocar en situaciones discriminatorias basadas en el origen racial, étnico, religioso, etc. También, los muros virtuales presentan dificultades para detectar información biométrica digital falsificada como son los llamados ataques de morphing. En definitiva, el desarrollo de la inteligencia artificial plantea muchas cuestiones éticas.
Para concluir, a corto o medio plazo, Europa debe aportar la carta de navegación capaz de afrontar los desafíos apremiantes en el terreno migratorio. Aunque se ha puesto de manifiesto que este asunto genera demasiadas fricciones y divisiones entre los Estados miembros de la Unión, nuestro continente debe servir de modelo a otros lugares del mundo donde se practica un unilateralismo persistente -Australia, por citar un ejemplo-. La gestión de las fronteras y de los flujos migratorios es responsabilidad de Europa, en su conjunto, de manera que se impone una actuación coordinada, ordenada y solidaria que debe afrontarse necesariamente a través del prisma de los derechos humanos.
España ejerce, durante el segundo semestre de 2023, la presidencia del Consejo de la Unión Europea, lo que podría ser una gran oportunidad para alcanzar acuerdos sólidos en el contexto del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, en torno a las procelosas aguas de la migración.
*Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Almería, emdiez@ual.es.
Una versión amplia de estas reflexiones se podrá consultar en el capítulo de libro titulado “Los derechos humanos en el mar en la década digital de la Unión Europea”, en G. A. OANTA (dir.), Los derechos humanos en el mar ante los desafíos de la transición ecológica y digital, Bosch Editor, Barcelona, pp. 341-376
[1] El proyecto registra un total de 59.220 personas fallecidas o desaparecidas en todas las regiones del mundo. Nada más que en lo que va de año 2023, se han contabilizado 2.467 muertes y desapariciones en el Mediterráneo frente a las 999 personas fallecidas o desaparecidas en las Américas. En https://missingmigrants.iom.int/data (actualizada a 5 de noviembre de 2023).
[2] En abril de 2023, la OIM anunciaba que, en los tres primeros meses del año, 441 migrantes murieron al intentar cruzar el Mediterráneo Central, siendo el trimestre más mortífero registrado desde 2017. Información disponible en https://www.iom.int/es/news/el-trimestre-mas-fatal-para-los-migrantes-en-el-mediterraneo-central-desde-2017.
[3] En 2021, 67.724; en 2022, 105.561; y hasta septiembre de 2023, 131.630 llegadas. Se trata de personas originarias de Costa de Marfil, Guinea, Pakistán y Bangladés. Datos disponibles en https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/migration-flows-to-europe/.
[4] Pueden consultarse, a este respecto, algunas reflexiones recogidas en un trabajo anterior de ARCOS RAMÍREZ, F., DÍEZ PERALTA, E., “Control de Fronteras y Derechos Humanos en el Mediterráneo”, Revista Deusto de Derechos Humanos, nº 3, 2018, pp. 13-47.
[5] Decisión (PESC) 2020/472 del Consejo, de 31 de marzo de 2020, relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED IRINI), DO L 101, de 1.4.2020, p. 4. La prórroga ha sido publicada en el DO L 81, de 21.3. 2023. Véase SOLER GARCÍA, C., “La Unión Europea ¿un gendarme en el Mediterráneo Central: las operaciones EUNAVFOR MED Sophia e Irini”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. 74, nº 1, 2022, pp. 47-63.
Watch again the lecture by Eva Díez Peralta at the Aula Mediterrània series.
