La construcción magrebí tras la ‘Primavera Árabe’

Las amenazas compartidas no han impulsado una reconciliación estable entre Argelia y Marruecos, condición para el avance del proceso de integración regional.

Miguel Hernando de Larramendi

Las protestas antiautoritarias que durante 2011 recorrieron el norte de África no han modificado el statu quomagrebí. Si bien provocaron la caída de los regímenes de Zine el Abidin ben Ali en Túnez y de Muamar Gadafi en Libia, no se han traducido, hasta ahora, en transformaciones sustanciales en la estructura de poder en Argelia ni tampoco en Marruecos, pese a la experiencia de cohabitación que conoce este país desde la llegada al gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). El patrón distensión-enfrentamiento que caracteriza desde hace décadas las relaciones entre Argelia y Marruecos, los principales Estados de la región, sigue vigente y condiciona los avances en el proyecto de integración regional magrebí que languidece desde hace más de dos décadas.

Frente a la concepción de un “Magreb de los Estados”, representado desde 1989 por la Unión del Magreb Árabe (UMA), las movilizaciones prodemocráticas de 2011 reflejaban la existencia de aspiraciones compartidas de libertad, democracia, justicia social, progreso y desarrollo entre amplios sectores de la población magrebí. Estas demandas actuaron como revulsivo para el relanzamiento del proyecto de un Magreb Unido bloqueado hasta entonces por la rivalidad entre Argelia y Marruecos y la ausencia de una solución definitiva al conflicto del Sáhara Occidental. En febrero de 2012, el presidente tunecino Moncef Marzuki llevó a cabo una gira por las capitales magrebíes defendiendo la idea de avanzar en la construcción de un “Magreb de las libertades” que transformara el débil e inoperativo tejido de tratados y convenciones, existente desde 1989 en un espacio fluido de intercambios y libre circulación para los ciudadanos. Se erigía así en adalid de que la cuestión democrática estuviera situada en el centro del proceso de construcción regional.

En la concepción de Marzuki este Magreb debía estar basado en los principios de libertad de circulación, residencia, trabajo, inversiones y propiedad así como en el derecho de participación política en las elecciones municipales. La reactivación del proyecto unitario magrebí y la estabilización y reconstrucción de Libia son percibidos por los dirigentes tunecinos como un instrumento que podría contribuir de forma decisiva a consolidar la transición tunecina creando oportunidades para el desarrollo económico del país. Consciente de que el conflicto del Sáhara Occidental había sido el principal obstáculo para avanzar en el proyecto de integración regional, el presidente tunecino propuso aparcarlo aprovechando el clima de distensión que había comenzado a fraguarse entre Argelia y Marruecos durante 2011, en un momento en el que los regímenes de ambos países veían con preocupación la propagación de las protestas políticas por toda la región. Los llamamientos de Mohamed VI para superar los “antagonismos estériles” y edificar un “nuevo orden regional” fueron acompañados por la intensificación de los contactos bilaterales con Argelia.

La decisión del gobierno presidido por el dirigente islamista, Abdelilá Benkiran, de que el primer viaje al exterior de su ministro de Asuntos Exteriores, Saadeddine El Othmani, en enero de 2012 tuviese como destino Argelia, nueve años después de que otro ministro marroquí de Asuntos Exteriores lo hubiera visitado por última vez, alimentó las expectativas de reconciliación entre ambos países. Durante el encuentro, se acordó crear un mecanismo de consultas políticas regulares entre los responsables ministeriales que debía reunirse alternativamente dos veces por año y, aunque temas más conflictivos como el del Sáhara fueron eludidos, la posibilidad de una reapertura de la frontera terrestre entre ambos países, cerrada desde 1994, pareció más cercana a tenor del intercambio de declaraciones conciliadoras por los dos lados. En el marco de este clima de entendimiento, Marruecos apoyó, por ejemplo, la candidatura de Argelia a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La seguridad, motor de la cooperación regional

No ha sido, sin embargo, la necesidad de dar respuesta a esas aspiraciones democráticas y de justicia social, ni tampoco la de avanzar en la construcción de un mercado unido que rompa con la fragmentación comercial de una de las regiones del mundo menos integradas económicamente, los factores que más han dinamizado las relaciones intermagrebíes durante el último año.

El verdadero motor de la cooperación regional han seguido siendo las cuestiones de seguridad regional y la percepción de amenazas compartidas, intensificadas tras el clima de inestabilidad política y el riesgo de desintegración del Estado libio por la caída de Gadafi y la explosión del conflicto secesionista en el norte de Malí. En el ámbito bilateral, por ejemplo, las diferencias surgidas entre el Consejo Nacional de Transición libio (CNT) y el gobierno argelino durante las revueltas (rechazo a la intervención internacional bajo cobertura de la OTAN, acogida de familiares de Gadafi en territorio argelino…) se fueron desvaneciendo por la necesidad de cooperar ante el deterioro de la situación de seguridad en el Sahel. La visita a Trípoli de Murad Medelci, ministro argelino de Asuntos Exteriores, en marzo de 2012, selló la reconciliación argelino-libia sustentada en el reforzamiento de la colaboración en materia de seguridad (formación de cuerpos militares y de seguridad y cooperación para controlar la frontera común con más de 1.000 kilómetros).

El peso de las cuestiones de seguridad también quedó reflejado en los acuerdos adoptados durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Rabat en febrero de 2012, coincidiendo con el 23 aniversario de la creación de la UMA. Más allá del acuerdo de principio para celebrar una nueva reunión de jefes de Estado –que debería ser la primera de la organización desde 1994– y que al acabar el año no había llegado a celebrarse, la principal decisión adoptada fue la de organizar, a iniciativa de Argelia, una cumbre ministerial magrebí consagrada a abordar los desafíos de seguridad regionales. El rápido deterioro de la situación en Malí y la toma de control del norte del país por grupos yihadistas hizo que la cuestión de la seguridad en la franja del Sahel y su posible impacto en el norte de África fueran el tema central de la reunión magrebí celebrada en Argel en julio de 2012.

Aunque los desafíos no son idénticos para todos los países, los ministros de Asuntos Exteriores coincidieron entonces en la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones regionales coordinadas para hacer frente a la proliferación de actividades ilícitas, al aumento de los secuestros y al desarrollo de grupos terroristas que circulan entre el Sahel y el Magreb. La celebración de esta reunión en el ámbito de la UMA reflejaba cómo la constatación en términos de seguridad del no-Magreb dejaba paso a una cooperación intermagrebí en este ámbito, complementando la realizada hasta entonces de forma bilateral o multilateral en otros foros como la Iniciativa Transahariana de Contraterrorismo, lanzada en 2005 por Estados Unidos como continuación de la Iniciativa Pansahel. La reunión de Argel fue precedida unos meses antes por una cumbre de ministros del Interior, celebrada en Trípoli en marzo de 2012, en la que junto a los cinco Estados magrebíes tomaron parte representantes de otros cinco países africanos (Chad, Egipto, Malí, Niger y Sudán). El reforzamiento de la seguridad en las fronteras sahelianas fue también el objetivo buscado por esta iniciativa que recibió apoyo técnico de la Misión de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL).

Los desafíos en materia de seguridad también han sido abordados en la iniciativa 5+5, marco de cooperación subregional en el que, junto a los cinco Estados magrebíes, participan España, Francia, Italia, Portugal y Malta. En la reunión de ministros de Defensa del Grupo 5+5, celebrada en Nuackchott en diciembre de 2011, se discutió una estrategia común para abordar la amenaza de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y la proliferación de armas a otros Estados de la región desde Libia. La cumbre de jefes de Estado y de gobierno del Grupo 5+5 celebrada en Malta en octubre de 2012, la primera a este nivel organizada desde 2003, abordó como tema central los retos de seguridad surgidos en la región tras la Primavera Árabe, pocas semanas después de que el ataque contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, en represalia por la difusión de una película sobre la vida de Mahoma considerada blasfema, provocase la muerte del embajador americano y la de otros tres empleados de la misión diplomática.

La securitarización de la agenda magrebí ha limitado los avances en el proceso de edificación de un “Magreb de las libertades”, construido sobre la libre circulación de personas y también de mercancías, defendido por los actores económicos y las confederaciones empresariales magrebíes. El principal paso dado en esta dirección ha sido la decisión unilateral adoptada en julio de 2012 por Túnez, en virtud de la cual el pasaporte ha sido sustituido por el documento nacional de identidad como requisito para que los ciudadanos magrebíes puedan entrar en el país.

Argelia-Marruecos, principal escollo en la construcción magrebí

El reforzamiento de la percepción de amenazas compartidas no ha sido suficiente para impulsar una reconciliación estable entre Argelia y Marruecos, condición necesaria para el avance del proceso de construcción magrebí. El proceso de normalización bilateral comienza a descarrilar a partir de la primavera de 2012. La presencia de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharauí Democrática (RASD) en el entierro del primer presidente de la República Argelina, Ahmed ben Bella, provocó el regreso a Rabat de la delegación encabezada por el jefe del gobierno, Benkiran. La decisión marroquí de retirar la confianza a Christopher Ross, enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, en un intento fallido de forzar su relevo, crea un nuevo elemento de fricción entre ambos países.

El deterioro de las relaciones queda reflejado en la evolución de las posiciones sobre la cuestión de la reapertura de la frontera cuyo cierre es considerado por Marruecos “contrario a las aspiraciones de los pueblos del Magreb (…) y a las exigencias regionales de paz y desarrollo”. A finales de julio de 2012 el primer ministro marroquí supeditó la celebración de la Cumbre de jefes de Estado de la UMA a la reapertura de la frontera. Argelia, por su parte, rechaza esa vinculación defendiendo que se trata de una cuestión exclusivamente bilateral que no debe condicionar el desarrollo del proceso magrebí. En un contexto de bonanza económica que le ha permitido enjugar su deuda externa y pasar a convertirse en 2012 en contribuyente del Fondo Monetario Internacional con una aportación de 5.000 millones de dólares, Argelia considera que la reapertura de la frontera beneficiaría sobre todo a Marruecos.

Continúa así aplazando una decisión que daría un importante balón de oxígeno al norte de Marruecos, región inmersa en un ambicioso proyecto de desarrollo desde la llegada al trono de Mohamed VI. Otro de los espacios en los que se han manifestado las diferencias argelino-marroquíes ha sido la gestión de la seguridad en la zona saheliana. Argelia ha tratado de evitar la presencia de Marruecos en las iniciativas africanas de lucha contra el terrorismo como el Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto (CEMOC) cuya base operativa se encuentra en Tamanrasset y en el que participan otros tres países del frente, Níger, Mali y Mauritania. El argumento utilizado para dejar fuera a Marruecos ha sido el de que –excluyendo el Sáhara Occidental– no tenía frontera directa con el Sahel. El rápido deterioro de la seguridad ha permitido a Marruecos tener una mayor presencia en la región de cuyos foros se encuentra ausente desde su retirada de la Organización para la Unidad Africana en 1984.

La internacionalización de la crisis de Malí está poniendo a prueba la concertación magrebí en este tema. Mientras que Argelia se opone a la intervención militar respaldada por la ONU y la Unión Europea, al considerar que tendrá repercusiones negativas sobre su seguridad nacional y defiende una solución negociada, la posición de Marruecos ha sido hasta ahora más ambigua. Aunque en agosto de 2012, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, El Othmani, se opuso a una intervención armada en Malí, en octubre, sin embargo, en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Marruecos respaldó la resolución 2071 por la que este órgano de Naciones Unidas daba un plazo de 45 días a la Comunidad de Estados del África del Oeste (CEDEAO) para que diseñara el operativo del despliegue de una fuerza multinacional en el norte de Malí participando como observador en la reunión que esta organización africana celebró en noviembre para avanzar en la formación de la fuerza militar de 3.300 miembros que piensa desplegar en territorio maliense.