En el último año, el mundo ha asistido expectante a las transformaciones sociales que se han producido en varios países árabes muy próximos a nosotros, con los que compartimos una cultura común, la mediterránea. Estas transformaciones, con intensidades distintas en función de la idiosincrasia de cada sociedad, constituyen simultáneamente un reclamo y una obligación para toda la comunidad jurídica del Mediterráneo. Cada país ha experimentado los cambios en distintas dimensiones y evoluciones, y en la actualidad se hallan en diferentes estadios o fases de implantación, pero lo cierto es que nada volverá a ser igual desde aquel movimiento inicial ocurrido en Túnez a finales de 2010; después del cual el “efecto contagio” hizo el resto.

Por ello, una vez superada la sorpresa inicial, procede adaptarse a esta nueva realidad y establecer puentes de conexión entre ambas riberas del Mediterráneo. En este contexto actual, cabe estudiar todas las fórmulas posibles de colaboración para contribuir a la normalización de los procesos sociales iniciados y, por extensión, a la readaptación de dichas sociedades al nuevo orden global. Compartimos un momento histórico que requiere de todas las contribuciones posibles en la búsqueda de la consolidación democrática de las sociedades, que creen sistemas garantistas y verdaderos espacios inviolables de seguridad jurídica.

Así, pues, la profesión jurídica puede y debe adquirir una enorme relevancia en el entorno mediterráneo, puesto que tiene la capacidad de aportar conocimientos que pueden resultar de gran utilidad para las sociedades de la vecindad sur y permitir crear puentes y fórmulas de colaboración que reviertan en un mejor futuro para las sociedades de ambas riberas.

A mayor abundamiento, en esta ocasión histórica, las organizaciones y asociaciones jurídicas del Mediterráneo, conscientes de la vocación mediterránea y aperturista que les caracteriza, se han propuesto como objetivo convertir Barcelona en una sede o foro de debate para impulsar la colaboración, desde donde se proyecten y apoyen las iniciativas surgidas en cualquier enclave mediterráneo, que permitan abordar y compartir cuestiones fundamentales para las sociedades de la ribera sur. La profesiones jurídicas, en general, y la abogacía del Mediterráneo en particular, deben ponerse a disposición de estas sociedades para conseguir un clima de máxima seguridad jurídica en la región, promover el intercambio de culturas, garantizar el derecho de las personas, y promover la capitalidad del Mediterráneo, por su riqueza, su cultura, su situación geográfica estratégica y su valor como puente de intercambio entre Oriente y Occidente.

También quizás por ello la Unión por el Mediterráneo decidió instalar la sede de su secretariado en esta ciudad, para que desde allí se coordinase, colaborase y participase en la mejora de los Estados que rodean sus riberas. Ahora más que nunca, procede ampliar los contenidos y cometidos de las instituciones que comparten este espacio geográfico. Resulta evidente que la abogacía mediterránea debe demostrar su liderazgo, porque se trata de profesionales que apuestan por una región en paz y por devolver al Mediterráneo la capitalidad que le corresponde como foro de debates y como eje neurálgico del intercambio de culturas, religiones y personas. Las profesiones jurídicas tienen mucho que aportar en los procesos constitucionales y de pacificación y convivencia de los pueblos en el contexto mediterráneo.

Pero además, sobre los Colegios de Abogados, representantes de un colectivo con peso específico en la sociedad civil, recae la obligación institucional, moral y jurídica de ayudar, debatir, reflexionar y consensuar cuestiones que afectan al futuro de nuestras sociedades. La abogacía mediterránea quiere y debe promover y colaborar en procesos e iniciativas institucionales de debate, reflexión y también, por qué no, de construcción de las nuevas realidades sociales. No podemos permanecer inmóviles en la apuesta por la normalización de la convivencia social y por la contribución al progreso y a los procesos de desarrollo. Es momento de unir esfuerzos y conocimientos y entablar una colaboración entre gobiernos e instituciones privadas y públicas (jurídicas y no jurídicas) del arco mediterráneo para que su contribución pueda resultar más decisiva y trascendente para el mejor futuro de sus pueblos y naciones.

Por ello, desde el principio, el Colegio de Abogados de Barcelona ha trabajado en este sentido junto con la Comisión del Mediterráneo de la Féderation des Barreaux d’Europe (FBE), la Asociación de la Liga Árabe (ALU), la Unión Internacional de Abogados (UIA), el Foro Hispano-Marroquí de juristas, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Europeo del Mediterráneo, la Unión por el Mediterráneo y otras organizaciones afines. Este interés por colaborar, ayudar, compartir e implicarse ha llevado a todas estas instituciones a emprender iniciativas conjuntas que pueden resultar trascendentes en la búsqueda de ese futuro común.

De este modo, la unión de estas asociaciones mencionadas ha culminado con la adopción del acuerdo de creación de un organismo que aglutine a la abogacía del Mediterráneo, a profesionales de ambas riberas, que promoverán la integración regional euromediterránea mediante la coordinación de los diferentes ordenamientos jurídicos comunes, para actuar como espina dorsal de la sociedad mediterránea. Este proyecto contribuirá de forma definitiva a la consolidación del espacio de seguridad jurídica en el Mediterráneo. Desde otro ámbito, la ciudad de Barcelona, considerada de facto la capital del Mediterráneo, y mediante una iniciativa liderada por el ayuntamiento de la ciudad a la que se han sumado todos los operadores jurídicos, económicos y sociales, ha oficializado la necesidad de la creación de un Tribunal Arbitral del Mediterráneo que aglutine intereses jurídico-económicos y comerciales euromediterráneos y dirima conflictos entre intereses públicos y privados de diferentes nacionalidades.

En este sentido, Barcelona se ha postulado para albergar la sede del futuro Tribunal. Ambas iniciativas constituyen una apuesta firme por la proyección y el protagonismo de las sociedades mediterráneas y contribuirán de forma decisiva al establecimiento de puentes comerciales y culturales y a la instauración de un espacio de seguridad jurídica inviolable. Son proyectos largos y complejos, pero los abogados de ambas riberas del Mediterráneo no pueden desperdiciar la oportunidad de colaborar unidos en esta apasionante empresa. Sin embargo, no hay que olvidar que los profesionales y operadores jurídicos euromediterráneos no deben colaborar en un clima de desconfianza; ninguna sociedad es superior ni más civilizada que la otra, somos distintos pero complementarios y, sobre todo, tenemos un interés común: la convivencia pacífica de las sociedades que compartimos el incomparable y rico arco mediterráneo.

El futuro de nuestras sociedades, tanto las que se encuentran en pleno proceso de transformación social, como las que deben adaptarse al nuevo orden económico global, plantea retos sociales y civiles que se antojan inciertos pero atrayentes, y solo la colaboración y la unión de “igual a igual” de nuestros conocimientos, nos permitirá defender la capitalidad y relevancia de las sociedades mediterráneas. Así, pues, no se debe dejar pasar esta oportunidad histórica. Es necesario que la abogacía mediterránea asuma el liderazgo que se requiere para debatir, por un lado, cuál puede ser la contribución de los profesionales de ambas riberas en estas transformaciones sociales, desde el ejercicio individual o colectivo y, por otro, para que desde esta zona geográfica que tanto une, se asienten las bases de la colaboración entre los profesionales de la abogacía mediterránea y se tutelen de forma conjunta los nuevos escenarios jurídicos y político-sociales.