El juicio por la bancarrota fraudulenta del Banco Khalifa a principios de este año hundió a Argelia durante dos meses y medio en una dolorosa reflexión sobre los años posteriores a la guerra civil. El primer banco privado del país entre 1999 y 2003 se declaró en quiebra, dejando una deuda de más de 1.500 millones de dólares. Su caída supuso el fin del grupo Khalifa, la pérdida de 9.000 empleos y la desaparición de la compañía aérea Khalifa Airways, la otra joya del imperio privado. Los 49 días de la vista ante el tribunal criminal de Blida tuvieron al país en vilo. “Este proceso puso al desnudo, ante una población completamente estupefacta, el sistema de los negocios y de la política. En unas cuantas semanas, los argelinos aprendieron más sobre ellos y sobre sus dirigentes que en 20 años. Y esto agravó la depresión colectiva posterior a los años de violencia”, resume Naît Yahia, dirigente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos.

Pero, ¿qué es lo que se ha revelado tan grave en el tribunal de Blida? Que un joven hombre de negocios, Rafik Abdelmumen Khalifa (RAK), consiguió corromper a todo el mundo para construir su imperio: notarios, interventores, jueces, dirigentes del Banco Central, ministros, grandes empresarios públicos, directores de periódicos, gentes del entorno político del presidente Buteflika, directores de cajas de la seguridad social, dirigentes sindicales, jefes de partidos políticos. Y la lista es todavía larga. Los analistas hablaban de “crisis de juventud del capitalismo argelino”, comparándolo con la transición rusa hacia la economía de mercado, en la que han sido numerosos los escándalos de “prevaricación” en la política y en los negocios. Eso es así sin duda, pero, como en el caso de la transición hacia el pluralismo político y su desviación hacia el terrorismo islámico, Argelia paga todavía un precio mayor por iniciarse en “la libertad de empresa”.

La mentira piadosa del blanqueo de dinero

A medida que fueron transcurriendo los días, el proceso Khalifa permitió echar por tierra un mito devastador. La opulencia financiera de la que hacía ostentación el joven empresario en los primeros años del milenio no procedía del blanqueo de dinero. Sin embargo, esta “idea” fue la que se impuso cuando resultaba imposible explicar la irrupción fulgurante del grupo Khalifa en el firmamento de Argelia a partir de 1999: una banca privada con una red de agencias en expansión galopante en el territorio nacional; una compañía aérea privada en 1999-2000, que se convirtió en líder nacional al año siguiente con su flota de Airbus; el patrocinio de todos los equipos de fútbol argelinos de primera división y, después, del Olympique de Marsella en 2001; la creación en serie de filiales en la construcción y en las obras públicas, entre 2001 y 2002; el alquiler de coches de lujo; la producción de medicamentos; la adquisición de bancos y empresas en el extranjero; el nacimiento de Khalifa TV en Francia, en 2002, con dos cadenas vía satélite; y además, salarios que desafiaban la competencia y gastos de promoción fastuosos.

Pero, ¿de dónde venía entonces el capital de RAK? La crónica argelina, a falta de otra interpretación, decidió atribuir el “gran éxito” del joven Khalifa a la corrupción anterior de los generales del ejército, que acumularon riquezas durante la época del presidente Chadli Benyedid, y en los años noventa durante el caos de la violencia política. Las señas de identidad de RAK le respaldaban como depositario de la “caja negra” del poder. Era hijo de Larusi Khalifa, un antiguo dignatario del régimen argelino posterior a la independencia, ministro en 1963, director de Air Argelia, embajador en Londres, y sobre todo director de gabinete de Abdelafid Busuf, dirigente del Frente de Liberación Nacional (FLN), que fundó los servicios secretos argelinos durante la guerra de liberación nacional. Por tanto, RAK era muy indicado, según los “buenos conocedores” de la “psicología del poder argelino” para ser el “testaferro” del dinero de los poderosos, ganado con sobornos o con adquisiciones de patrimonio en bienes raíces.

Esta explicación sobre el origen de los fondos del grupo Khalifa acabó por convenir a todo el mundo. Por eso funcionó tan bien, en contra del sentido común. Le convenía al propio Khalifa, que dejaba opinar porque eso quería decir que contaba con la protección del ejército y del poder en general, y así no arriesgaba nada. Satisfacía al clan de Buteflika, porque la inversión de capitales privados, incluso y especialmente de origen fraudulento, en la frágil Argelia de los primeros años del milenio, era un signo de confianza en su capacidad para enderezar el país. Además, esta explicación encontró el apoyo popular: “Pasamos de si es el dinero que malversaron los generales hace años, lo esencial es que se gasta aquí y crea empleo para los jóvenes”.

El cometa Khalifa estalló en el cielo acogedor de ese consenso tácito. El gran golpe del proceso del invierno de 2007 –presentido desde hacía varios meses– fue enterarse de que el grupo Khalifa no introdujo en el circuito financiero argelino fondos malversados muchos años antes, sino que, por el contrario, hizo salir del país fondos defraudados bajo los ojos de los argelinos de hoy y con la complicidad de sus dirigentes actuales.

Un gigantesco traspaso de valor de lo público a lo privado

El desarrollo vertiginoso del grupo Khalifa fue financiado casi íntegramente mediante el uso fraudulento del dinero de los depositantes del Banco Khalifa. El liquidador del Banco Khalifa, Moncef Badsi, explicó que los gastos que permitieron construir en dos años un grupo gigantesco procedían de “partidas en suspenso” maquilladas en la contabilidad del banco. El dinero de los depositantes iba a los proveedores de Khalifa: Airbus y ATR para los aviones; las sociedades inmobiliarias francesas para las adquisiciones de chalets y oficinas en el viejo continente; Sony para la “emisión de programas” de Khalifa TV; Mercedes y Citroën para los vehículos de lujo; una larga lista de personalidades del deporte y del mundo del espectáculo para la promoción de imagen.

Lo primero que inquietó a la opinión pública argelina, a medida que se colocaban en su sitio las piezas del rompecabezas Khalifa en Blida, fue si las autoridades sabían que las nuevas filiales del grupo estaban financiadas directamente por los depósitos del Banco Khalifa. Pero la respuesta se convirtió en ridícula muy pronto: las autoridades políticas no solo lo sabían, sino que eran el origen de la fortuna del Banco Khalifa, puesto que los grandes depositantes de este banco privado eran las instituciones públicas. En febrero de 2003, cuando el primer banco privado argelino fue puesto bajo tutela administrativa por el Banco de Argelia, acumulaba 145.000 millones de dinares en depósitos (alrededor de 1.400 millones de euros), de los cuales el 90% procedía de instituciones públicas.

Las cajas de la seguridad social, las oficinas de gestión del patrimonio inmobiliario del Estado, las grandes empresas públicas, las administraciones centrales del Estado, desplazaron sus “excedentes de tesorería” del tesoro público o de los bancos públicos hacia el joven banco privado de Rafik Khalifa, que los utilizó para hacerse con nuevas empresas, pero también con nuevos depósitos públicos. El gobierno argelino organizó una gigantesca transferencia de capitales hacia un joven aventurero de los negocios que supo redistribuir abundantemente este maná.

Un grupo privado más fuerte que el Estado

Por supuesto, en el centro de este escándalo está la corrupción. El mérito que tiene este proceso histórico es el de haberla mostrado sin disimulo. El flujo de los depósitos públicos es “oficialmente” el resultado de un tipo de interés más ventajoso ofrecido por el Banco Khalifa a los clientes de su confianza. Ventajoso en más de tres puntos, de media, en relación con otros bancos públicos o privados.

Pero, evidentemente, esto no era suficiente. Los beneficios particulares otorgados a los responsables de los depósitos eran más concretos e inmediatos que la promesa de una buena remuneración de esos depósitos: carné gratuito para viajes familiares en las líneas de Khalifa Airways; créditos generales sin informes ni garantías; tarjeta mastercard con facilidades de pago hasta 10.000 euros; contratación de los miembros de la familia en el grupo; concesión de vehículos particulares, a veces de lujo. Todo en la generosa partida denominada “incentivos”. “Hasta entonces, los operadores privados se quejaban de estar dominados por un Estado agobiante.

Con el Banco Khalifa hay una inversión cósmica. Lo privado se vuelve más fuerte que el Estado”, decía uno de los abogados de la parte civil en el proceso de Blida. ¿Gracias a qué? Gracias a la capacidad del grupo Khalifa para comprar protección, cada vez más elevada, en el aparato estatal. Numerosas disposiciones legales obligan a que los fondos de organismos públicos permanezcan en el tesoro público o en bancos del Estado. Los ministros encargados de tutelar estos fondos cerraron los ojos ante las transferencias.

El director del Tesoro declaró que no había visto nada. El sistema Khalifa logró paralizar todos los mecanismos de control del Estado. Se neutralizó la Comisión Bancaria del Banco de Argelia, encargada de supervisar que la gestión de los bancos se ajuste a la ley; las grandes cabeceras de la prensa nacional, inundada de publicidad y a veces de ventajas personales otorgadas a los directores de los periódicos, guardaron silencio sobre el dudoso origen de las adquisiciones vertiginosas del grupo Khalifa.

Los partidos políticos encubrieron a sus ministros, y el principal sindicato, la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), era “cliente” de Khalifa. Por último, de la presidencia de la República venía un discurso muy elogioso: Khalifa era una experiencia privada que demostraba las nuevas energías de Argelia, a la que volvían los negocios, después de los años de caos y de violencia. Por otra parte, ésta fue la línea de defensa oficial utilizada por el ministro de Finanzas ante el tribunal para justificar su negativa a emprender sanciones contra los procedimientos del Banco Khalifa. El grupo Khalifa era el embajador de negocios de la Argelia posterior a la guerra civil. Así, prestó un servicio al poder político establecido y lo cobró muy caro.

Los daños colaterales de un gobierno económico centralizado

La bancarrota fraudulenta del grupo Khalifa y de su banco puso de manifiesto la magnitud del mal gobierno económico en Argelia, especialmente a causa del regreso masivo a la centralización política de las decisiones económicas cotidianas. En 1990, a través de una arriesgada reforma, el Banco de Argelia se situó en el núcleo del aparato del sector financiero, con unas posibilidades de intervención que se aproximaban a la independencia de los bancos centrales en los países capitalistas más avanzados.

Tenía medios para impedir el escándalo Khalifa, y ciertamente para no dejarle alcanzar semejante magnitud. Hubo polémica en torno a las razones del fracaso del Banco de Argelia a la hora de evitar el riesgo del asunto Khalifa. Los partidarios de Ahmed Uyahia, dos veces primer ministro (de 1995 a 1998, y después de 2003 a 2006), acusaron a la ley bancaria de 1990 de ser “demasiado liberal” al abrir el sector de las finanzas sin protegerle de las irregularidades. Los reformadores de Mulud Hamruche, jefe del gobierno entre 1989 y 1991, blancos de esta crítica, afirmaron que fue el hecho de poner al Banco de Argelia bajo tutela del poder político en la década de los noventa lo que le impidió actuar con libertad en este asunto.

El proceso aportó una extensa demostración al respecto. Por ejemplo, una de las infracciones más fáciles de demostrar –el incumplimiento de la legislación de cambios por parte de un banco– ya no podía ser sancionada por el Banco de Argelia desde la entrada en vigor de una enmienda, en 1997 –bajo el gobierno de Uyahia–, que otorgaba al ministro de Economía la prerrogativa de actuar con rigor respecto a las infracciones del código de comercio exterior. Una enmienda que llevó la suerte del Banco Khalifa al terreno político cuando, en noviembre de 2001, el Banco de Argelia sorprendió al ministro de Economía con un informe sobre los graves atentados a la legislación de cambios por parte del Banco Khalifa, con el fin de tomar medidas. El informe no tuvo ningún resultado en 13 meses, durante los cuales aumentaron los grandes depósitos de los organismos públicos en provecho del banco privado.

El sector bancario privado nacional desapareció

Una de las primeras medidas después del asunto Khalifa fue devolver al Banco de Argelia sus prerrogativas de sanción contra los bancos comerciales que hacen trampas en las operaciones de comercio exterior. Este reconocimiento del error no impidió al tribunal condenar al gobernador del Banco de Argelia entre 1992 y 2001, Abdelwahab Keramane, a 20 años de prisión por no haber impedido el uso personal de depósitos por parte de RAK. Igual que este último, el ex gobernador del Banco de Argelia, que “no quería pagar por los demás”, se refugió en el extranjero. Se tomó otra medida legal que prohibía a los fundadores de bancos privados tener empresas al mismo tiempo.

Por supuesto, el objetivo era que no se reprodujera la situación del asunto Khalifa, con la “autofinanciación” de las empresas de un grupo por el banco del mismo grupo, a través de la malversación de los depósitos, una situación que se podría haber evitado con un funcionamiento eficaz del Banco de Argelia, sin injerencias políticas. El impacto del escándalo Khalifa en el entorno empresarial en Argelia fue desastroso. Como consecuencia, entre 2003 y 2004 se disolvieron otros cuatro bancos nacionales.

La apertura del sector bancario a la esfera privada se convirtió en una apertura exclusiva al sector privado extranjero y los bancos franceses fueron los que más se beneficiarion de ello, gracias a la potenciación de las redes clientes de Société Générale y BNP Paribas. La privatización, antes de que termine 2007, de Crédit Populaire d’Algérie, primer banco público del país, acentuará esta característica: entre los cinco que se harán cargo de él, cuatro son franceses y el quinto, el Banco Santander, es español. El primer proceso Khalifa –hay otros previstos, especialmente los de las filiales de Khalifa Airways– supuso un gran momento de reflexión de los argelinos sobre sí mismos. Se han hecho una idea de la perversión de la gestión de la cosa pública.

Muchos abogados expresaron durante su alegato el deseo desesperado de que “esta confesión sirva para restablecer la noción de responsabilidad en los actos de gestión”. Pero la impunidad de la que se siguen beneficiando los principales protectores del grupo Khalifa, citados a menudo ante el tribunal de Blida, hace que los argelinos sean escépticos respecto a la ejemplaridad de las decisiones de la justicia.