Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”. Sin embargo, el 25 de julio de 2021, dos años después de un ascenso inesperado y de su elección con el 72,7% de los votos, el ex adjunto de derecho Constitucional y actual presidente de la República tunecina, Kais Said, al que se suponía muy consciente de la importancia del principio de la separación de poderes, invocó, para sorpresa general, el artículo 80 de la Constitución que sume al país en un “Estado de excepción”. Se impone como “salvador” de la nación frente a un “peligro inminente” y concentra todo el poder en sus manos.

Según su lectura de la situación, la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP) representaría en sí misma este peligro “continuo y no inminente”, como ironizó en varios de sus vídeos transmitidos a través de la página oficial de Facebook de la presidencia de la República, casi su único canal de comunicación.

Said recurrió después al ejército y colocó un tanque militar y una docena de furgones de policía a la entrada de la ARP, un típico caso de cesarismo providencial. La sede de la televisión nacional y la del gobierno también fueron rodeadas. Suspendió las actividades de los parlamentarios, les retiró la inmunidad y se impuso como fiscal general, reivindicando de nuevo el artículo 80; destituyó al jefe del gobierno y ministro interino del Interior, Hichem Mechichi, a los ministros de Defensa, Finanzas, Tecnología y Comunicación (TIC), Sanidad, Justicia y Administración Pública y cambió también a los gobernadores y a decenas de altos cargos en todas las instituciones del Estado.

Además, el recurso al artículo en cuestión requiere tres imperativos: la consulta al jefe del gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo (Rachid Ghanuchi) y, a petición del presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo o de 30 miembros de dicha Asamblea, acudir al Tribunal Constitucional (el 3 de abril de 2021 Said se negó a ratificar el proyecto de ley para su ejecución) para comprobar “si persiste la situación de excepcionalidad”.

No se cumplió ninguna de estas tres condiciones sine qua non. Por consiguiente, Ghanuchi y algunos diputados, sobre todo de Ennahda (el principal partido del país), así como algunos activistas de derechos humanos, denunciaron “un golpe de Estado contra la revolución y la Constitución”.

Desde entonces, Kais Said no ha dejado de acusar e insultar, siempre a través de la página oficial de Facebook de la presidencia de la República, a estos “traidores de la nación”, entre los que se encuentran los diputados y los “ladrones corruptos” que llevaron al país a la derrota. También pide a los ciudadanos que “purguen Túnez” de estos “virus”.

Es necesario recordar que, antes de este punto de inflexión, la relación entre el presidente y el jefe del gobierno estuvo caracterizada por el enfrentamiento, desde la toma de posesión de este último en septiembre de 2020. De hecho, el gabinete presidencial impuso cambios de última hora en el equipo de gobierno sin informar a Mechichi. Durante el primer semestre de 2021, la tensión palpable entre los dos hombres se fue intensificando cada vez más, especialmente con ocasión del nombramiento de ministros a los que Kais Said consideraba corruptos.

Por si fuera poco, durante los meses anteriores, Abir Musi, diputada pro Ben Ali, y su partido PDL (Partido Desturiano Libre), siguieron obstaculizando el trabajo del Parlamento con gritos, escenas de histeria y acusaciones de todo tipo contra Rachid Ghanuchi y Ennahda, hasta el punto de provocar desafección de una gran parte de la población con respecto al Parlamento y a los partidos políticos en general.

Además, tras la mala gestión por parte del jefe de gobierno de la crisis sanitaria de la Covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 25.000 tunecinos según cifras oficiales (80.000 según Zakaria Bouguerra, denunciante y médico especialista en anestesia-reanimación), buena parte de la población percibió este vuelco de la situación como una acción saludable y una operación para salvar al presidente, al que, según los sondeos, apoya abiertamente más del 70%.

Al cabo de unas semanas, Kais Said ascendió así al rango de “salvador del pueblo” apelando a países de todo el mundo para proveerse de vacunas y material sanitario, donados para salvar vidas. En menos de dos meses, se han vacunado más de cuatro millones y medio de tunecinos (de un total de 11 millones). Una contundente victoria que sirvió de argumento al presidente contra quienes lo acusaban de golpista.

Said, el presidente que se impone como ‘justiciero’ en detrimento de la ley y la Constitución

Tres días después de lo que algunos medios y analistas denominan “golpe de fuerza” (evitando cualquier mención a un “golpe de Estado”), Said blandía un informe de la Comisión Nacional sobre Corrupción y Malversación de 2011 (denominada Comisión Abdelfettah Amor), y declaraba, durante una reunión con Samir Majul, presidente del primer sindicato patronal del país, UTICA, que “460 empresarios” habían robado 13.500 millones de dinares (4.000 millones de euros) de dinero público.

Sin embargo, este informe no menciona ningún nombre, sino que incluye 5.000 solicitudes tramitadas en la oficina de registro de la Comisión hasta finales de 2011 y 450 remisiones a la fiscalía.

De hecho, el presidente hizo una amalgama con otro informe de 2003 elaborado por el antiguo régimen, que menciona nombres y fechas y que, en cambio, no goza de ninguna credibilidad.

Promete un “compromiso judicial” a quienes devuelvan el dinero. También pide la redacción de un proyecto de ley de ordenamiento judicial que permita a los empresarios –que hayan robado dinero público– regularizar su situación a cambio de que se comprometan a financiar proyectos en todas las delegaciones.

Además de la confusión política y las disensiones de todo tipo, Túnez también estaba sufriendo de lleno su tasa de inflación más alta, alcanzando el 6,4% en un contexto económico muy precario. El país está amenazado de quiebra: las arcas están vacías, sobre todo tras la devolución de los dos préstamos, el primero el 23 de julio, por valor de 506 millones de dólares y el segundo el 4 de agosto, por valor de 503,5 millones de dólares, obtenidos gracias al apoyo de Estados Unidos.

En el enésimo vídeo de Facebook, ante una de las situaciones más complicadas, Kais Said contraatacaba con amenazas declarando “la guerra contra todos los intentos de monopolio o especulación” y anunciando que sería “intolerante con cualquiera que pretenda controlar el abastecimiento del mercado o el aumento de precios”. En su ímpetu justiciero, llevó a cabo varias redadas en fábricas y mercados, filmadas por su equipode comunicación, acusando a unos de monopolio, a otros de corrupción, sin prueba alguna ni orden judicial, y reclamando, como un soberano omnipotente al que no se le puede negar nada, una bajada de precios.

Ante su reclamación, el UTICA declaró el 4 de agosto, más a modo de anuncio que como ejecución real, que respondería inmediatamente a sus órdenes y las cumpliría. Sin embargo, el coste de la producción de bienes en realidad ha seguido aumentando, sobre todo por la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia y sus consecuencias en toda la cadena de producción. Se habló entonces de estanflación y aumento de precios a escala internacional. La Confederación de Empresas Ciudadanas de Túnez, el segundo sindicato patronal del país, sin embargo, revisa su respuesta a la situación y hace un llamamiento a aumentar la productividad y a solucionar los problemas endémicos de transporte y logística en los puertos con el fin de reducir los costes de producción y, por consiguiente, los precios de los bienes.

Reinado de la arbitrariedad y restricción de las libertades

Un mes después de la destitución del gobierno y de la suspensión del Parlamento, se observaron centenares de abusos contra los derechos y las libertades. El Ministerio del Interior ejecutó varias órdenes de arresto domiciliario, incluida una contra Chawki Tabib, abogado y expresidente de la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción, desde el 20 deagosto, sin un marco legal que le permitiera ejercer su derecho constitucional de recurrir.

El 26 de agosto, Amnistía Internacional ya enumeraba en su informe unas 50 personas a las que se les había prohibido viajar sin ninguna justificación ni orden judicial. “La organización ha recopilado información sobre los casos de al menos 50 personas, entre ellas jueces, altos representantes estatales y funcionarios, empresarios y parlamentarios, a quienes durante el último mes se les ha prohibido viajar al exterior sin que ninguna de estas prohibiciones haya sido autorizada por el poder judicial y sin resolución escrita, sin motivo y sin límite de tiempo. Es probable que el número total de personas sujetas a la prohibición de viajar desde el 25 de julio sea mucho mayor”.

La organización Human Rights Watch también había alertado a la opinión pública de que la confiscación de poderes por parte del presidente amenazaría los derechos.

En efecto, el 3 de octubre, el tribunal militar de Túnez emitió una orden de detención contra Ameur Ayed de Zitouna TV y un diputado, Abdellatif Aloui, por sus críticas a las decisiones presidenciales.

Otros dos diputados del movimiento nacionalista islámico Al Karama, uno de ellos el abogado Seif Eddine Makhlouf, fueron arrestados, de nuevo sin una orden judicial, en el marco de una investigación realizada por la justicia militar por “insultar a agentes de la policía fronteriza”, al haber defendido a una mujer a la que se había impedido viajar.

El 14 de octubre, Makhlouf decidió comenzar una huelga de hambre para que se impugnaran las sentencias dictadas en su contra y denunciar “los abusos legales que está sufriendo”, tras la denegación de su soli-citud de liberación por la Sala de lo Penal del Tribunal militar de Túnez. En un comunicado, el diputado protestó por “la comparecencia de civiles ante tribunales militares” denunciando la violación de los principios de neutralidad e imparcialidad en este caso “inventado”, según él.

Un tercer diputado, independiente, Yassine Ayari, que denunció sucesivamente un “golpe de Estado militar”, fue detenido en cumplimiento de una sentencia pronunciada a finales de 2018, que le condenaba a dos meses de prisión por haber “criticado al ejército”. Después de haber conseguido, el 27 de octubre, el sobreseimiento de este caso, ahora está siendo perseguido de nuevo por la Fiscalía de la justicia militar por sus comentarios en las redes sociales “después del 25 de julio”. Tendría que haber comparecido ante el Tribunal el 22 de noviembre para otro juicio, que finalmente se aplazó. El diputado, conocido por ser un feroz militante contra la corrupción y activista bajo el régimen de Zine el Abidine Ben Ali, denuncia el ensañamiento de la justicia militar contra su persona y contra cualquier espíritu crítico.

En respuesta a estas detenciones, el partido Harak, del expresidente de la República, Moncef Marzuki, activista de derechos humanos, expresó en un comunicado de prensa su “profunda preocupación”, denunciando un “giro hacia la política de ajuste de cuentas y la represión de las libertades” en contradicción con las afirmaciones de respeto a la Constitución manifestadas reiteradamente por el jefe de Estado al pueblo y a los diplomáticos.

En un golpe de timón, el 14 de octubre, Kais Said ordenó que se le retirara el pasaporte diplomático a Marzuki, acusándolo de haber ido al extranjero para “atentar contra los intereses de Túnez”, y añadió que “a quien lo haga se le retirará el pasaporte diplomático, como enemigo de Túnez”. El expresidente respondió entonces que “no le sorprendieron en absoluto las medidas anunciadas por el régimen golpista”.

Acusado de “conspiración contra la seguridad del Estado” después de haber hecho un llamamiento a Francia, durante una manifestación en París el 9 de octubre, para que “rechace todo apoyo a este régimen y a este hombre que ha conspirado contra la revolución y ha abolido la Constitución”, es destinatario, desde el 4 de noviembre, de una orden de captura internacional.

Frente a este enésimo ataque a los derechos y libertades, activistas de la sociedad civil y políticos, entre ellos el eminente jurista Yadh ben Achour, profesor de Kais Said, que le había acusado explícitamente de haber organizado un golpe de Estado, firmaron al día siguiente una petición en la que condenaban enérgicamente la acusación contra Marzuki. Según ellos, esta orden de detención internacional es un “paso arbitrario que se da en el contexto de un discurso de odio y difamación de la oposición”.

 Los firmantes señalaban también que el presidente de la República, Kais Said, “se había desviado de los objetivos de la revolución y que había atacado la Constitución para instaurar su dominio del Estado”.

La revolución tunecina, a la deriva…

Desde el 25 de julio, las medidas tomadas por el presidente de la República han sumido al país en un autoritarismo cuyo desenlace es incierto. El deterioro de la situación socioeconómica, que se ha acentuado durante los últimos 10 años, ha empeorado las cosas. Tras una crisis de autoridad entre los dos jefes del ejecutivo, el de la presidencia y el del gobierno, se produjo una crisis de representatividad en la que los partidos políticos y los parlamentarios se convirtieron en los principales responsables de la debacle revolucionaria con una legitimidad mancillada.

Al presentarse como arquetipo de integridad y justicia, el ex adjunto de derecho Kais Said, convertido repentinamente en presidente gracias a una inesperada movilización en Facebook, se ha impuesto como un “salvador” y ha concentrado en sus manos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Repitiendo constantemente que respeta la Constitución del 27 de enero de 2014 y los logros de la revolución, se ha negado desde su elección a conceder cualquier entrevista a los medios de comunicación de Túnez. Desde octubre, los partidarios y detractores de Kais Said se han manifestado violentamente en Túnez, lo que presagia una gran polarización y un aumento de la violencia, animados por el discurso de odio con tintes conspirativos del presidente.

Para el activista y profesor de Derecho, Jaouher Ben Mbarek, excompañero de Kais Said y ahora uno de sus principales adversarios, la “resistencia al golpe de Estado continuará por todos los medios pacíficos”.

En cuanto a Túnez, atrapado en una recesión económica y en una coyuntura mundial nada favorable, la sombra de la escasez de alimentos y el cese del pago de los salarios, especialmente en el sector público, acecha a más de 600.000 personas. Para salir del abismo financiero lo antes posible, el Estado deberá negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que exige una reforma profunda y dolorosa que afecta, principalmente, a la reducción de la masa salarial. Presionado por Estados Unidos y los países del G-7 para que “retome el camino democrático”, Kais Said terminó cumpliendo al nombrar el 11 de octubre a una jefa de gobierno, Najla Buden, cuya misión será, sobre todo, encontrar fondos para reflotar las arcas públicas e instaurar una estabilidad política inesperada.