Si, en 1995, 400 millones de personas vivían en países con déficit hídrico (-500 metros cúbicos de agua por persona y año), en 2025 serán 4.000 millones los que vivirán esta situación, con todas las consecuencias empresariales, alimentarias, sanitarias, y económicas que ello implica. En concreto, según un informe de 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 90% de la población de Oriente Próximo y de África del Norte vivirá en países afectados por la escasez de agua de aquí a 2025. Pero el mundo árabe no será el único en sufrir esta situación.

El Mediterráneo en su conjunto está en un momento delicado, con 108 millones de personas que ya disponen de menos de 1.000 metros cúbicos de agua por persona y año, cifra que será de 165 millones de individuos en 2025 (Mediterráneo: las perspectivas del Plan Azul para el medio ambiente y el desarrollo. Plan Bleu 2005). Los países mediterráneos sólo disponen del 3% de los recursos de agua dulce del planeta y concentran a más de la mitad de la población más pobre en agua. Además, los recursos hídricos de la región mediterránea están irregularmente repartidos, puesto que la orilla sur sólo dispone de un 13% del total. Según todas las proyecciones, la demanda de agua de la cuenca mediterránea debería también crecer un 25 % para 2025.

Actualmente, se calcula en 200 kilómetros cúbicos anuales, la mayor parte correspondiente a las necesidades de riego (65%), las necesidades domésticas (15%), y luego al turismo. El turismo es una gran oportunidad para la zona mediterránea pero a la vez presenta un grave inconveniente. Con un 32% del turismo mundial, 218 millones de personas drenan cada año la cuenca mediterránea. Todos los análisis demuestran que la actividad turística consume tradicionalmente mucha más agua –entre cuatro y ocho veces más– que las necesidades domésticas de la población.

A estas cifras de un consumo en innegable alza que plantean un problema de renovación de los recursos (como en Egipto, donde el consumo anual de 70 kilómetros cúbicos en 2000 ya era muy superior a los recursos disponibles), se añade el problema del calentamiento climático. En efecto, los modelos de cálculo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) coinciden en que el Mediterráneo será el primer afectado por los fenómenos de aumento de la temperatura. Según el estudio de septiembre de 2007, Región mediterránea y cambio climático: una anticipación necesaria, de Stéphane Hallegatte, Samuel Somot y Hypatie Nassopoulos, expertos acreditados por el Instituto de Prospectiva Económica del Mundo Mediterráneo, desde ahora hasta finales del siglo XXI la temperatura anual media en la región mediterránea aumentará probablemente entre 2,2º y 5,1°C. Este calentamiento será especialmente perceptible, de aquí a 10 o 15 años, durante los periodos estivales que dejarán entrever un aumento del número, la duración y la intensidad de las canículas.

En estas condiciones, la escasez de agua aumentará y serán de esperar importantes reducciones de la productividad agrícola, con caídas del rendimiento que llegarán hasta el 50%. La no anticipación o la falta de preparación de los gobiernos de los países ribereños del Mediterráneo, ante las consecuencias del calentamiento climático en una zona ya muy pobre en agua, tendrán unas repercusiones que pueden ser catastróficas. Sin embargo, parece que los gobernantes del Sur han tomado decisiones estratégicas para responder a estos nuevos desafíos. Lo demuestra el lanzamiento por parte de Argelia en 2005 de un plan quinquenal de 14.000 millones de dólares para dotarse de nuevas infraestructuras hidráulicas.

Por consiguiente, antes de 2011, deberían estar construidas 13 estaciones de desalación de agua de mar, con una capacidad total de 2,3 millones de metros cúbicos diarios y 13 presas suplementarias. Por otra parte, siguiendo el modelo de Libia con su Gran Río Artificial iniciado en 1985 (que permite utilizar el enorme potencial de las reservas de aguas fósiles del Sáhara enviándolo a la franja costera del país donde se concentran las tres cuartas partes de la población libia), el gobierno argelino implantó un programa destinado a abastecer en primer lugar a las ciudades del Sur, y después a las ciudades del norte del país. Así, en 2007, se lanzó un primer proyecto de aducción de agua de 100.000 metros cúbicos entre Ain Salah y Tamanrasset.

A la vez que realizó estas inversiones colosales, Abdelmalek Sellal, ministro de Recursos Hídricos, desplegó un amplio programa de optimización de los recursos, valiéndose de empresas de la orilla norte del Mediterráneo. De este modo, Suez Environnement gestiona desde 2005 el agua de Argel y, a principios de 2008, ha empezado a gestionar el agua de Orán mediante su filial Aguas de Barcelona. Desde octubre de 2008, interviene en Constantina la Societé des Eaux de Marseille, conforme a un contrato de gestión, esquema también en vigor en Argel y Orán, que parece especialmente adaptado a las necesidades actuales de la región mediterránea. Después de Argelia, le toca a Libia hacer una licitación en el mismo sentido, para gestionar las redes de agua y saneamiento de las ciudades de Trípoli y Benghazi.

De manera más precoz y diferenciada, Túnez y Marruecos han tomado también decisiones muy oportunas en relación con la gestión y la optimización de los recursos hídricos. Hasta ahora, Túnez, a través de estrategias decenales de movilización de los recursos hídricos, se ha dotado de una red de infraestructuras única, que permite movilizar anualmente 3.000 millones de metros cúbicos de agua de los 4.000 millones de metros cúbicos explotables del país, para responder a una demanda de 2.600 millones de metros cúbicos. Pero un nuevo reto obliga ahora a anticipar las necesidades futuras, en un país en el que el consumo de agua aumenta anualmente un 3%. De ahí que Túnez tenga que recurrir a soluciones alternativas como la desalación, con un reciente programa de cinco industrias que la Sociedad Nacional de Explotación y Distribución de Aguas (Sonede) proyecta llevar a cabo para una capacidad total de 250.000 metros cúbicos diarios.

La primera unidad de 50.000 metros cúbicos al día concierne a la muy turística isla de Yerba, cuyos recursos actuales no permitirían en 2010 cubrir las necesidades de los consumidores si no se hace nada. Por otra parte, la empresa nacional mantiene unos objetivos estrictos de renovación de los conductos y las conexiones, de gestión de la presión del caudal, de seguimiento del volumen de agua distribuido y de búsqueda de fugas. Aquí se encuentra el espíritu y la forma de gestión operativa que anima a LYDEC, filial marroquí de Suez Environnement que garantiza el acceso al agua, la electricidad, el saneamiento y el alumbrado público de cuatro millones de habitantes en Casablanca y en su periferia cercana, de acuerdo con un contrato de concesión firmado por 30 años en agosto de 1997.

Gracias a los importantes esfuerzos desplegados en la gestión de los recursos hídricos en todos los planos, y en un contexto caracterizado por una sucesión de años de sequía, LYDEC ha podido desde finales de 2002 conseguir un ahorro anual de agua que alcanza los 25 millones de metros cúbicos, es decir, ha economizado recursos equivalentes al consumo anual de 800.000 habitantes. Sin embargo, los países mediterráneos que no adopten posturas estratégicas en lo referente a la gestión y optimización de los recursos hídricos deben temer las consecuencias. Cualquier país del Sur que no prevea los problemas de todo o parte de su territorio, necesariamente pondrá en peligro permanente su actividad agrícola, su industria turística, su política urbana y, por último, su estabilidad política y social.

En abril de 2008, cuando los depósitos de Chipre sólo estaban al 9,8% de su capacidad, el gobierno decretó el estado de emergencia, y tuvo que firmar un acuerdo precipitado con una compañía de transporte marítimo para transportar desde Grecia, en 160 días, más de ocho millones de metros cúbicos. Por otra parte, parece que, al llegar el verano, una serie de disfunciones causaron una situación bastante caótica en pleno periodo turístico.

Aunque ahora esa situación se ha superado, no es menos cierto que Chipre, al igual que Malta, tengan una necesidad perentoria de recursos alternativos, aparte de la desalación (que representa ya un 60% de los recursos hídricos de Malta y un 6% del consumo de energía de los malteses), la reutilización de las aguas residuales (en la que Israel tiene el récord del mundo con el 67% de las aguas residuales reutilizadas, lo que permite producir 270 millones de metros cúbicos anuales que cubren parte de las necesidades de la agricultura israelí), y posiblemente el transporte marítimo de agua no tratada (por lo que se refiere a Chipre). Por eso es necesario que se establezcan rápidamente nuevas infraestructuras y que Europa apoye política, financiera y técnicamente las políticas voluntaristas de los Estados mediterráneos.

Un plan Marshall para el agua

En este inicio del siglo XXI, parece que tanto los responsables políticos del Sur como los del Norte han redescubierto las leyes de la geopolítica en el Mediterráneo. Así, con ocasión de la visita a Argelia de Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior de Francia, el 14 de noviembre de 2006, el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, subrayaba que “queda totalmente claro que estamos condenados a tener un futuro común.

No podemos hacer nada contra las leyes de la geografía. Por consiguiente, en algún sitio hay una condena, una fatalidad que hay que asumir positivamente”. ¿Qué forma debería tomar en el ámbito del agua este “futuro común” del que habla Buteflika? El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo que acordaron los jefes de Estado y de gobierno, reunidos en París los días 13 y 14 de julio de 2008, debe poder situar el agua en el núcleo de los proyectos concretos de los Estados miembros. Entre éstos, en primer lugar, sería cuestión de crear una Agencia Mediterránea del Agua. Como autoridad moral e instancia de regulación regional del agua y del saneamiento, permitiría proceder a diagnósticos operativos y emitir recomendaciones concretas, con el fin de permitir a los países que lo desean adoptar los mejores esquemas posibles de planificación gestora y elegir las inversiones y asociaciones públicas o privadas más pertinentes.

Como plataforma de diálogo y de encuentro, una Agencia Mediterránea del Agua sería un lugar de formación y de difusión de buenas prácticas entre los país ribereños. El modelo contractual adoptado en Trípoli, en el norte de Líbano, podría convenir a alguna otra ciudad mediterránea. Del mismo modo, los contratos de gestión de sus grandes ciudades (Argel, Orán, Constantina) que firmó Argelia con operadores privados se pueden reproducir sin duda en otros sitios (¿Siria, Egipto?). Además, la Agencia podría convertirse evidentemente en un lugar de intercambio de conocimientos entre el Norte y el Sur.

Así, por qué no, podría crearse una escuela de mantenimiento de redes destinada a formar a los técnicos y mandos intermedios de los que el Sur está tan insufriblemente desprovisto, como propuso Loïc Fauchon, presidente del Consejo Mundial del Agua, cuando habló ante la Misión informativa “Unión Mediterránea” de la Asamblea Nacional. Por otra parte, permitiría poner en común de forma muy eficaz medios humanos y materiales para responder a las situaciones de emergencia; expertos y equipos de intervención; materiales de potabilización para hacer frente a las catástrofes naturales, que no faltan en la zona mediterránea por los problemas sísmicos que sufre.

Por añadidura, esta puesta en común de materiales y de competencias podría articularse muy bien con otro proyecto incipiente del que el Mediterráneo tiene una necesidad imperiosa: el reparto de competencias y de medios aéreos para luchar contra los incendios que todos los años devastan un poco más las riveras y el interior de la región, y hasta llegan a paralizar países enteros, como Grecia en el verano de 2007. Finalmente, respecto a la financiación de la Unión Europea y de los países ribereños del Mediterráneo, la Agencia Mediterránea del Agua podría formar parte de una dinámica global de rehabilitación de los barrios empobrecidos.

En efecto, el análisis de las necesidades vitales de la población, es decir, agua, electricidad y saneamiento, debe permitir encontrar rápidamente una estabilidad social que ya no existe en algunas ciudades del sur y este del Mediterráneo. Debe también aportar una respuesta pragmática al aumento de los integrismos y de los fanatismos que saben explotar con fines políticos el malestar social de los barrios desprovistos de servicios esenciales, puesto que existe una correlación evidente entre la insalubridad de las ciudades y barrios devastados por las tensiones y las guerras, y el terrorismo que nace en ellas. Mona El Kody, que dirige la National Water Research Unit en Egipto, lo subrayó en el Tercer Foro Mundial del Agua de Kioto (Water shortages foster terrorism, Ben Sutherland, BBC News Online, Kioto, 18 de marzo de 2003).

Al final, la falta de acceso al agua y a los servicios esenciales plantea siempre un problema de seguridad colectiva. Así pues, a semejanza de lo que se hizo inmediatamente después de la Segunda Guerra mundial en Europa, convendría lanzar en los países de las orillas sur y este del Mediterráneo un plan Marshall para el agua que incluya una “vertiente social” –como hizo Marruecos al lanzar la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano– y una vertiente de “desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras”, lo cual permitiría aumentar la oferta de agua. Una gran iniciativa política sobre el agua que implique a Europa y los países más afectados de las orillas meridional y septentrional del Mediterráneo, tendría el gran mérito de contribuir a la estabilidad y a la seguridad regional euromediterránea.