Muchos documentos, programas y estrategias de la Unión Europea señalan la importancia de la sociedad civil como herramienta de potenciación de la democracia. En este breve artículo, abordaremos la cuestión de qué es exactamente la sociedad civil y si esa imagen de la sociedad civil como motor de democratización aún es una presunción válida hoy en día. La sociedad civil es un concepto utilizado con frecuencia pero fundamentalmente muy discutido. Debido a que se trata de un término caracterizado por una pluralidad de significados distintos que dependen del contexto histórico, cultural y legal, no existe un concepto generalmente aceptado que defina a la sociedad civil. Sigue sin quedar claro si la sociedad civil incluye cualquier forma de organización no gubernamental (ONG) como las asociaciones comerciales, profesionales y los sindicatos. ¿Los medios de comunicación forman parte de la sociedad civil o el concepto se refiere exclusivamente a las ONG dedicadas a determinados asuntos sociales? ¿El concepto se refiere únicamente a las organizaciones institucionalizadas y autorizadas, o bien las plataformas temáticas, las redes informales y otras formaciones no institucionalizadas forman parte, asimismo, de la sociedad civil? Después de todo, estas suelen cumplir las mismas funciones que las organizaciones de la sociedad civil (OSC). ¿Y qué hay de las organizaciones religiosas? ¿También ellas forman parte de la sociedad civil? 

La concepción normativa de la sociedad civil

Si dejamos a un lado las experiencias fuera del ámbito europeo, podemos distinguir grosso modo entre dos tradiciones dominantes en Europa: por un lado, la concepción anglosajona de la sociedad civil; por otro, la concepción de la Europa continental. Mientras que la tradición anglosajona de la sociedad civil percibe a esta como una institución de control independiente, un contrapeso o incluso un antídoto respecto al Estado, en la tradición continental europea la sociedad civil está vinculada al Estado a través de una «relación asociativa» (Behr y Siitonen, 2013). En este último caso, la sociedad civil es idealmente independiente en cuanto a su actuación pero, en realidad, muchas veces depende de los fondos públicos para sobrevivir. 

Los movimientos que tuvieron lugar en Occidente en 1968 y los crecientes movimientos en contra de los regímenes comunistas de Europa del Este reavivaron la idea de la sociedad civil como un reducto de autonomía cívica y organización independiente, así como un elemento básico de la democracia liberal. Desde los años setenta, se empezó a contemplar a la sociedad civil como un requisito fundamental para la desaparición del autoritarismo y la consolidación de la democracia liberal. El concepto adquirió una gran popularidad entre los académicos y activistas políticos y pasó a ser «tanto una variable explicativa como una idea normativa» (Behr y Siitonen, 2013). Especialmente después de la Guerra Fría, la percepción de la sociedad civil como una fuerza benigna que potencia la democracia se convirtió en la visión predominante. Muchos autores, políticos y profesionales idealizaron el papel que desempeñó la sociedad civil en la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental y Central. La antigua y eterna lucha de organizaciones como Solidarność, en Polonia, o los movimientos cívicos vinculados a la iglesia en la República Democrática de Alemania se concibieron como una prueba del poder de transformación que puede emanar de la sociedad civil.   

En la época liberal posterior a la Guerra Fría, el fomento de la democracia se veía como un proceso más bien técnico. Este fomento de la democracia occidental se construyó, sobre todo, a partir de la implementación de elecciones libres, la reforma de las instituciones estatales y la asistencia a la sociedad civil. De algún modo, el fomento de la democracia intentó difundir un patrón modelado por la experiencia occidental y anglosajona. Podemos afirmar que este hecho implicó tanto la universalización como el significado del concepto de sociedad civil (Kurki, 2010).

Todo ello se vio reflejado en las políticas de la UE con los países vecinos del Este y el Sur. El partenariado euromediterráneo y, más tarde, la Política Europea de Vecindad elaboraron una serie de instrumentos para apoyar a la sociedad civil del Sur y promover el intercambio y el trabajo en red con las organizaciones de la sociedad civil del Norte. 

La deficiente aproximación de la UE a la sociedad civil del Sur 

Sin embargo, las políticas de la UE con respecto al refuerzo de la sociedad civil se han revelado erróneas desde el principio. Uno de los efectos de la concepción normativa respecto a la sociedad civil adoptada por la UE es que solo los OSC seculares de «estilo occidental» puedan beneficiarse de los esquemas de ayudas financieras y pasar a formar parte de las redes de colaboración y los programas de intercambio y diálogo implantados entre ambas orillas del Mediterráneo. La mayoría de organizaciones de la sociedad civil que cumplen con los criterios de la UE no están establecidas en zonas remotas con base local, sino que son, sobre todo, asociaciones asentadas en las ciudades y dominadas por los representantes de las élites urbanas. En muchos casos están bien integradas en las redes internacionales y también pueden atraer fondos internacionales, pero casi siempre permanecen alejadas de la base local. Muchas veces, estas «organizaciones de la sociedad civil al estilo occidental» están orientadas a cumplir con las expectativas de los patrocinadores internacionales en vez de dirigirse a las necesidades urgentes y reclamaciones de ámbito local. En otras palabras, estas OCS suelen estar dirigidas por los representantes de unas pequeñas élites globalizadas que tienen acceso a las estrategias de financiación internacional. Muchas de las pequeñas organizaciones locales establecidas en zonas remotas apenas cuentan con las capacidades humanas, técnicas e institucionales, o ya simplemente con los conocimientos necesarios para poder beneficiarse de los programas e instrumentos de la UE. 

Además, es importante tener en cuenta que los regímenes autoritarios siguen predominando en los países vecinos del Sur. Estos suelen tolerar que las organizaciones de la sociedad civil mantengan un ámbito de actuación limitado y controlado. Por ello, las reglas y los procedimientos de admisión, las estructuras organizativas y las estrategias de financiación de estas organizaciones dependen, en gran medida, de la voluntad de las autoridades. Esta dependencia del régimen ha sido otro de los factores que ha condicionado las preferencias temáticas y las formas del activismo. Como muchas de estas organizaciones se han esforzado en mantener buenas relaciones con las autoridades, ello las ha llevado a evitar los problemas y los asuntos políticamente más sensibles. 

Otro factor importante respecto a la limitación de las OSC ha sido la lucha gubernamental contra el extremismo. En efecto, esta lucha ha legitimado una serie de medidas extraordinarias que han conducido a la limitación de los derechos humanos y las libertades democráticas. Túnez y Egipto, aunque a distinto nivel, son dos ejemplos de la creciente suspicacia instaurada con relación a la implicación extranjera en las OCS locales. 

En muchos lugares como Egipto, Túnez y Turquía, una serie de nuevas leyes restrictivas con respecto a las ONG han incrementado el control gubernamental y, muchas veces, han llevado a criminalizar la obtención de fondos extranjeros. 

Sin embargo, la sociedad civil no solo se ha visto atacada en los países del Sur y el Este mediterráneos. También en Europa ha tenido que enfrentarse a una serie de retos cada vez mayores.   

Los ataques a la sociedad civil europea

Treinta años después del final de la Guerra Fría y la proclamación de una nueva era liberal en la política mundial, los valores y las instituciones liberales también se han visto atacados en las democracias occidentales. Durante los últimos años, muchos estados miembros de la UE han experimentado un dramático aumento de las tendencias autoritarias e intolerantes, mientras que algunos países candidatos se han ido deslizando hacia la zona gris que se sitúa en algún punto entre el autoritarismo y la democracia liberal. Este aumento de las tendencias autoritarias e intolerantes ha producido una serie de efectos negativos en la sociedad civil. Por una parte, hemos visto emerger una infinidad de organizaciones de derechas, xenófobas y nacionalistas que defienden valores intolerantes y antidemocráticos; por otra, vemos que los gobiernos están intentando estrechar el control de las OCS y restringir sus actividades cuando estas chocan con los intereses políticos de turno. Este ha sido, concretamente, el caso de las organizaciones de defensa de los derechos humanos consagradas a la ayuda y el rescate de migrantes y refugiados. Las OCS que actúan en esos ámbitos han recibido presiones financieras y legales y, en muchos casos, las actividades de estas organizaciones han acabado criminalizándose. Italia y Hungría son dos ejemplos de estados miembros de la UE cuyos gobiernos han limitado el alcance operativo de las OCS que trabajan con refugiados y migrantes.  

Así pues, considerando el aumento de las tendencias autoritarias e intolerantes, a las organizaciones de la sociedad civil cada vez les resulta más difícil funcionar y llevar a cabo sus tareas. Además, muchas organizaciones se han visto afectadas por la crisis económica de 2008 y han sufrido graves problemas financieros. La captación de fondos también resulta cada vez más complicada. Al contrario que las organizaciones del Sur, las del Norte apenas tienen acceso a fondos y estrategias de financiación internacionales, ya que normalmente estos están reservados a los países en desarrollo. Así, dependen de donaciones individuales, fondos públicos de ámbito nacional y programas de la UE en los que suele haber una gran competencia. Por ello, podemos afirmar que el margen de maniobra de las OCS europeas se ha estrechado drásticamente. 

¿Qué se puede hacer? 

Considerando el hecho de que la definición de sociedad civil es bantante vago, es importante dejar a un lado las asunciones reglamentarias y reconocer que existe un amplio abanico de organizaciones y movimientos. No todos ellos constituyen una fuerza benigna que fomenta el avance de la democracia liberal. Mientras que algunos sí que presentan un enfoque liberal y pueden ser promotores de los valores democráticos, otros persiguen objetivos intolerantes. Por ello, es importante distinguir entre las organizaciones y sus respectivas ambiciones. 

Este alejamiento de las asunciones reglamentarias propuesto más arriba también incluye reconocer que la sociedad civil puede presentar distintas formas. La tendencia es que las personas se agrupen y participen activamente en plataformas temáticas, redes y movimientos sociales en los que apenas suele haber una presencia institucional. Estos grupos no están autorizados ni tienen oficinas o representantes legales. Sería muy importante, en este sentido, elaborar políticas, estrategias e instrumentos dentro del ámbito de la UE para dirigirlos a estas nuevas y potenciales fuerzas de cambio con el fin de integrarlas. Ello supondría, asimismo, el desarrollo de un catálogo que estableciera criterios más flexibles de cooperación y financiación para estas nuevas formas de la sociedad civil.   

Otro paso importante sería establecer un fondo destinado a la sociedad civil en la UE. Este fondo no solo mostraría y pondría en evidencia el compromiso de la UE con la sociedad civil como pilar fundamental de la democracia, sino también ayudaría a aquellas OCS que reciben ataques de los gobiernos nacionales (intolerantes y populistas) a la hora de evitar el ahogo financiero. Este fondo de la UE para la sociedad civil podría dar ayuda financiera condicionada por una serie de objetivos democráticos y criterios abiertos a cualquier organización, plataforma o red de la región euromediterránea.