El 13 de septiembre se cumplió el vigésimo aniversario de la Declaración de Principios entre el gobierno de Israel y la Organización para la Liberación Palestina (OLP) que dio comienzo al Proceso de Oslo. Cuando muchos pensaban que este proceso –posible gracias a las dinámicas bilaterales y multilaterales previamente creadas a través de la Conferencia de Paz de Madrid de octubre de 1991– presentaba un carácter unidireccional e irreversible, el estallido de la segunda Intifada palestina en septiembre de 2000 hizo que el marco de Oslo se derrumbara como un castillo de naipes. El final de la segunda Intifada, determinado por el fallecimiento del líder histórico del movimiento nacional palestino, Yaser Arafat, en noviembre de 2004, y la elección de Mahmud Abbas como presidente de la ANP en los comicios de enero de 2005, posibilitó la generación de confianza y la articulación de nuevas dinámicas durante los años posteriores.

Entre ellas cabe destacar las negociaciones llevadas a cabo por el propio Abbas y el entonces primer ministro israelí, Ehud Olmert, en la Conferencia de Annapolis promovida por EE UU en noviembre de 2007 y, sobre todo, durante los contactos bilaterales en 2008, hasta que Olmert se viera obligado a presentar su dimisión al verse incriminado en varios casos de presunta corrupción. El regreso de Netanyahu como primer ministro de Israel en marzo de 2009, pocos meses después de que Barack Obama fuera elegido presidente de EE UU, supuso un jarro de agua fría para las expectativas de paz.

No obstante, las aparentes intenciones de Obama para comprometerse con la puesta en marcha de un nuevo proceso –que quedaron recogidas en su famoso discurso “Un nuevo comienzo” pronunciado en la Universidad del Cairo en junio de 2009– obligó a Netanyahu a responder con otro discurso, 10 días después, en la Universidad de Bar Ilán.

Solución de dos Estados

En dicho discurso de política y estrategia, Netanyahu aceptó por primera vez públicamente la solución de dos Estados, que implicaba la creación de un Estado palestino independiente, aunque “desmilitarizado”. Igualmente aceptó las premisas establecidas por la Iniciativa de Paz Árabe, que había sido presentada formalmente por la Liga Árabe en marzo de 2002, y que luego fue corregida y ampliada por la Casa Real de Arabia Saudí en 2007, lo que hizo que pasara a conocerse también como Iniciativa de Paz Saudí.

Según esta, el conjunto del mundo árabe estaría dispuesto a firmar tratados de paz y buena vecindad con Israel, en tanto en cuanto se retirara de todos los territorios ocupados en la guerra de 1967 –no solo Cisjordania y la Franja de Gaza, sino también los Altos del Golán y las Granjas de Cheba– y además aceptara la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental y una solución justa al problema de los millones de refugiados palestinos que viven en los países limítrofes. La aparente determinación de Obama por impulsar un nuevo proceso de paz –que se concretó también en el nombramiento del prestigioso senador George Mitchel como enviado especial– y la presunta buena voluntad de Netanyahu para negociar, coadyuvaron a la decisión del gobierno hebreo de congelar durante 10 meses la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental.

Esta medida de confianza por parte israelí posibilitó nuevos contactos entre las partes que, sin embargo, no podrían calificarse como negociaciones propiamente dichas. La subsiguiente decisión israelí de no prorrogar la moratoria de construcción en las colonias, sino de dejar que esta expirara en septiembre de 2010, hizo a su vez que los representantes de la ANP rompieran los canales de interlocución y optaran por estrategias unilaterales. Por un lado, el presidente Abbas con sus sucesivas intervenciones ante la Asamblea General de la ONU.

Y, por otro, su entonces primer ministro Salam Fayyad, con la implementación de su plan “Terminando con la Ocupación, estableciendo el Estado”, por el que impulsó el desarrollo de todo el entramado institucional de la ANP para que pudiera asumir todos los atributos de soberanía y desempeñar las funciones formales de un Estado. Esta falta de interlocución y de entendimiento se prolongó hasta que Obama fue reelegido presidente en noviembre de 2012 y Netanyahu primer ministro en enero de 2013. La reedición de esta constelación política dentro de la relación especial entre EE UU e Israel y, sobre todo, el advenimiento de una serie de variables regionales –como la necesidad de dar una respuesta coordinada a la guerra civil siria, para la que EE UU necesita el apoyo logístico de Israel– e internacionales –como la dependencia de Israel en EE UU para hacer fracasar la militarización del programa nuclear iraní– han obligado a ambos mandatarios a entenderse.

En cualquier caso, da la impresión de que Obama confía en poder poner en marcha un proceso breve e intenso que desemboque en una especie de Camp David II y termine dando solución al conjunto de cuestiones que conforman el llamado Estatuto Definitivo. Es decir, la demarcación de fronteras, el futuro de los asentamientos, la gestión del agua y los recursos naturales, el retorno de los refugiados y la capitalidad de Jerusalén. Todo en espacio de unos nueve meses, ampliables a 12 si fuera necesario. De tener éxito, esto haría realidad el sueño de cualquier presidente de EE UU, al contribuir a una paz sostenible entre israelíes y palestinos, que le llevara a convertirse eventualmente en el primero en recibir un segundo Premio Nobel de la Paz.

Temores palestinos

Por su parte, la predisposición palestina vino más determinada por cuestiones de política interna que por alianzas exteriores. Abbas necesitaba ofrecer algo a sus ciudadanos que les permitiera visualizar su acción política, que realzara su perfil de estadista y que dotara de contenido a sus comparecencias ante la Asamblea General de la ONU. A esto se une el temor palestino a que la construcción unilateral de la barrera de separación de Cisjordania –que durante gran parte de su trazado de más de 750 kilómetros tiene forma de verja, mientras que la tiene de muro de hormigón en las áreas urbanas y los alrededores de Jerusalén Oriental– implique una anexión adicional de territorios, a pesar de que una opinión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de 2003 declara ilegal su trazado, al penetrar dentro de la Línea Verde.

Asimismo temen que la anexión de los grandes bloques de asentamientos que solicita Israel no tenga una contrapartida territorial similar en extensión, sino que se aplique un coeficiente de permuta inferior. Por no hablar de la llamada “Iniciativa de Estabilidad” de Naftali Bennett, que aboga por que Israel se anexione todas las Zonas C, es decir, las áreas rurales que constituyen el 60% de Cisjordania, antes de permitir la proclamación del Estado palestino. Además, el caos político de Egipto, la desestabilización institucional que están provocando los diferentes atentados terroristas registrados recientemente en Líbano y la bilocación de fuerzas por parte de la guerrilla chií Hezbolá, hacen que Israel se encuentre en una posición idónea para concentrarse en la resolución de la cuestión palestina.

En este caso aplicando el axioma de negociar la paz en pistas separadas y de forma secuencial, que no simultánea, tal como hizo tras la Conferencia de Madrid de 1991. Por otra parte, la actual debilidad del movimiento islamista Hamás –que gobierna la Franja de Gaza desde junio de 2007–, tras el derrocamiento del presidente egipcio Mohamed Morsi el 3 de julio, le hace más proclive a aceptar que Abbas lleve a cabo las negociaciones (aunque ya haya condenado la futilidad de las mismas y luego renuncie a su desenlace, en el caso de que este resultara positivo).

El nuevo papel de Kerry

La designación de John Kerry como secretario de Estado contribuyó en gran medida a reposicionar el proceso de paz israelo-palestino en la agenda internacional, dado que EE UU es el único actor con capacidad de influencia sobre ambas partes y que dispone de todos los recursos –militares, políticos y económicos– para avalar las negociaciones. Por ejemplo, la capacidad de desplegar un contingente militar fiable en el Valle del Jordán, en el caso de que Israel aceptara retirarse de este territorio bajo unas incontrovertibles garantías de seguridad.

Aquí podría tener lugar una acción conjunta con la UE para la buena gestión del paso fronterizo del Puente Allenby –que comunica Cisjordania con Jordania– dada la experiencia acumulada a través de su misión europea de asistencia fronteriza en el paso entre Gaza y Egipto, EUBAM Rafah. A pesar de la voluntad de influencia de la UE en este ámbito, EE UU es el depositario de los compromisos no escritos y de los mapas no mostrados que se barajaron en las negociaciones de Camp David de julio de 2000, cuando las partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo histórico. Igualmente de los llamados “parámetros de Clinton”, que vinieron a ser una oferta al alza tanto en el ámbito competencial como en el territorial para los palestinos, aunque finalmente Arafat decidiera no aceptarla al considerarla todavía insuficiente.

Y de las subsiguientes negociaciones de Taba, donde el que se achantó no fue Arafat sino el entonces primer ministro hebreo, Ehud Barak. En cualquier caso, el progreso en esta nueva ronda negociadora obligaría a EE UU a ofrecer contrapartidas e incentivos a Israel, sea a la hora de manejar la crisis siria o, sobre todo, la cuestión nuclear iraní. La experiencia demuestra que las negociaciones han de tener un tiempo de duración que no debe ser ni muy corto –para no dejar asuntos ni flecos sin resolver– ni muy largo –para no eternizarse y terminar encallando, como ocurrió con el Proceso de Oslo– sino que tienen que durar un lapso de tiempo óptimo. Negociadores expertos como el exministro de Justicia israelí y fundador de la Iniciativa de Ginebra, Yossi Beilin, han recomendado establecer un marco temporal máximo de un año, aunque interpretándolo con flexibilidad a la hora de conseguir sus objetivos intermedios.

Además, este plazo presentaría una correlación con la agenda política americana, dado que de cumplirse vendría a coincidir con el ecuador del segundo mandato de Obama. Este se sentiría libre de ataduras electorales para invertir el capital político necesario, especialmente a partir de la celebración de las elecciones al Congreso en otoño de 2014 y antes de entrar en su último año, en que tendrá que hacer campaña por otro candidato demócrata, que se convertiría en heredero de un legado de gran importancia para la política interior de EE UU, como es todo lo relativo a Israel.

‘Rompiendo el impasse’

Kerry no está solo en su empeño por reactivar el proceso de paz entre Israel y la ANP. Tal como quedó patente en la última reunión del Foro Económico Mundial celebrada en un hotel a orillas del mar Muerto, el secretario de Estado cuenta con el apoyo de un importante lobby de empresarios, conocido por el nombre de “Rompiendo el impasse”. Entre sus aproximadamente 300 miembros se encuentran tanto grandes empresarios israelíes y palestinos, como ejecutivos locales de las principales corporaciones multinacionales.

A diferencia de anteriores plataformas como la Iniciativa de Ginebra, este nuevo grupo de presión no parte de premisas pacifistas, sino economicistas. Según su análisis, la solución del conflicto a partir del modelo de los dos Estados sentaría las bases para un crecimiento exponencial en varios sectores de la economía. Los integrantes de “Rompiendo el impasse” han celebrado ya varias reuniones formales en el marco de diferentes conferencias económicas globales en Estambul, Ginebra, Davos y el mar Muerto. Este último fue el foro en el que Kerry anunció la próxima puesta en marcha de un ambicioso proyecto de inversiones valorado en 3.000 millones de dólares a recaudar en el ámbito estrictamente privado, sin inversión pública.

Según sus previsiones económicas esto posibilitaría un incremento del 50% del PIB de Cisjordania y la reducción de su tasa de desempleo del 21% al 7% en espacio de tres años. Entre los sectores beneficiados se contarían el turismo, las grandes infraestructuras, la construcción, la agricultura y la tecnología. Aun así, Kerry no especificó quiénes serán los inversores ni cuándo tendrá lugar el desembolso, trasladando dicha responsabilidad a Tony Blair, representante del Cuarteto para Oriente Próximo (formado por EE UU, la UE, Rusia y la ONU), cuya oficina permanente en Jerusalén asegura estar todavía consultando con los empresarios de uno y otro lado. Igualmente señalaba en un comunicado oficial que esta iniciativa económica en ningún momento puede sustituir al proceso de paz, sino que ha de complementarlo.

De momento el portavoz de los empresarios palestinos, el magnate de los hidrocarburos, la construcción y las telecomunicaciones, Munib al Masri, no ha querido crear expectativas que más adelante se puedan transformar en frustraciones, asegurando que su eventual contribución financiera tendrá lugar cuando vea que el proceso de paz realmente se reactiva. La postura de Al Masri parte de las lecciones aprendidas tras las inversiones previas en infraestructuras, como por ejemplo el aeropuerto internacional de Gaza, que fuera completamente destruido en sucesivas operaciones militares de represalia israelíes, provocando pérdidas millonarias.

También se muestra cauto el representante de los empresarios hebreos, Yossi Vardi, quien creara su primera empresa de software en 1969 y actualmente es el principal inversor en capital riesgo del país, habiendo contribuido a la financiación de más de 60 exitosas startups, algunas de prestigio internacional. Esta cautela es también fruto de lecciones aprendidas del fracaso de Oslo, como fue por ejemplo la del Casino Oasis de Jericó, donde los inversores privados israelíes perdieron una importante suma económica (dado que la ley judía o Halajá prohíbe terminantemente el juego, la jointventure del casino se materializó en territorio palestino, convirtiéndose entonces en el principal empleador de Cisjordania después de la ANP). De funcionar las negociaciones –que tendrán que sortear obstáculos casi infranqueables como la imparable construcción de nuevas colonias israelíes y el normalmente sangriento desenlace de las redadas militares en Cisjordania– e implementarse el Plan Kerry, el sector más beneficiado a corto plazo sería el del turismo.

El año pasado supuso un nuevo récord de visitas a Israel, contemplando la llegada de más de 3,5 millones de turistas y peregrinos, lo que constituyó un incremento del 4% respecto del ejercicio anterior, reportándole al Estado unos beneficios estimados en 36.000 millones de shekels (más de 7.500 millones de euros). Y las previsiones gubernamentales para este año 2013 son incluso mejores. Según las ideas avanzadas por Kerry para el desarrollo del turismo, Israel debería devolver el tercio norte del mar Muerto a los palestinos –siguiendo así la Línea Verde reconocida por las resoluciones de la ONU– y crear un sistema de cogestión junto con el emergente Estado de Palestina y con Jordania similar al que mantienen Alemania, Austria y Suiza en el lago Constanza.

Igualmente ha sugerido la construcción de un nuevo aeropuerto en Jericó, donde los aviones palestinos accederían desde el espacio aéreo jordano, sin penetrar en el espacio israelí, cumpliendo así con sus estrictas demandas de seguridad. De conseguirlo, haría realidad ese gran sueño político que el hoy nonagenario presidente de Israel, Simón Peres, planteara en aquella utópica obra suya sobre El nuevo Oriente Medio.