Las elecciones presidenciales de Líbano debían celebrarse el 25 de mayo de 2014, el día en que llegaba a su fin el mandato de seis años del presidente Michel Sleiman. Sin embargo, las dos coaliciones políticas rivales –la coalición prosiria 8 de Marzo y la anti-siria 14 de Marzo– no han sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre el candidato dentro del plazo constitucional. En la primera sesión parlamentaria fijada para elegir al presidente, el 23 de abril de 2014, ningún candidato tenía garantizada una mayoría de dos tercios en el Parlamento de 128 miembros.

El líder de Fuerzas Libanesas, Samir Geagea (candidato de la anti-siria Alianza del 14 de Marzo y conocido crítico de la facción militar de Hezbolá), consiguió 48 votos de los 86 exigidos. Respaldado por los parlamentarios del dirigente druso Walid Yumblatt, el candidato de consenso, Henri Helu, obtuvo 16 votos. Los parlamentarios de la pro-siria Alianza del 8 de Marzo votaron en blanco. Hay que señalar que su posible candidato presidencial, Michel Aun, líder de Corriente Patriótica Libre, se abstuvo de presentar oficialmente su candidatura mientras no hubiese un consenso sobre su nombramiento.

Según muchos observadores, sin embargo, el pasado político de Aun le hace tan controvertido como a Gagea. En las posteriores sesiones celebradas antes de que expirase el mandato de Sleiman, no hubo quórum en el Parlamento debido al boicot de la coalición 8 de Marzo. Utilizando su capacidad de veto, los parlamentarios de la coalición dirigida por Hezbolá trataron de presionar a 14 de Marzo para que deliberase sobre un candidato de consenso en vez de apoyar a Gagea. La Alianza 14 de Marzo, desaprobando lo que sus miembros consideran un uso ilimitado y perjudicial de la capacidad de veto, ha acusado por su parte a 8 de Marzo de minar el proceso electoral.

Retrospectivamente, el proceso previo a las elecciones presidenciales de Líbano de 2014 se parece más a una puja poco transparente que a una carrera electoral democrática. Se trata de un nuevo momento crítico indicativo de los dilemas inherentes a la política libanesa, basada en la política sectaria. ¿Por qué? ¿Cómo interpretar este episodio de la turbulenta historia de Líbano? Y, desde una perspectiva más amplia, ¿qué nos dice la historia libanesa sobre los dilemas de las elecciones presidenciales en sistemas supeditados a unas líneas sectarias polarizadas?

El contexto de las elecciones presidenciales

En los últimos meses, no solo Beirut, sino también Damasco y El Cairo, se han estado preparando para unas elecciones presidenciales. Mientras que los comicios de Siria y Egipto tienen un gran significado simbólico en el contexto de los levantamientos que han sacudido ambos países desde 2011, no era de esperar que en Líbano alterasen demasiado el panorama político. Aun así, las elecciones presidenciales de 2014 no consistían simplemente en elegir a un representante de la comunidad cristiana maronita de Líbano, sino que tienen ramificaciones internas y externas, que pueden resumirse de la siguiente forma.

Primero, la carrera hacia la presidencia refleja la complejidad y fluidez de los patrones de formación de coaliciones intersectarias que influyen en las estructuras del poder en Líbano. Segundo, pone de manifiesto la incómoda relación entre los acuerdos sectarios para compartir el poder y los procesos democráticos. Se supone que el presidente debe ser elegido a raíz de unas elecciones competitivas en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en la práctica, la naturaleza de los pactos sectarios libaneses exige que los parlamentarios lleguen a un consenso sobre el candidato.

Este consenso no solo depende de los dirigentes nacionales de Líbano, sino también de sus aliados extranjeros. En este contexto, los retos de la negociación y el lastre de las disputas frustran el proceso electoral. Y tercero, aunque la pequeña república no fue testigo de ningún levantamiento en 2011, ha sufrido las repercusiones de las transformaciones que la han rodeado, en especial del conflicto sirio. Por tanto, las elecciones presidenciales en Líbano ofrecen mucha información sobre la influencia que las potencias externas mantienen sobre los poderes locales. Además revelan qué potencias tienen interés en Líbano como extensión geopolítica de la crisis siria.

La política sectaria de Líbano

En general, se da por sentado que en la mayoría de las democracias, las elecciones son el mejor medio para expresar la voluntad popular y garantizar la estabilidad del contrato social que mantiene unidos a los ciudadanos. Sin embargo, las elecciones presidenciales y parlamentarias siguen desempeñando una función controvertida en las sociedades de posguerra en las que los procesos competitivos de democratización suponen un problema para el mantenimiento de la paz entre los diversos grupos de electores. Esta relación de doble filo entre las elecciones y la gestión del conflicto democrático ha sido estudiada ampliamente por la literatura académica.

En teoría, los procesos electorales correctamente diseñados contribuyen a relajar las tensiones y a hacer frente a las causas de la violencia. Por ejemplo, permiten que partidos en conflicto se integren en el proceso político. En la práctica, tanto las elecciones presidenciales como las parlamentarias han tenido un legado desigual en los países que pasan por una posguerra. En algunos casos, no han sido más que farsas. En otros, funcionan como referencias polarizadoras. Líbano es un ejemplo de esto último. En un sistema de gobierno fragmentado en el que a unos grupos étnicos y religiosos determinados se les asignan de forma proporcional los cargos políticos, unas elecciones, ya sean presidenciales o parlamentarias, ponen de manifiesto diversos dilemas: el problema de la representación sectaria, la fragilidad de la cohesión nacional y los costes de la mediación externa para acabar con los puntos muertos.

Líbano es una sociedad multisectaria con 18 grupos cristianos y musulmanes reconocidos. Su sistema político debe contemplarse como un ejemplo de reparto del poder o consociacionalismo organizado en función de las divisiones etnorreligiosas. Desde una perspectiva teórica, en un sistema así, el comportamiento cooperativo de los dirigentes políticos debería salvar las diferencias inherentes a la dividida sociología política del país. Los líderes deben representar a los diferentes grupos sociales y tratar de construir alianzas entre ellos, lo que contribuye a un doble fin: la democracia y el reparto del poder. En la práctica, sin embargo, el sistema de Líbano se ha desviado mucho de este modelo consociacionalista normativo.

El sistema depende mucho de una coalición ejecutiva en la que el presidente de la república es maronita, el primer ministro suní y el portavoz del Parlamento chií. Desde la independencia de Líbano en 1943, la función del presidente maronita en este sistema ha sufrido varios cambios fundamentales. La primera república de 1943 consagraba la primacía del presidente maronita y le concedía importantes prerrogativas. Antes de la guerra civil de 1975-1990, por ejemplo, el presidente podía nombrar al primer ministro y a los miembros del gabinete. Según algunas escuelas de pensamiento, esto fue un detonante clave, ya que molestaba a otros grupos de la comunidad y terminó provocando esa guerra intestina.

Tras el conflicto, el acuerdo de Taif de 1989 intentó rectificar este equilibrio reduciendo el poder del presidente. Otorgó más poder al primer ministro suní y al portavoz chií del Parlamento. Contemplaba además un consejo de ministros más fuerte que representase a diversas corrientes políticas y sectarias. Sin embargo, el acuerdo de Taif reafirmó el sentimiento general de ihbat, o marginación, cristiana. Además, los enfrentamientos entre los tres principales cargos ejecutivos han minado la capacidad de las coaliciones libanesas de reparto del poder para actuar como espacios políticos eficaces.

Una república polarizada

Entender los dilemas que subyacen tras las elecciones presidenciales de Líbano en 2014 exige un análisis de varios niveles. Por un lado, se debería tener en cuenta la distribución sectaria del poder con el telón de fondo de las comunidades descontentas. También debería examinarse las relaciones recíprocas entre Líbano y la región en el contexto posterior a 2011. La recuperación de Líbano tras la guerra civil ha estado llena de desafíos: lograr la reconciliación entre las diferentes comunidades, reforzar los bajos niveles de cohesión nacional y garantizar que los conflictos regionales no agraven las tensiones intersectarias a través del prisma de los aliados locales.

El pequeño sistema de gobierno pasó por un momento decisivo en 2005. Las divisiones cada vez mayores que fermentaban desde el año 2000 por la hegemónica función militar y política de Siria en Líbano cristalizaron en dos visiones enfrentadas de la construcción del Estado. Tras la ampliación anti-constitucional del mandato del expresidente Emile Lahud, y el asesinato del exprimer ministro Rafik Hariri en febrero de 2005, las protestas anti-sirias barrieron el país durante dos meses y, bajo una fuerte presión internacional, culminaron en la salida de las tropas sirias. Desde entonces, Líbano ha estado dividido en dos grandes coaliciones políticas. Encabezados por el chií Partido de Dios (Hezbolá), los pro-sirios o coalición 8 de Marzo han intentado armonizar la trayectoria política de Líbano con el régimen sirio.

También han defendido el ala militar de Hezbolá como una necesidad regional. Además, han condenado la politización del Tribunal Especial para Líbano, creado para perseguir a los responsables del asesinato de Hariri. En marcado contraste, la anti-siria Coalición 14 de Marzo –dirigida por el movimiento Futuro, de base suní– defiende que Líbano se distancie del régimen de Bashar al Asad. Considera el arsenal de Hezbolá un elemento que mina el monopolio estatal sobre la violencia legítima. Además, mantiene estrechos vínculos con Occidente y Arabia Saudí. En medio de la creciente polarización desde 2005, las elecciones presidenciales y parlamentarias han representado momentos críticos. Vale la pena subrayar dos ejemplos.

Con el final del mandato del presidente pro-sirio Lahud en 2007, Líbano se hundió en una crisis que acabó con el acuerdo de Doha de 2008, que posibilitó la elección del presidente Michel Sleiman como candidato de consenso tras meses de vacío presidencial. Con mediación externa, el acuerdo alcanzó el objetivo de relajar –aunque temporalmente– las fuertes tensiones entre las coaliciones 8 de Marzo y 14 de Marzo, y de terminar con el impasse de la presidencia. En 2013, las elecciones parlamentarias se suspendieron porque se pensó que las repercusiones de la crisis siria en suelo libanés serían demasiado graves para convocar elecciones.

De hecho, la división entre las dos coaliciones rivales no ha parado de aumentar desde el aplastamiento brutal de las revueltas por parte del régimen sirio. En el centro del problema se encuentra la controvertida implicación de Hezbolá en Siria en defensa del régimen de Al Asad. Con este telón de fondo, no es de extrañar que el periodo previo a las elecciones de 2014 representase otro momento de polarización. Sus divisivas repercusiones se deben a la naturaleza de los alineamientos que el futuro presidente llevaría a cabo dentro del milimétrico reparto de poder de Líbano.

Bajo esta perspectiva, han surgido una serie de preguntas polémicas en los últimos meses: ¿qué visión de construcción del Estado adoptará el presidente? ¿Será más cercano a la alianza 14 de Marzo o será “amigo de la resistencia”? ¿Tenderá un puente que salve la distancia entre ambas coaliciones? Si es así, ¿qué margen de maniobra tendrá? ¿Y dónde posicionará el presidente a las comunidades cristianas de Líbano dentro de la lucha más general entre suníes y chiíes? Si la decisión final recae en un candidato de consenso, ¿significa esto que el puesto ejecutivo cristiano de más nivel se verá reducido a una simple figura decorativa?

Como el consenso se ha visto frustrado por la polarización de la política libanesa, la mediación externa se ha vuelto inevitable. De hecho, aunque potencias como Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí pedían en abril y mayo de 2014 una presidencia “fabricada en Líbano”, había muchas expectativas respecto a que las negociaciones en la sombra con las potencias externas pusieran fin al impasse. Durante ese periodo, muchos se preguntaban si un acercamiento saudí-iraní podría suavizar las tensiones interlibanesas en relación con el cargo maronita, y si ello traería un avance electoral.

¿Qué hay de la esfera pública en un sistema político dominado por la élite?

Mientras las dimensiones geoestratégicas de la presidencia de Líbano en 2014 acaparaban el protagonismo, se prestaba poca atención a la función y las percepciones de los ciudadanos libaneses. En el periodo de posguerra, los analistas han criticado a menudo el hecho de que la voluntad popular no contase con un espacio deliberativo suficiente para hacer oír su voz en medio de las luchas por el poder de las élites. De hecho, en el periodo previo a las elecciones de 2014, han aflorado duras críticas entre la sociedad civil respecto a en qué medida las negociaciones de la élite reflejan la opinión popular de los libaneses.

En concreto se ha criticado la falta de transparencia en relación con los criterios de elegibilidad de los presidentes. Se piensa que estos se dejan en un segundo plano para dar prioridad a los criterios relacionados con el consenso, dictados por consideraciones pragmáticas sobre la seguridad y los problemas geopolíticos de Líbano. Estos criterios sobre el consenso podrían describirse mediante la siguiente ecuación: el presidente no debe mostrarse desafiante respecto al arsenal de Hezbolá ni al régimen sirio pero, al mismo tiempo, debe tratar de salvaguardar la política de disociación de Líbano de la crisis siria.

Estas restricciones dejan fuera, por ejemplo, a los radicales cristianos que no quieren actuar dentro de los límites de este marco. En mis conversaciones con los ciudadanos libaneses, muchos protestan porque los criterios de elección del presidente no dependen del programa que presente para reforzar unas instituciones frágiles y solventar las desigualdades socioeconómicas. Muchos cuestionan además la utilidad del procedimiento electoral, ya que son las consultas secretas las que verdaderamente dictan los resultados electorales. Las entrevistas que he realizado también ponen de manifiesto que la opinión pública está dividida respecto a la importancia de la presidencia de Líbano en 2014.

Unos cuestionan la elección de una figura cristiana acomodaticia y neutral, y perciben esa estrategia como otro golpe para una comunidad cristiana que, tras la guerra, ha visto cómo su función quedaba ensombrecida por la división entre suníes y chiíes. Otros, por el contrario, advierten del riesgo de elegir a un radical combativo en un momento en el que Líbano pasa por un periodo de agitación interna y regional.

Los dilemas de las elecciones presidenciales en el Líbano de la posguerra

El punto muerto de las elecciones presidenciales ha vuelto a demostrar la necesidad de reformar un sistema renqueante que da prioridad a las lealtades y alianzas sectarias, frente a los proyectos nacionales. En un sistema de gobierno tan dividido, los dirigentes sectarios buscan la validación de las potencias externas para reforzar su liderazgo. También recurren al apoyo externo como mecanismo de arbitraje cuando las deliberaciones se estancan.

De hecho, según algunos analistas, el vacío de poder presidencial refleja una actitud de espera de Líbano ante las elecciones presidenciales de Siria en junio. Según otros, la situación nacional es un reflejo de las luchas de poder regionales en el contexto árabe posterior a 2011. Desde este punto de vista, países como Irán y Rusia estarían a favor de un candidato de consenso en Líbano, más que de un radical que se oponga al apoyo que brinda Hezbolá al régimen de Al Assad. Con estos antecedentes, ¿qué función pueden desempeñar los actores internacionales como la Unión Europea a la hora de impulsar las futuras elecciones presidenciales de Líbano como camino hacia la reforma, la representatividad y la institucionalización?

Mediante la política europea de vecindad (PEV) y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los Estados de la UE pueden incentivar a los políticos libaneses para que lleven a cabo unas elecciones presidenciales “hechas en casa”. También podrían fomentar procesos consultivos interregionales que incluyesen a representantes estatales y a actores no estatales. Estos procesos consultivos podrían deliberar sobre posibles formas de reducir la dependencia libanesa de los agentes externos y elaborar reflexiones basadas en las investigaciones sobre cómo consolidar la primacía de las instituciones y las lealtades intercomunitarias por encima de los vínculos clientelistas y los proyectos políticos excluyentes.