El pasado 23 de octubre los tunecinos fueron a las urnas para elegir una Asamblea Constituyente, la segunda desde 1956, después de que el país lograra la independencia. Esta asamblea redactará una nueva Constitución, para poner en marcha un sistema político que rompa con el presidencialismo y sus consecuencias nefastas: despotismo, culto a la personalidad, clientelismo y corrupción, el pan de cada día de los tunecinos durante medio siglo. Los resultados de estas elecciones evidencian una ventaja holgada del partido islamista Ennahda (derecha religiosa, 89 escaños de 217), seguido del Congreso para la República (CPR, centro-izquierda, 30 escaños), Petición Popular (derecha popular, 26 escaños) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, centro-izquierda, 21 escaños). El resto de formaciones de izquierda progresista, que encabezaron una campaña anti-islamista, han registrado peores resultados. Se trata del Partido Democrático Progresista (PDP, centro-izquierda, 17 escaños), el Polo Democrático Progresista (PDM, centro-izquierda, cinco escaños) y, en menor medida, el Partido Obrero Comunista Tunecino (POCT, trotskista, tres escaños). Lo mismo puede decirse de los partidos liberales, donde se han dado cita elementos próximos al antiguo régimen: Al Mubadara (La Iniciativa, cinco escaños), Afek Tunes (cuatro escaños) y Al Mustaqbal (El Futuro, un escaño).

Las lecciones del escrutinio

Cómo interpretar los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente y qué lecciones extraer para el futuro?

-Un compromiso ciudadano: los electores tunecinos acudieron en masa a los colegios electorales en los primeros comicios realmente pluralistas, democráticos y transparentes. Lo que revela un entusiasmo sin precedentes y un compromiso ciudadano que marca un giro en la vida del país.

Los tunecinos, que prendieron la mecha de la revolución árabe del siglo XXI, dan la sensación de querer también construir la primera democracia árabe. El movimiento parece irreversible, y el pueblo, que arrancó el germen de las revueltas árabes, parece decidido a seguir dando ejemplo, así como a proporcionar las herramientas y el manual de uso de una transición pacífica al resto de la región.

-Una voluntad de ruptura: con su voto, el electorado ha querido subrayar su voluntad de ruptura definitiva con la dictadura, la corrupción, la injusticia y las desigualdades sociales. Los partidos sospechosos de tener vínculos con el antiguo régimen, el anterior partido gobernante o los lobbies del mundo empresarial (PDP, PDM, Afek Tunes, La Iniciativa, El Futuro…) han sido a todas luces rechazados.

-El protagonismo de Ennahda en el juego político: la victoria del partido islamista, aunque limitada por el modo de escrutinio (listas proporcionales con el método del resto mayor) es, sin embargo, obvia, lo que supone un cambio profundo y duradero en el paisaje político.

El partido islamista, que ha permanecido 40 años en la ilegalidad (con el aval y el apoyo de las potencias occidentales), ocupa ahora un lugar central en el tablero político nacional. La historia militante de este movimiento (cuyos miembros sufrieron el acoso, la tortura, la prisión y el exilio) y su arraigo popular le permitirán mantenerse largo tiempo en el centro del juego político del país.

-Los islamistas y el “modelo tunecino de sociedad liberal”: con el 41% de los escaños de la Constituyente, Ennahda no cuenta con la mayoría absoluta que le permitiría orientar las grandes decisiones sociopolíticas del país. Para gobernar, deberá aliarse con otros dos vencedores de los comicios, con los que había mantenido negociaciones preelectorales: el CPR y el FTDL. Al frente de éstos hallamos a dos fundadores y antiguos dirigentes de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, Moncef Marzouki y Mustafá ben Jaafar, respectivamente, conocidos por su vinculación con las cuestiones de las libertades y los derechos humanos.

Por consiguiente, los temores que hoy manifiestan liberales y laicos, relativos a una hipotética vulneración del “modelo tunecino de sociedad liberal” (modernidad social, apertura a Europa, liberalismo económico, etc.) parecen infundados o exagerados. En otro orden de cosas, las primeras reacciones de los dirigentes islamistas tras la proclamación de los resultados y durante el periodo de formación del gobierno son más bien tranquilizadoras, al expresar una voluntad de concentración de todas las fuerzas políticas del país en torno a un proyecto de recuperación nacional. Esta política de la mano tendida todavía no encuentra un eco favorable entre las fuerzas progresistas y laicas, que parecen decididas a permanecer en la oposición.

No obstante, muestra el deseo real de los islamistas de lograr el máximo consenso posible en torno a cuestiones nacionales fundamentales, a saber, la formación de un nuevo gobierno de transición, la reorganización de los poderes provisionales, la reestructuración del sistema político, la redacción de una nueva Constitución, etc.

También hay que decir que Ennahda, tras 40 años de prohibición y represión, no cuenta ni con los medios ni el conocimiento necesarios para dirigir los asuntos de un país como Túnez, muy abierto al exterior, en los planos social y económico. De ahí también el afán de sus dirigentes por tender la mano a todas las formaciones y los hombres de negocios, con la voluntad de lograr el mayor consenso posible y así ayudar al país a superar la crisis política, económica y social actual con el mínimo de perjuicios.

Al multiplicar las garantías de buena conducta y reiterar su compromiso con el mantenimiento (e incluso consolidación) del modelo socioeconómico tunecino (estatus de la mujer, turismo, liberalismo…), el partido islamista querría tranquilizar alos tunecinos, pero también –y sobre todo– a los socios extranjeros del país, en particular la Unión Europea, con quien realiza cerca del 80% de su comercio exterior, de sus ingresos procedentes del turismo, de las inversiones extranjeras, etc. Con ello, Ennahda también expresa su deseo de reorientación estratégica, más conforme a su nuevo rol de partido gobernante.

Entre los dirigentes de Ennahda, la doctrina parece ahora abrir paso a la realpolitik, y el proselitismo al pragmatismo. Son conscientes de que, para gobernar, necesitan el apoyo de poblaciones que siguen muy vinculadas a sus estilos de vida, por decirlo de algún modo, mediterráneos. Y que también esperan mucho más que discursos sobre la identidad arabomusulmana, el tema central de su campaña electoral: respuestas a los problemas del desempleo, del encarecimiento de los precios, de las desigualdades regionales, etc. Además, la revolución del 14 de enero conllevó la entrada en escena de un nuevo factor: los tunecinos, que han pagado un precio muy elevado (más de 300 muertos) por saborear las mieles de la libertad, ya nunca aceptarán la opresión, ni tan siquiera la limitación de sus libertades y derechos. Y los islamistas lo saben muy bien.

Los actores de la transición

-Los partidos: hoy, la escena política tunecina cuenta con más de un centenar de partidos. Tras estos primeros comicios posteriores a la revolución, puede que queden, como mucho, una docena: los partidos históricos (Ennahda, PDP, Ettaydid, FDTL, POCT…) y algunos surgidos tras la revolución (Afek Tunes, La Iniciativa, El Futuro, etc.). Las próximas elecciones legislativas, probablemente dentro de un año y medio, nos darán una idea más precisa de las fuerzas políticas presentes.

Junto a los partidos, las múltiples personalidades independientes, que desempeñaron un gran papel como impulsoras de la campaña electoral, sin que sus listas lograran escaños, quizás se verán obligadas a incorporarse a los tres o cuatro partidos salidos de las urnas. El escrutinio del 23 de octubre reveló que el fenómeno de las listas independientes, surgido a raíz del déficit de confianza en los partidos, ha fracasado. No en vano, la vida política tunecina parece encaminarse a una mayor polarización partidista.

-La sociedad civil: tras el 14 de enero, la sociedad civil, largo tiempo amordazada por el antiguo régimen, dio rienda suelta a toda su energía y creatividad. La multiplicación de asociaciones e iniciativas ciudadanas en los últimos 10 meses denota un gran dinamismo por parte de la sociedad civil, y una sed de participación en la gestión de lo público, sobre todo entre los ciudadanos más jóvenes y mejor formados. No debemos pasar por alto esta evolución, puesto que atestigua la necesidad de redistribución (y reajuste) de los papeles entre el Estado, la administración, los partidos políticos y la sociedad civil. Los ciudadanos, por su parte, parecen decididos a llevar hasta el final una revolución que consideran inacabada e incluso amenazada por las fuerzas en la sombra y los grupos de interés.

-El gobierno: se trata de uno de los más antiguos y mejor estructurados de la región. Ha sabido mantenerse firme en los momentos más difíciles, para garantizar la continuidad constitucional, administrativa y de los servicios públicos. A falta de una “legitimidad popular”, los tres gobiernos provisionales instituidos tras la caída del antiguo régimen (Mohamed Ganuchi 1 y 2, y Beji Caid Essebsi) se valieron de la “legitimidad funcional” –conferida por la organización provisional de los poderes– para administrar los asuntos del día a día, no sin tropezar con dificultades e incomprensiones. No obstante, los resultados son, en conjunto, bastante concluyentes, aunque siga habiendo zonas con sombras que todavía empañan el balance del gobierno provisional.

En cuanto a la seguridad, la situación está más o menos bajo control, a pesar de estallidos intermitentes, fomentados por supervivientes del antiguo régimen que buscan provocar tensiones y confusión, para así ocultarse mejor y no tener que rendir cuentas.

Los proyectos de la transición

-La policía: sin duda, al cuerpo más implicado en el antiguo régimen (vulneración de las libertades, acoso a los opositores, tortura e incluso asesinatos), le queda mucho para estar saneado. Unos 40 antiguos mandos se han visto obligados a jubilarse. Decenas de policías están siendo llevados a juicio por haber disparado (u ordenar disparar) contra los manifestantes durante la revolución. Se han puesto en marcha varios programas para reformar una institución que durante mucho tiempo se dedicó a proteger al dictador y sus allegados. Sin embargo, cambiar las mentalidades e instaurar buenas prácticas requiere su tiempo. Este será un de los grandes proyectos del gobierno que emerja de la Asamblea Constituyente.

-La justicia: aquí también la mitad del trabajo está por hacer. Los juicios a Ben Ali, miembros de su familia y antiguos colaboradores en el gobierno y en el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD, el partido del gobierno disuelto) van para largo. No obstante, más allá de las críticas de las que todavía es blanco la magistratura, largamente supeditada a los deseos de Ben Ali y los suyos, el estamento se halla actualmente en plena efervescencia.

Y aunque tarden en reformarse y en recobrar cierta credibilidad a ojos de los justiciables y de la ciudadanía, se detecta entre los magistrados un deseo real de redimirse y de mantener la justicia a salvo de toda presión, venga de donde venga. Sin embargo, el sistema debe sanearse y librarse de los elementos que lo han ido pudriendo en los últimos 20 años. Con un colectivo paralizado por sus divisiones internas, solo un gobierno legítimo, es decir, salido de las urnas, podrá actuar con autoridad para imponer los cambios estructurales necesarios.

-Los medios de comunicación: el sistema de información, otro de los pilares del antiguo régimen, también se afana en ajustarse al ritmo de las transformaciones profundas que ha vivido el país en 10 meses. Los medios de comunicación públicos, sobre todo las radios y televisiones, hacen esfuerzos loables por romper con sus antiguas y viciadas prácticas.

En la última campaña electoral (20-21 de octubre), destacaron por su (relativa) neutralidad, imparcialidad y profesionalidad. La transformación es, desde luego, laboriosa, y no sobra el talento; durante los años de plomo, los canales internacionales, en particular del Golfo, se hicieron con todos los buenos profesionales. Sin embargo, los periodistas del servicio público ponen todo su empeño en respetar las reglas deontológicas y las normas del oficio. Y aunque –genio y figura– siga habiendo tentaciones de volver atrás, el colectivo sale airoso del trance. En la actualidad, quienes más problemas plantean son los medios privados.

Para ellos, que hace meses estaban al servicio de la dictadura, la libertad es, según cómo, sinónimo de ajustes de cuentas, regateos y manipulaciones a las órdenes de los “nuevos amos” potenciales del país. Los tratos, contantes y sonantes, entre esos medios de comunicación y los dirigentes de ciertos partidos, de repente demasiado enriquecidos, no han ayudado precisamente a imponer unas condiciones mínimas de equidad y transparencia en cuanto a cobertura de las formaciones políticas, ni de profesionalidad en el tratamiento de la información económica y social.

La supervisión de los medios durante la campaña electoral, iniciada por la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), puso en evidencia, además, un gran desequilibrio en la cobertura por parte de los medios privados entre partidos, coaliciones e independientes. Las alianzas y partidismos eran flagrantes. De modo que, a pesar de la prohibición de propaganda política, decretada por el gobierno provisional basándose en la propuesta de la ISIE, se diría que el dinero ha influido en las líneas editoriales de los medios de comunicación privados.

Es de esperar que los nuevos decretos-ley de regulación del sector, promulgados el 14 de octubre, una semana antes del fin de la campaña, contribuyan a poner algo más de orden y responsabilidad en este sector tan criticado por la población. Se trata del nuevo Código de la Prensa y de la ley por la que nace una Alta Autoridad Independiente de la Comunicación Audiovisual (HAICA, en sus siglas en francés), cuyo cometido es regular el sector audiovisual, donde el país cuenta con más casos perdidos.

El inevitable consenso nacional

Más allá de los acuerdos logrados por la Constituyente para garantizar la continuidad del Estado, básicamente con el nombramiento de un nuevo presidente de la república y la constitución de un cuarto gobierno provisional para gestionar los asuntos pendientes hasta las próximas legislativas, Túnez parece ya embarcada en una transición democrática. Una transición donde la polarización excesiva de la vida política entre dos tendencias diametralmente opuestas –por un lado los identitarios (arabistas, islamistas…) y, por otro, los modernistas (liberales, de izquierdas…)– no impide (más bien impone) la búsqueda de un consenso basado en el máximo denominador común.

El consenso es, pues, inevitable. De hecho, es lo único que impedirá la parálisis de un gobierno, la elaboración y adopción de una nueva Constitución en un plazo máximo de un año con el acuerdo de todas las partes, así como la organización de elecciones legislativas (y puede que también presidenciales, según el nuevo sistema político adoptado), probablemente dentro de un año y medio (el 14 de enero de 2013 en el mejor de los casos). Aun sin ser razonable, por demasiado breve, el plazo debe ser este. No en vano, el país, con una economía muy dependiente del exterior que pasa por un mal momento (se prevé un crecimiento de entre el 0% y el 1 % en 2011 y del 4,5 % en 2012, siempre que todo vaya bien) no puede permitirse una transición interminable e indecisa, que también podría degenerar en tensiones y conflictos.

Todos los miembros de la Constituyente están avisados: no podrán dormirse en los laureles y perderse en debates interminables sobre cuestiones banales, como la identidad de los tunecinos o la religión de su Estado. Corren el riesgo de hacer peligrar los frágiles equilibrios socioeconómicos, que los disturbios posteriores a la revolución ya dejaron bastante maltrechos. Si cuenta con volver a dar trabajo a los 700.000 parados del país, proporcionar fuentes de ingresos a los pobres, el 11% de la ciudadanía, según las estadísticas publicadas tras la caída del antiguo régimen, y dar motivos de esperanza a los habitantes de las regiones del interior, durante mucho tiempo apartados del proceso de desarrollo, la Constituyente no podría perderse en conjeturas. En cualquier caso, no se va a permitir el lujo de dedicar tres años a redactar el texto de una Constitución, como pasó en España.

Principales desafíos sociales y económicos

– La preservación y la consolidación de los logros de la mujer en el marco de una sociedad pluralista, abierta pero también reconciliada con su identidad araboislámica (esta es una demanda identitaria que se impuso en la última campaña, como una de las preocupaciones básicas de los tunecinos). La centralidad de la cuestión de la mujer adquiere hoy mayor urgencia, al haber emergido un movimiento conservador en el país y que la presencia femenina en las nuevas instituciones está lejos de ser una realidad.

-La consolidación de la participación de los jóvenes en la actividad pública y política, por medio de partidos, asociaciones, instituciones culturales y medios de comunicación. Al ser la franja de la población más afectada por el desempleo y, por ende, la más frágil, requiere una atención especial por parte de los responsables en cuanto a educación, formación y oportunidades de acceso al mercado laboral. Tras haber tenido una participación determinante en el derrocamiento del antiguo régimen, los jóvenes no van a aceptar por mucho tiempo la indiferencia en que los tienen sumidos los nuevos dirigentes del país.

-La reducción de las brechas socioeconómicas y de las disparidades regionales: por un lado, entre las zonas costeras (relativamente prósperas) y las interiores (subequipadas y largamente arrinconadas por el gobierno); por otro, entre las capas superiores de la ciudadanía (cada vez más ricas) y las poblaciones rurales (cada vez más pobres). Pero también en el seno de las propias ciudades, entre las burguesías de los distritos adinerados y las clases proletarias de los barrios populares.

-El acercamiento entre las élites intelectuales y las clases populares: las primeras, liberales y progresistas, miran a Europa; las segundas, en cambio, más ligadas a la identidad araboislámica, vuelven los ojos a Oriente Medio. Este acercamiento las ayudará a vencer sus recelos mutuos y a diseñar juntas un proyecto de sociedad abierto, progresista y arraigado en su entorno cultural. La polarización excesiva (corriente modernista frente a corriente identitaria), que marcó la última campaña electoral, ha acabado beneficiando a la segunda. Aprendamos la lección para evitar que el país se precipite en el repliegue identitario.