El 15 de mayo de 2015, en Bamako, se firmó el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Malí, fruto del proceso de Argel. Los firmantes fueron las autoridades malienses, los grupos armados enfrentados a los tuaregs –que apoyaban, por tanto, la postura gubernamental– y las partes internacionales que apoyaban las negociaciones, esto es, la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA), Naciones Unidas (ONU), la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao) y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), así como los Estados sahelianos, el mediador argelino y Francia. De hecho, solo faltaba la Coordinadora de los Movimientos de Azawad (CMA), que agrupa los movimientos tuaregs de la región norte de Malí, donde se encuentra el origen de la crisis: el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), el Alto Consejo para la Unidad del Azawad (HCUA) y el Movimiento Árabe de Azawad (MAA).

La víspera, la CMA se contentó con rubricar el acuerdo en Argel, insistiendo en la necesidad de proseguir las negociaciones e ir más adelante en pos de la autonomía del Norte. Mientras que el gobierno maliense se jacta de un éxito para el proceso de paz, coronado por la presencia de varios jefes de Estado africanos, la CMA pretende seguir defendiendo sus reivindicaciones e integridad política. De todos modos, sobre el terreno, la situación no parece cambiar demasiado: por un lado, un alto el fuego cada vez más ilusorio; por otro, la persistencia de las amenazas proferidas por los grupos terroristas yihadistas. A día de hoy, pues, las partes en conflicto se enfrentan a un verdadero statu quo, más aun cuando el apoyo internacional al acuerdo –y a la mediación argelina– no parece haber logrado tener un peso real en el resultado de las negociaciones.

No obstante, tal vez sea en los países magrebíes donde hay que buscar una de las claves para comprender estos escollos políticos. Tras el acuerdo de Uagadugu de 2013, se confió a Argelia el padrinazgo del diálogo intermaliense en vista a la resolución del conflicto; paralelamente, Rabat se acercó al MNLA, para intentar influir en las negociaciones, y criticó el proceso de Argel, lamentando la falta de competencia de la Cedeao. Los objetivos fijados por estas dos potencias magrebíes, cuyos atributos son, no obstante, complementarios, son, como mínimo, idénticos –la paz y la estabilidad en Malí–, pero esta lucha de influencia podría transformarse en interferencias susceptibles de alterar el desarrollo de los intercambios intermalienses.

Del mismo modo, parece esbozarse un escenario similar en torno al diálogo interlibio, mucho más peligroso aun para la seguridad colectiva de la región. Esta rivalidad en torno al contencioso de Malí se inscribe en la historia tumultuosa de las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos vecinos. La divergencia, ya desde tiempos remotos, con respecto al Sáhara occidental es el ángulo a menudo privilegiado para analizar esta proyección de las relaciones argelomarroquíes en el Sahel, en general, y en Malí en particular; sin embargo, dista de ser la única explicación, puesto que remite, con la misma intensidad, si no más, a desafíos propios de las relaciones de poder intramagrebíes y a desafíos políticos internos comunes a ambos actores.

La posición marroquí

Aunque la política africana de Marruecos persiga efectivamente atemperar su marcha de la Unión Africana en 1984, va más allá de los retos relativos a la política y a la seguridad, y recurre a su estrategia de desarrollo económico iniciada hace 15 años. Rabat es el segundo inversor africano del continente y goza del dinamismo de su sector privado, sobre todo en los sectores bancario y de las telecomunicaciones. En Malí, su influencia política ha aumentado desde la investidura del presidente Ibrahim Bubakar Keita, donde la presencia del rey Mohamed VI no pasó desapercibida. El secretario general de la presidencia maliense es también el antiguo embajador de Malí en Marruecos. Las exploraciones de la Oficina Jerifiana de Fosfatos en el Este se han intensificado.

El apoyo marroquí a Malí también abarca el ámbito de la cooperación y el desarrollo, como apuntaba Antonin Tisseron en el sitio web Mondafrique: ayuda de urgencia tras las inundaciones de agosto de 2013, construcción de un hospital temporal en Bamako, formación de 500 imanes malienses (pero también tunecinos, guineanos o franceses) en un nuevo instituto especializado. La percepción marroquí de su posición en África se basa en la profundidad meridional y oriental de los reinos árabo-bereberes del Magreb occidental en dirección al África del Oeste y del espacio saharo-saheliano, que alimentó la idea de un Gran Marruecos.

Los antiguos ejes comerciales transaharianos se han reavivado por la carretera nacional 1, que une Tánger con la frontera mauritana, lo que permite llegar luego a Senegal. Además, permite evitar las carreteras y caminos del Sáhara central, inaccesibles debido al cierre de la frontera terrestre argelo-marroquí, e integrar las provincias saharianas de Marruecos a sus territorios mediterráneos. Por su parte, el puerto de Tánger Med se impone como la segunda terminal portuaria del continente. Desde hace unos años, el soberano alauí multiplica las “giras africanas”, acompañadas de la firma de numerosos acuerdos de colaboración en sectores de lo más variados, desde la industria a los servicios, pasando por la cultura. El año pasado, la visita real a Túnez debía permitir desarrollar los intercambios entre ambos países.

No obstante, más recientemente, las relaciones argelomarroquíes también han intervenido en la política mauritana: a la expulsión por parte de Nuakchott de un diplomático argelino, acusado precipitadamente de haber promovido posturas antimarroquíes en la prensa local, se sumó la de un diplomático mauritano de la misma categoría por parte de Argel. La desconfianza entre los dos vecinos también se manifestó en forma de declaraciones y notas de prensa interpuestas a pesar de un breve acercamiento durante 2011; ya se tratara de una manifestación, en noviembre de 2013, contra el consulado argelino de Casablanca –durante la cual se arrancó una bandera argelina– o de un incidente fronterizo, un año más tarde, las dos capitales han estado devolviéndose la pelota de las responsabilidades, cambiando de postura como de camisa en sus relaciones bilaterales.

El papel argelino

Por su parte, tras el estallido de las revueltas árabes en 2011, Argelia también invirtió en la cooperación, seguridad y estabilidad de sus vecinos. Así, se concedieron varias donaciones y préstamos a Malí y Túnez. La protección de las fronteras este y sur argelinas fue objeto de importantes inversiones en infraestructuras y personal, y Argelia se implicó en la colaboración militar y en materia de seguridad con Túnez y Libia. El papel de Argel en la seguridad regional nunca fue tan indispensable como tras la caída del régimen de Muamar Gadafi, con el apoyo y aliento de Estados Unidos y Francia. Su postura ventajosa en el seno de las instituciones y en la financiación de la Unión Africana la convierte siempre en una de las grandes potencias políticas y diplomáticas de África, junto con sus aliados nigeriano y surafricano.

El papel de Argelia en la crisis maliense consistió, en un principio, en promover una solución regional y acercar a los actores del Norte de Malí; no obstante, la denuncia por parte de Ansar Dine de los acuerdos suscritos con el MNLA en Argel unas semanas antes de la firma, en diciembre de 2012, fue calificada de “vuelco intolerable” por parte de las autoridades argelinas, que se posicionaron, desde entonces, a favor de la intervención francoafricana, a la que han hecho “una contribución decisiva”, según un informe del Senado francés. La reintegración de Argelia al contencioso maliense se basó en su larga experiencia como mediador en crisis anteriores, como los acuerdos de Tamanrasset en 1991 y de Argel en 2006. Los ocho meses de negociaciones de Argel han culminado en un pacto que presentaba algunos progresos y podía servir de punto de partida para entablar la continuación del diálogo.

Joseph Brunet-Jailly, más escéptico, anticipa que las novedades institucionales podrían renovar aún mejor las modalidades de representación de las poblaciones locales –que no se reducen a los grupos tuaregs– y no tendrán los efectos previstos sin que una reforma del conjunto de las prácticas políticas garantice una verdadera democratización basada en una mejor gobernanza, sin clientelismo, nepotismo ni corrupción: los males de los que germinó la crisis actual. Asimismo, es necesario un balance crítico de la descentralización anterior para que la renovación futura pueda garantizar, al mismo tiempo, la asignación de medios suficientes para atender al desarrollo local y asegurar su buena gestión.

En su informe Malí : la paix à marche forcé ?, el International Crisis Group se pregunta sobre la precipitación de los distintos actores al reconocer tan rápidamente el proceso de Argel, animando a las partes a buscar “un mejor compromiso entre orden y cambio”. En definitiva, no se trataría más que de una etapa suplementaria en la búsqueda de una resolución duradera de un conflicto que no ha cesado de resurgir desde la independencia de Malí. Para los tuaregs de la CMA, las concesiones deben ser aun más profundas, pero esas expectativas podrían también contribuir a la balcanización de la región, al comunitarizar los territorios. En efecto, la Coordinadora “exige, a cambio de la firma del acuerdo de Argel, una autonomía de la región, la creación de una asamblea interregional que cubra esa zona y una cuota del 80 % a los naturales del Azawad en las fuerzas de seguridad que operan en el norte de Malí”, como informaba el sitio web Yabiladi tres días después de la ceremonia de Bamako. El futuro de los combatientes tuaregs y el reto de su integración en las fuerzas gubernamentales, con grados y estatutos, también divide a la CMA entre su brazo político, más dispuesto a dialogar, y su brazo militar, preocupado por la suerte de sus tropas.

Para algunos observadores, la ambigüedad de las relaciones del Reino con el MNLA explicaría esa regresión, mientras que otros opinan que Iyad Ag Ghalim, que aún cuenta con cierta influencia en la CMA, aconsejó a la Coordinadora que no firmara un acuerdo cuyo contenido se cree aún insuficiente. Esta interpretación reviste cierto interés, pero aún es más cierto que el éxito de las negociaciones se sitúa, en realidad, entre las manos de los actores malienses en cuyo seno los escollos son mucho más importantes. La acumulación de resentimiento entre las distintas partes malienses se revela como el verdadero nudo gordiano para una salida de la crisis perenne. Para algunas poblaciones del Sur, estos acuerdos representan, si no una partición de facto, como mínimo una puerta abierta a la autonomía regional del Norte que consagraría las reivindicaciones de los tuaregs.

No obstante, estos últimos ya son objeto de desconfianza, e incluso de aversión, transmitida por los partidarios del centralismo más intransigentes. Las heridas de las atrocidades que tuvieron lugar en la ocupación del Norte por grupos armados tuaregs y yihadistas siguen, para ellos, aún abiertas. La debilidad de la estrategia posconflicto de la intervención extranjera, que facilitó el regreso del MNLA a Kidal y se afana por asegurar esos territorios, puede a su vez suscitar el recelo hacia los padrinos extrarregionales de las negociaciones. En cuanto a los habitantes del Norte, la marginación socioeconómica, política y cultural vigente desde la independencia, así como la gestión militar de estos espacios, han alimentado un rencor tenaz e incrementado el interés por participar en los tráficos ilegales y el contrabando, a menudo con la complicidad de sectores marginales.

Sus aspiraciones de cambio deben, por tanto, satisfacerse, si no queremos crear una paz que no sea más que un intermedio, antes de que las partes no reconozcan el acuerdo y su aplicación y vuelvan a tomar las armas. Los retos derivados de tribus y linajes de las comunidades del Norte también son factores a tener en cuenta, por su posible contribución al reajuste de alianzas y lealtades, e incluso a la expansión del conflicto. Por último, la refundación del pacto sociopolítico maliense, aunque pueda depender de mediaciones exteriores, pertenece en primer lugar a los ciudadanos malienses y a sus representantes, cuya ética de convicción debe concordar con la ética de responsabilidad.