Amr Hamzawy
Investigator principal Carnegie Endowment for International Peace
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El desarrollo de la vida política en Egipto entre junio de 2003 y diciembre de 2004 viene marcado por un estancamiento político persistente. La situación política en este país de gran importancia en la región del sur del Mediterráneo se caracteriza por la continúa polarización entre el Partido Democrático Nacional (PDN) en el poder y los partidos de la oposición y demás movimientos de la sociedad civil. La estrategia de «democratización a ráfagas» impulsada por la élite gubernamental durante cerca de tres décadas sólo ha comportado leves transformaciones en la vida política.

Durante el período de análisis, y en parte para dar respuesta a las circunstancias regionales e internacionales, el PDN estaba llevando a cabo una serie de reformas internas. Se estaba produciendo una importante incorporación de jóvenes tecnócratas, versados en la retórica de la gestión gubernamental y en los derechos humanos, acompañada de serios esfuerzos para modernizar las estructuras del partido. Especialmente después de la primera convención anual del PDN, celebrada bajo el lema «Los derechos de los ciudadanos primero» (septiembre de 2003), la impresión dominante era que el partido en el poder estaba a punto de realizar un cambio radical en su forma de trabajar y, en consecuencia, en su forma de percibir su propio papel y sus interacciones dentro de la esfera política de Egipto. Sin embargo, las políticas y programas del grupo reformista (formado en su mayoría por profesionales en la mitad de su carrera profesional, hombres de negocios jóvenes y miembros del personal universitario) que rodea al hijo del presidente han resultado ser frágiles y estar en total contradicción con las demandas de las principales fuerzas políticas del país. La legitimidad pública concedida al Consejo Supremo de Política, encabezado por Gamal Mubarak, con una clara orientación hacia la reforma del partido y que emana de la credibilidad de las negociaciones de reforma dentro del partido y del indudable atractivo de nuevos eslóganes como «dejad que reformemos primero nuestra casa» o «invitamos a todas las fuerzas a dialogar con nosotros sobre las reformas necesarias », se ha ido diluyendo. Además, se han hecho evidentes varias limitaciones estructurales en el enfoque adoptado por el PDN. Este partido ha hecho caso omiso al amplio consenso existente fuera de su seno sobre las tres reformas necesarias para hacer del sueño de la democratización un proyecto realista en curso: reformar la constitución, revisar el proceso de selección del Presidente estableciendo un límite de legislaturas y limitando su poder al de jefe del ejecutivo y cambiar las leyes que dificultan la vida sindical y los partidos políticos. A lo largo del período comprendido entre junio de 2003 y diciembre de 2004, la incapacidad de los partidos de la oposición y de los representantes de la sociedad civil, ya fueran liberales o religiosos, para movilizar a amplios sectores del electorado entorno a dichas reformas y la subsiguiente ausencia de presión interna sobre la élite en el poder han dado como resultado, dejando a un lado la retórica, el estancamiento total de la política egipcia. Las principales deficiencias estructurales que entorpecen la transformación del sistema actual en un sistema gubernamental democrático se han mantenido inalterables. La constitución egipcia, aprobada en 1971, en la que se han introducido pocas enmiendas desde su aprobación, otorga una enorme autoridad al Presidente como jefe de Estado y prioriza el poder ejecutivo sobre el legislativo y el judicial. La elección del Presidente sigue siendo un proceso sin competencia. La Asamblea del Pueblo designa al candidato presidencial por una mayoría de dos tercios y, seguidamente, se confirma dicho nombramiento mediante la celebración de un referéndum nacional. Las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de 2005 seguramente seguirán este mismo patrón, a pesar de la campaña que están llevando a cabo varios partidos y movimientos opositores desde verano de 2003 a favor de una enmienda constitucional que permita la celebración de unas elecciones presidenciales plurales.

La principal estrategia de legitimación del modelo egipcio de «democratización » se ha desdoblado en dos objetivos: por un lado, la repetición sistemática, tanto en el discurso como en los postulados políticos, del ya manido lema según el cual las reformas económicas deben preceder a las políticas y, por otro, que la población debe estar preparada para la democracia. Resulta difícil encontrar diferencias significativas entre las valoraciones de disculpa por el pluralismo restringido que dominaron la esfera política durante las décadas de 1970 y 1980 y el discurso del PND supuestamente reformista de 2003, que ponía un excesivo énfasis en la modernización económica. De nuevo parece que, entre junio de 2003 y diciembre de 2004, el régimen egipcio se ha puesto el disfraz de los gobiernos democráticos en políticas liberales y se ha autodenominado representante legítimo de las necesidades reales de la sociedad egipcia, y no precisamente mediante la libertad de asociación. Para la defensa de su estrategia, el régimen gobernante ha introducido dos nuevas nociones: la particularidad egipcia y las excepciones regionales. Por un lado, durante el período de análisis los líderes del régimen han repetido sistemáticamente, de un modo un tanto exagerado, la fórmula del «estilo egipcio para la transformación democrática » en los discursos del Presidente para definir los pequeños retoques como el proceso gradual necesario para la introducción de medidas de democratización en una sociedad árabe-musulmana, en la que la mayoría no considera la democracia como una petición popular. Sin embargo, un proceso gradual sin que en el tiempo y en el fondo no exista una clara conceptualización de avances, como podrían ser enmiendas de la constitución o una apertura de la esfera política a nuevos partidos mediante la abolición de los mecanismos restrictivos, únicamente constituye una defensa corrupta del autoritarismo. Por otro lado, el régimen egipcio, desde la caída de Bagdad, ha jugado al juego cruel de asustar a la población con la amenaza de que cualquier cambio incontrolado podría degenerar en un estado de caos similar al del Irak de la posguerra. La inestabilidad de las condiciones regionales ha sido un recurso utilizado de forma permanente para descartar y desacreditar las llamadas realizadas a los gobernantes para permitir reformas políticas más profundas, alegando de forma estúpida que dichas reformas podrían poner en peligro la seguridad de Egipto. Al observar el desarrollo de la política egipcia entre junio de 2003 y diciembre de 2004, cuesta obviar el hecho de que estas diferentes medidas de contención del proceso de democratización han resultado ser extremadamente efectivas. Pero, por otro lado, cabe tener en cuenta que todas las presiones occidentales para la democratización del país ejercidas sobre Mubarak han permanecido en el campo de la retórica, sin pasar a un acondicionamiento político.

El sistema de relaciones de poder, así como los acuerdos constitucionales y legales que regulan la participación política, se han mantenido sin cambios esenciales, con una naturaleza semiautoritaria. Los movimientos opositores, si no han estado dirigidos y controlados por las autoridades estatales, han permanecido aislados. Cualquier intento de critica hacia el régimen por su falta de compromiso para llevar a cabo reformas o por expresar de forma pública vías políticas alternativas por parte de actores liberales o religiosos de la sociedad civil ha sido desacreditado por la élite en el poder debido a uno de estos dos motivos: las críticas o visiones dispares representan las demandas de unos pocos intelectuales aislados que no tienen conocimiento alguno de lo que realmente quieren las masas o, por el contrario, representan un peligroso intento por parte de los movimientos islamistas de apoderarse de la sociedad y controlar el Estado.

Entre junio de 2003 y diciembre de 2004, el régimen egipcio utiliza diferentes estrategias para mantener el control de los distintos actores de la sociedad civil. El estado de excepción, prorrogado por la Asamblea del Pueblo el 23 de febrero de 2003 por un período adicional de tres años, ha seguido obstaculizando la posibilidad de que los grupos cívicos y políticos puedan asociarse y constituirse libremente. Los partidos políticos han visto cómo sus actividades han sido altamente restringidas. La Ley de Excepción impide a los partidos organizar reuniones públicas sin el permiso previo del Ministerio de Interior. Las fuerzas de seguridad han utilizado intensamente sus poderes ilimitados para arrestar y detener a individuos, una práctica que se ha convertido en sistemática en el caso de los grupos islamistas, cuyos miembros son detenidos antes de cualquier elección regional o nacional. El marco legal relativo a las ONG en Egipto se ha regido desde 2002 por la Ley Núm. 84, que obliga a las asociaciones cívicas a registrarse en el Ministerio de Asuntos Sociales y que abre la puerta a la manipulación política, ya que otorga al Ministerio el derecho a desmantelar mediante un decreto administrativo cualquier asociación que supuestamente lleve a cabo actividades ilegales. Además, la ley prohíbe la participación de las ONG en actividades políticas o sindicales y que estas organizaciones reciban fondos del extranjero sin la aprobación del gobierno. El Gobierno egipcio ha utilizado estos instrumentos legales para controlar y dirigir a un gran número de ONG. Además del establecimiento de un marco legal restrictivo y del control por parte del Estado, tanto los partidos políticos como las ONG se han tenido que enfrentar a varios dilemas internos. Los partidos de la oposición no han avanzado más allá de la creación de estructuras superficiales que no pueden funcionar como partidos políticos modernos y, en consecuencia, se han visto sumidos en una marginalización en la sociedad. Por otro lado, las ONG han permanecido centradas en las ciudades y han prestado sus servicios, grupos religiosos aparte, a una pequeña parte de la población. Por lo general, entre junio de 2003 y diciembre de 2004 la esfera intermedia se ha visto altamente controlada y no ha contado con una efectividad suficiente. Sin embargo, uno de los pocos aspectos positivos ha sido el hecho de que los partidos de la oposición, las ONG y los grupos intelectuales han conseguido conservar su capacidad de crítica a la autoridad y mantener abierto un pequeño espacio de articulación política. Estos dos factores han sido los responsables de la diferencia existente entre Egipto y otros Estados más autoritarios de Oriente Medio.

A diferencia de otros países de la región, la relevancia política del islamismo radical en Egipto ha ido disminuyendo a lo largo del período de análisis. La última oleada de violencia provocada por islamistas radicales se remonta a la primera mitad de la década de los noventa. La contraviolencia por parte del Estado y las políticas de represión dieron como resultado la destrucción de los recursos de poder de los grupos radicales. En los últimos dos años, se ha producido un importante replanteamiento del legado islamista radical y se ha cuestionado el uso de la violencia para objetivos políticos por parte de los miembros de al- Jamaa Islamiya y del Grupo al Yihad, hecho que ha provocado un mayor distanciamiento con la militancia de base religiosa. Sin embargo, un número bastante reducido de islamistas radicales ha mantenido la propagación de la violencia y la ha justificado haciendo referencia a las condiciones regionales en Irak, Palestina etc., así como a las crisis sociales presentes en Egipto. No obstante, su importancia política ha ido disminuyendo de forma rápida. Dentro del espectro islamista egipcio en general, los movimientos y activistas moderados han ido ganando terreno político y han mantenido su capacidad de llegar a importantes grupos de electores, a pesar de que el gobierno ha mantenido su política restrictiva hacia estos grupos, con el fin de limitar el espacio político que les queda abierto. Los Hermanos Musulmanes en particular y otros grupos, como la Iniciativa Wasat, han incluido la democracia liberal como uno de sus objetivos en su discurso y en su programa electoral. En consecuencia, en la esfera política de Egipto ha surgido de forma gradual un consenso normativo y pragmático sobre la democracia, que culminó en verano de 2004 con diferentescampañas de reformas organizadas por movimientos seculares y religiosos. Además, ha surgido una plataforma estratégica para la democratización que ha ido ganando fuerza. La petición de una reforma constitucional, la derogación de la Ley de Excepción, la existencia de elecciones competitivas a la presidencia, la legalización de partidos políticos y la reforma del marco legal que restringe sus actividades (especialmente la Ley 40/1977) y, por último, la creación de alianzas para el cambio democrático que abarcan distintas divisiones ideológicas han sido las pocas señales esperanzadoras que se han dado dentro de la estancada vida política de Egipto.