Iván Martín
Universidad Carlos III de Madrid
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El año 2003 ha acabado con el enésimo fracaso de los intentos de revitalizar la Unión del Magreb Árabe (UMA) entre Marruecos, Argelia y Túnez (y Libia y Mauritania), al suspenderse sine die la Cumbre de jefes de Estado de los cinco países miembros convocada en Argel para el 23 de diciembre de 2003, dando así al traste con los ímprobos esfuerzos diplomáticos desplegados durante los últimos cuatro años. La UMA no acaba de despegar desde su creación en 1989 y ni siquiera ha sido capaz de superar el cierre de la frontera entre Argelia y Marruecos desde el verano de 1994. Si algunas cifras valen más que mil palabras, los países del Magreb realizan el 63 % de sus intercambios comerciales con la Unión Europea, el 19 % con Estados Unidos y Canadá y menos del 2 % entre sí (en el conjunto de los doce países del sur y del este del Mediterráneo asociados con la UE los intercambios comerciales entre sí apenas superan el 4,5 % de la suma total de sus importaciones y sus exportaciones).

Con todo y con eso, el bloqueo de la integración magrebí se está erigiendo en uno de los grandes nudos gordianos de la dinámica económica en el Magreb y de la resolución de una de sus principales incógnitas estratégicas a medio plazo, como es la de su modelo de inserción en el sistema económico mundial: el tamaño de cada uno de sus mercados por separado es demasiado exiguo para atraer inversiones productivas orientadas a sus mercados internos, y su escasa competitividad hace muy difícil que se conviertan en plataformas de exportación, pero precisamente el aflujo de volúmenes ingentes de inversión extranjera es un eslabón fundamental de la viabilidad del proceso de liberalización interna y externa y de modernización en el que estos países se hallan inmersos.1

El propio Marruecos, que hasta ahora ha supeditado monolíticamente cualquier progreso en este terreno al reconocimiento de su soberanía definitiva sobre el Sáhara Occidental, parece empezar a cuestionarse el coste de esta actitud. En un informe de su Ministerio de Hacienda de julio de 20032 se estiman los beneficios que podrían derivarse de la eliminación de barreras a los intercambios económicos magrebíes en 4.600 millones de dólares anuales (3.000 millones en aumento de las inversiones extranjeras y 1.600 en aumento de los flujos comerciales regionales), es decir, el equivalente al 4,4 % del PIB conjunto de Marruecos, Argelia y Túnez, y se afirma que «el coste del no Magreb puede resultar insostenible para las economías de la región». Aunque el estudio adolece de algunas deficiencias en su manejo de las cifras,3 pone el dedo en la llaga de los costes de la falta de integración magrebí en términos de pérdidas de inversión extranjera, limitación de los intercambios comerciales y menor creación de empleo, por no mencionar el aumento de la capacidad de negociación de estos tres países si actuaran coordinadamente en los foros internacionales y ante sus grandes socios comerciales en lugar de negociar por separado, y su potencial de atenuación de las previsibles consecuencias negativas que tendrá para estos países la ampliación al este de la Unión Europea.

¿Esperando a Agadir?

En este panorama más bien deprimente, la «buena noticia» en materia de integración subregional ha sido el llamado Acuerdo de Agadir, suscrito en esa ciudad marroquí el 8 de mayo de 2001 entre Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania con el fin de adelantar el calendario de liberalización comercial entre ellos y crear una zona de libre comercio (ZLC) para todos sus productos sin excepciones para principios de 2006. En enero de 2003, los cuatro países concluyeron las negociaciones sobre el texto final del Acuerdo (a expensas de completar algunos anexos técnicos y fijar el calendario final), que a lo largo de ese año debía ser ratificado por los legislativos nacionales y que debería entrar en vigor en 2004. Sin embargo, al margen de su valor declarativo –la Unión Europea se ha apresurado a brindar suapoyo–, hasta ahora no ha sido posible explicar en qué consiste exactamente el valor añadido de esta iniciativa con respecto a los múltiples proyectos de integración económica regional que se acumulan en la región, especialmente si se tiene en cuenta la falta de continuidad territorial entre los países que lo integran, que no comparten ninguna frontera terrestre directa entre sí.

En todo caso, el Acuerdo de Agadir no es muy novedoso. En efecto, el 1 de enero de 1998 ya entró en vigor entre dieciocho países árabes –entre los que tampoco está Argelia– el proyecto de creación de una zona de libre comercio panárabe (Greater Arab Free Trade Area, GAFTA). Su objetivo es eliminar gradualmente, en un plazo de diez años, los aranceles recíprocos sobre todos los productos (reducción lineal del 10 % cada año, hasta 2008), aunque se excluyen los servicios y las inversiones. A pesar de que originalmente la GAFTA debía incluir también el desmantelamiento de las barreras no arancelarias, las negociaciones al respecto han sido pospuestas, y el programa de liberalización aprobado contiene numerosas excepciones. Paralelamente, la Unión Europea ha suscrito con la mayoría de los países de la región acuerdos de asociación que prevén la creación de Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio, que supondrán la eliminación recíproca de todos los aranceles sobre los productos industriales en un plazo de doce años (la primera de ellas, con Túnez, se completará en 2010, con Marruecos en 2012, con Jordania en 2014 y con Líbano en 2015, mientras que con Argelia se encuentra en proceso de ratificación, aunque debería entrar en vigor en 2004 y culminarse en 2016, y con Siria todavía se está negociando).

A estos procesos en curso se añaden las zonas de libre comercio recientemente promovidas en la región por Estados Unidos: desde el 1 de enero de 2002 está en vigor la ZLC con Jordania, con un período transitorio de diez años, cuyos resultados preliminares son aparentemente espectaculares, con un incremento del 78 % de sus exportaciones al mercado norteamericano, sobre todo de textiles, en su primer año (aunque en el año 2001, antes de aplicarse el acuerdo, ya se había registrado una triplicación de dichas exportaciones), y para finales de 2003 se ha anunciado la conclusión de las negociaciones bilaterales para la creación de otra ZLC con Marruecos. En junio de 2003, la administración Bush lanzó la Middle East Trade Initiative (Iniciativa de Libre Comercio en Oriente Medio) con el objetivo declarado de crear una ZLC con trece países de la región –siempre, eso sí, que sus Gobiernos se muestren «comprometidos con la apertura y las reformas económicas»– en un plazo de diez años, aunque el primer paso debería ser la creación de ZLC bilaterales con Estados Unidos, lo que hasta ahora sigue sin concretarse en la práctica, salvo en el caso de Bahrein. También existen acuerdos de libre comercio bilaterales entre países de la región, como Marruecos, por un lado, y Túnez, Egipto y Jordania, respectivamente, por otro, y entre Egipto y Jordania.4

Este maremágnum de acuerdos comerciales preferenciales configura un auténtico puzzle (véase el gráfico 11) de difícil inteligibilidad, pero cuyas piezas constituyen los principales vectores de articulación de un eventual espacio económico mediterráneo. Pero también plantea no pocos problemas de coherencia, además de suscitar interrogantes sobre su compatibilidad con los acuerdos suscritos en el marco de la Organización Mundial de Comercio (Argelia es también, junto con el Líbano, Siria y Libia, uno de los países de la región que aún no pertenece a la OMC, aunque tiene muy avanzadas sus negociaciones de adhesión y podría incorporarse en 2004). O, por formularlo en otros términos, plantea la cuestión del «mix óptimo de acuerdos comerciales regionales» para estos países.5 Estos problemas pueden sintetizarse del siguiente modo:

• La maraña de tratados de asociación y acuerdos comerciales reduce la transparencia de las reglas del juego para los agentes económicos. Esto perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con suficientes recursos para acceder al asesoramiento jurídico ni con los bufetes de abogados especializados que esta plétora de normas requiere; es decir, perjudica a la inmensa mayoría de las empresas de la región.

• El grado de sinergia entre los distintos procesos de integración es muy escaso. Es más, en algunos aspectos pueden ser contradictorios, como sucede, muy especialmente, con la cuestión de las reglas de origen, que cada acuerdo comercial define siguiendo un método diferente. La complejidad técnica de la gestión de las reglas de origen favorece las arbitrariedades administrativas y la falta de transparencia.

• Tal como se intuye gráficamente con un simple vistazo al gráfico 11, la red de acuerdos de integración regional corre el riesgo de reforzar un modelo de articulación económica «radial», caracterizado por una alta –y creciente– aglomeración de la actividad económica en el «eje» o centro en el que convergen numerosos mercados satélites o periféricos escasamente integrados entre sí. En el caso de los países del norte de África y Oriente Medio, ésa es claramente la pauta de relaciones comerciales con la UE que la Asociación Euromediterránea favorece. En los dos últimos años, el creciente activismo de la «diplomacia comercial » de Estados Unidos en la región corre el riesgo de crear un segundo centro de gravitación de las economías árabes mediterráneas, lo que podría dar lugar a un modelo «en forma de pelota de rugby » de relaciones con los dos grandes polos económicos mundiales. Las dificultades que plantea la denominada «acumulación de reglas de origen», como consecuencia de la heterogeneidad de sus definiciones, agrava este problema.

• El grado de credibilidad de los acuerdos comerciales como instrumentos jurídicos efectivamente vinculantes para regular las relaciones económicas entre los países de la región es escaso. Esto se debe sobre todo a que raramente van acompañados de compromisos políticos firmes –y del consenso social que se requiere para ello–, a su escaso grado de institucionalización y a que, en la mayoría de los casos, se trata de meros procesos de integración negativa o «superficial» que se limitan a eliminar barreras, pero sin crear una auténtica comunidad económica entre ellos. A este respecto, no hay que perder de vista la importancia y la variabilidad de las barreras no arancelarias, que a menudo vacían de contenido cualquier aparente reducción de las barreras comerciales mediante la eliminación de los aranceles. También en este ámbito de las relaciones comerciales, para que funcione efectivamente una economía de mercado, se requiere un Estado de derecho eficaz que garantice el respeto de los derechos individuales de los particulares y de las empresas y el cumplimiento de las normas por parte de todos los agentes económicos en igualdad de condiciones.

En conclusión, aunque la moda del regionalismo como fenómeno concomitante a la globalización y como prolongación de las estrategias geopolíticas por otros medios también ha llegado a la región mediterránea, la proliferación de iniciativas de integración regional no parece estar contribuyendo a un replanteamiento del patrón clásico de relaciones económicas Norte-Sur (o, en términos históricos, entre metrópolis y colonias) ni de las pautas de dependencia comercial, financiera y tecnológica estructural que lo caracterizan. Es decir, no promueve una aproximación o convergencia de los niveles de desarrollo, sino que más bien contribuye a consolidar e incluso incrementar los diferenciales registrados en los últimos quinientos años en la región mediterránea.

1 Sobre este tema, véase I. Martin (2001): «La inversión extranjera directa en los países del Maghreb en el marco de la Asociación Euromediterránea:
¿el eslabón perdido?», en REM. Revista de Economía Mundial nº 4, pp. 175-206, Universidad de Huelva (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=282109).
2 Direction de la Politique Économique Genérale, Les enjeux de l’integration maghrebien, documento de trabajo nº 90, Rabat
(http://www.finances.gov.ma/dpeg/publications/en_catalogue/doctravail/doc_texte_integral/dt91.pdf).
3 Véase el artículo I. Martín: «¿De verdad la UMA vale $ 4.600 millones al año?», boletín confidencial Magreb Negocios, octubre de 2003.
4 Véase el «mapa» mundial de acuerdos regionales de integración elaborado en el año 2000 por la OMC (http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/wtregw41_e.doc).
5 Algunos estudios recientes sobre esta compleja cuestión han sido publicados en los libros S. Dessus, J. Devlin y R. Safadi (eds.) (2001): Towards Arab and Euro-Med Regional Integration, OCDE, París (descargable en http://www1.oecd.org/publications/e-book/4101091E.PDF), y A. Galal y B. Hoekman (eds.) (2003): Arab Economic Integration. Between Hope and Reality, Egyptian Center for Economic Studies, Cairo y Brookings Institution Press, Washington D.C.