Arriesgarse por una vida mejor
Los inmigrantes que vienen a España desconocen muchos de los obstáculos que deben superar, entre otros la nueva Ley de Extranjería.

Carla Fibla


Los marroquíes que deciden emigrar de forma legal o ilegal a España pocas veces piensan en la nueva Ley de Extranjería española, vigente desde el 22 de diciembre de 2003. Las personas que dejan a hijos, esposas y maridos en su lugar de origen para cruzar el Estrecho de Gibraltar y en unos meses ser capaces de enviar la mayor parte de su salario a la familia, no tienen entre sus principales preocupaciones el trato o la persecución que van a sufrir en España por ser inmigrantes.

La idea generalizada de partir, fomentada por la clara imagen que cada verano se repite, la del inmigrante que regresa temporalmente al volante de un coche cargado de regalos europeos, ha trasladado a un segundo plano el popular “efecto llamada”. Las conversaciones telefónicas entre familiares y amigos tienen un tinte más desgarrado y sincero que esa imagen boyante del inmigrante triunfador en el automóvil. El año es muy largo y para resistir las inclemencias sociales y económicas del supuesto El Dorado es necesario desahogarse y contar la verdad.

Los marroquíes que, muchas veces desesperados, se plantean el viaje a España como la única salida a su extrema situación de pobreza o de falta de libertad, son conscientes de lo que existe al otro lado del Estrecho. “Prefiero morir en el intento por alcanzar una vida mejor que seguir estando muerto en mi país”, es la reflexión que de forma cruel y directa muchos de los que ahora se sienten explotados y callan en España, pronunciaron antes de emigrar.

El fracaso del control de las fronteras

A Marruecos la información sobre las inversiones económicas de la Unión Europea (UE) para reforzar el control en el Estrecho llega con poco eco. Los programas con un elevado presupuesto para detectar a las pateras, interceptarlas y capturarlas siguen siendo deficitarios.

Los comentarios entre los que van a arriesgar su vida para mejorarla no incluyen valoraciones sobre la nueva tecnología, que no sólo por la cuestión de la inmigración sino también por la intensa lucha contra el terrorismo, se intenta ajustar a los cambios que sufre la zona. El Estrecho está intensamente vigilado pero las mafias lo conocen bien y son capaces de acoplarse a los momentos de mayor o menor tráfico.

Tras los atentados de Casablanca el 16 de mayo de 2003, las redes de inmigración ilegal se vieron obligadas a retener durante cerca de dos meses a sus clientes en casas, bosques y hostales. El refuerzo del control en las carreteras y autopistas del país, así como el del Estrecho les obligó a permanecer inmóviles, a la espera de que volviese la normalidad.

En agosto del año pasado los bosques próximos a Tánger, en Mesnada, o en la frontera con Ceuta, en el pequeño pueblo de Benyounes, los subsaharianos y magrebíes esperaban pacientes la señal de las mafias a las que hacía meses que habían dado todos sus ahorros.

El control de la costa mediterránea desde Marruecos es relativo. Los que están involucrados en las mafias y las asociaciones locales que intentan convencer a sus conciudadanos para que cambien de idea, conocen los altibajos que sufre el flujo ilegal de inmigrantes. Todos coinciden en que cuando la vigilancia se concentra en un punto siempre se puede partir de más al Este o al Oeste. Las pateras han llegado a salir desde Larache, situada a 70 kilómetros al sur de Tánger, y desde Alhucemas, más de 200 kilómetros al este de la ciudad fronteriza. De hecho, los 14 simbólicos kilómetros que separan Tánger de Tarifa no son una referencia para los que cada día se enfrentan a la travesía que les indica la mafia.

La Asociación Pateras de la Vida de Larache realizó el verano pasado una pionera campaña de sensibilización de rechazo de la inmigración clandestina. Acudieron a los souk (mercados) de la zona, montaron una tienda y con fotografías, charlas y encuestas intentaron tomar un pulso real a este problema. La respuesta fue positiva y la gente participó en la iniciativa y se concienció de la necesidad de cambiar la situación interna para que los jóvenes no consideren que la patera constituye una salida a su desesperación. Con escasos recursos económicos, Pateras de la Vida demostró que la gente es receptiva y está dispuesta a replantearse la inmigración ilegal.

Desde un enfoque diferente, en el interior del país, la Asociación de Amigos y Familiares de Víctimas de la Inmigración Clandestina (Afvic), con sede en Juribga (en la región de Beni Mellal), intentó durante el año potenciar los pequeños negocios y ayudar a los que han sido engañados por las mafias. La Afvic también se ha postulado como interlocutor entre las familias y las autoridades españolas para lograr que se repatríen los cuerpos que se encuentran en las costas andaluzas, y así evitar que sean enterrados de forma anónima en fosas comunes.

La tragedia de la patera de Rota, el pasado 25 de octubre, en la que murieron 37 personas, ha supuesto un golpe muy duro para ambos países. Los cuerpos hinchados, descompuestos y desfigurados de los inmigrantes sobre la arena fueron fotografiados y mostrados no sólo en los medios de comunicación españoles, sino también en los marroquíes. El mensaje que lanzó el semanario independiente Al Ayam a sus lectores mostrando la tragedia y preguntándose quién era responsable de lo ocurrido, creó un debate inédito en el reino alauí.

Pasar desapercibido

Trabajar y dormir. Sin hacer ruido. Sin llamar la atención. Centrado en lo tuyo”, explicaba un anciano a un grupo de jóvenes en un café de Berkane. Frente a unos excelentes zumos de naranja, el experimentado señor decía sentirse orgulloso de haber logrado que esa mecánica le diera resultado, que le hubiera servido para ganar dinero y enviarlo a la familia.

Pero al poco rato, el mismo anciano explicaba las condiciones laborales a las que en España se somete a los inmigrantes ilegales. Pasar las horas bajo los plásticos, soportando el calor, las enfermedades, marca tanto como ese miedo a no pasar desapercibido.

Los consejos se transmiten de padres a hijos, entre amigos, o se escuchan en los cafés por parte de extraños. Hay zonas de Marruecos, como el interior del país, donde todo el mundo está relacionado con la inmigración clandestina. Cada persona tiene una historia; un hermano explotado, el padre que se sacrifica por la familia, un pariente muerto en el Estrecho, un hijo que sólo piensa en irse a España. Las sensaciones de la población son prácticamente inabarcables porque las exponen con tanta claridad que parece que han perdido toda la esperanza de que en su país puedan llevar una vida normal.

La naturalidad con la que los padres y las madres son capaces de animar a sus hijos para que intenten llegar a Europa, o el trauma asumido de que la tragedia del fracaso es muy probable, hacen que los testimonios de los que conviven a diario con la tentación de emigrar, sean muy valiosos.

Acoso a los inmigrantes

La tercera reforma de la Ley de Extranjería ha recibido en España, en sus primeros meses de aplicación fuertes críticas por potenciar el “acoso a los inmigrantes”. Organizaciones no gubernamentales y sindicatos han denunciado que su aplicación “raya el Estado policial” porque se ha producido un aumento de las órdenes de expulsión y el recrudecimiento de la falta de recursos de las oficinas de extranjeros.

Pero en lo que más ha insistido esta oposición social a la reforma es en la vulneración del derecho a la intimidad de las personas. La colaboración solicitada a los ayuntamientos para que faciliten información sobre los inmigrantes que figuren en el patrón municipal, al que se apuntan para poder acceder a derechos de vivienda, sanidad o educación mientras regularizan su situación, hará que muchos inmigrantes desconfíen por miedo a ser expulsados. Las organizaciones que trabajan sobre el terreno auguran un futuro desconocimiento de la realidad respecto al número y las condiciones de los inmigrantes de cada población. Además, desde las ONG españolas se advierte de que unos 800.000 inmigrantes perderán derechos fundamentales por miedo, y “se convertirán en ciudadanos de tercera categoría”.

El nuevo texto, calificado por algunas ONG como Andalucía Acoge y Pro Derechos Humanos (APDH) como “inconstitucional” plantea la devolución a sus países de origen de los inmigrantes que pretendan entrar ilegalmente en España, y una sanción de un máximo de tres años que impide volver a entrar en territorio español. Un aspecto que en el caso de los marroquíes sólo ha variado en la medida sancionadora, ya que existe un acuerdo bilateral entre España y Marruecos que permite la expulsión en 48 horas. En cambio, respecto a la inmigración clandestina de subsaharianos, que en los últimos años se ha descontrolado tanto en número como en las vías para acceder desde África a Europa, supone un giro radical al poder ser excluidos con más facilidad de los cupos de regularización.

Además, las renovadas relaciones bilaterales hispano-marroquíes (fijadas en la reunión de alto nivel, 8 y 9 de diciembre en Marraquech) han permitido reactivar un acuerdo de repatriación que data de 1992, por el cual el reino alauí acogerá a los subsaharianos que hayan llegado a las costas españolas desde las marroquíes, o con un patrón marroquí a bordo, y, supuestamente, se hará cargo de su posterior repatriación a sus lugares de origen. El pasado 27 de enero, los ministros del Interior de ambos países anunciaron la reactivación del acuerdo con la repatriación de 31 subsaharianos desde las islas Canarias a El Aaiún (Sáhara Occidental). La primera fase del acuerdo, su repatriación a Marruecos y su acogida por parte de las fuerzas del orden marroquíes se produjo, pero es imposible confirmar que el siguiente paso, su devolución a los países de origen, se haya producido.

En España, los inmigrantes irregulares detenidos y devueltos a sus países de origen durante 2003 aumentaron un 20% respecto al año anterior. Fueron un total de 92.679 expulsiones, la mitad de ellas realizadas en la frontera, de los cuales 24.146 eran marroquíes. Algo que contrasta con el gasto total que el Estado ha empleado para desarrollar las políticas migratorias que ascendió a 261 millones de euros el año pasado. La partida se dividió en 84 millones euros para políticas de acción social, 70 millones para la lucha contra la inmigración irregular, 15 millones para políticas de asilo y 93 millones de euros para políticas de desarrollo.

El artículo 35: la repatriación de menores

Uno de los grandes retos del grupo de trabajo sobre inmigración constituido tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales es la devolución de los menores marroquíes que hayan llegado a España sin compañía de un adulto.

El acuerdo, firmado el pasado 23 de diciembre en Madrid, es ambiguo y no aclara si se refiere a todos los menores tutelados por las administraciones locales en las diferentes Comunidades Autónomas (más de 3.000 menores) o si se refiere a los localizados en la frontera con intención de ingresar en territorio español.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, afirmó a finales de año que la devolución se haría atendiendo al interés del menor, pero la práctica realizada hasta el momento muestra que, como denuncian ONG como Prodein en Melilla o el Colectivo Al Jaima en Tánger, se están “vulnerando los derechos de la Convención del Menor de Ginebra”, que tanto España como Marruecos han ratificado.

El artículo 35.4 de la Ley de Extranjería establece “regular a todos los efectos la residencia de los menores tutelados por una administración pública”. Una disposición que además de tener en cuenta la integración del menor en un entorno adecuado, que siga con normalidad unos estudios o una formación profesional, confirma la intención de la administración de hacerse cargo de los menores que han entrado en un proceso de regularización.

Al contrario de lo que ocurrió con los inmigrantes subsaharianos, el gobierno español no ha anunciado la activación efectiva del acuerdo de repatriación de menores. Pero Prodein asegura que desde la firma del acuerdo han detectado 17 menores repatriados a Marruecos y cree que otros 40 han podido ser retornados, la mayoría tras haber pasado una larga estancia en Melilla y estar integrados en el sistema educativo. Además, desde Prodein se asegura que existe un presupuesto para las repatriaciones a efectuar en 2004 que asciende a 18,6 millones de euros, lo que alcanzará para la devolución de 325 menores.

La indefensión en la que quedan los inmigrantes que desde el lado marroquí contemplan la tentadora España es alarmante. No es desinformación o falta de conciencia por parte de los que, aun sabiendo las dificultades que les esperan en Europa, deciden arriesgarlo todo. La llegada a España, para los marroquíes, los subsaharianos y las nacionalidades que en el futuro se sumen a esta entrada ilegal, es un momento de euforia. Acaban de salvar la vida en una zodiac inestable, agarrados a las ruedas de un camión durante horas, o escondidos en un lugar imposible. El primer obstáculo ha sido superado. Los siguientes, entre los que se incluye la actual Ley de Extranjería, serán los próximos “estrechos” a los que deberán sobrevivir.

Inmigración en España

Un 27% de la población española será de origen inmigrante en 2015 si se cumplen las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), en su estudio publicado en la revista trimestral Papeles de Economía (enero de 2004), en el que se analizan desde una perspectiva pluridisciplinaria, los aspectos jurídicos, económicos y sociales de la inmigración.

Quizá el aspecto más llamativo es el señalado por los investigadores José Félix Tezanos y Sergio Tezanos quienes sostienen que de seguir el actual crecimiento exponencial de la población inmigrante para 2015 España contará con 11 millones de inmigrantes, lo cual equivaldrá al 27,4% de la población total.

Se trata, añaden los autores, de un porcentaje muy superior al de países donde la población inmigrante tiene un peso importante como Estados Unidos y Alemania. La relevancia de la cifra se comprende mejor si se tiene en cuenta, de acuerdo con el estudio, que entre 1999 y 2002, el porcentaje de población inmigrante pasó del 1,5% al 3,7%. En ese periodo, España fue ya uno de los cinco grandes países de la Unión Europea que más inmigrantes acogió. En 2002, la tasa de actividad de la población inmigrante era ya un 16,5% superior a la media española y representaba un 5,14% de la afiliación a la Seguridad Social.

En la actualidad (2004) según el profesor Joaquín Arango, el número de inmigrantes supera los dos millones, es decir el 5% de la población total.

Uno de los apartados más significativos del estudio es la aceptación social de la inmigración. En 1999 el porcentaje de españoles que pensaba que en España había ya demasiados extranjeros era del 18%; en 2002 ese porcentaje se eleva al 54%.

En el 76% de los 7.467 núcleos rurales españoles residen ya inmigrantes, mientras que en Madrid y Barcelona el porcentaje de inmigrantes en la población total se elevaba en 2002 al 12,5%.