El agravamiento de la crisis

Fue en ese contexto en que el rey Mohamed VI decidió, el 27 de octubre de 2001, la llamada a consultas del embajador de Marruecos en Madrid. A partir de esa decisión comenzó un proceso de degradación creciente de las relaciones bilaterales, amplificado por los medios de comunicación de los dos países que rivalizaban prácticamente en demagogia nacionalista. Como telón de fondo de ese deterioro, un editorial del órgano en árabe del partido Istiqlal, Al Alam, de fecha 12 de marzo de 2002, levantó una verdadera tempestad política en España: el editorial proponía invitar a Marruecos a "prepararse para recibir a los separatistas vascos", como reacción por el apoyo al Frente Polisario.

Pero será cuatro meses más tarde, el 11 de julio, con la ocupación por fuerzas de seguridad marroquíes del islote de Perejil cuando las relaciones entre los dos países se envenenarán y se transformarán en crisis abierta. Oficialmente, desde el punto de vista de Rabat, esa medida se inscribe en el marco de "la lucha contra el tráfico de droga, la inmigración clandestina y otras actividades ilegales llevada a cabo por las autoridades marroquíes sobre el territorio nacional". Al día siguiente, Madrid dirigió al gobierno marroquí una nota verbal pidiendo explicaciones y exigiendo la retirada. Contrariamente a los usos diplomáticos, Rabat no respondió, ya que esa decisión había sido tomada por el rey. España decidió entonces "reforzar los medios militares sobre los islotes bajo soberanía española" situados frente a las costas marroquíes.

En Bruselas la Comisión Europea anunció que el problema corría el riesgo de tener "repercusiones perjudiciales" sobre las relaciones de la Unión Europea (UE) y Marruecos. El ejército español reocupa el islote el 17 de julio, después de desplegar un gran dispositivo militar a su alrededor. Los americanos intervienen -¿por propia iniciativa? -para calmar la crisis que estaba degenerando. Además de la intervención de la embajadora de Estados Unidos, Margaret Tutwiler, el Secretario de Estado Colin Powell, toma el asunto en sus manos hasta su solución.

El 22 de julio tiene lugar en Rabat un encuentro entre los dos jefes de la diplomacia marroquí -Mohamed Benaissa-, y española -Ana Palacio acaba de suceder a Josep Piqué- que permite, según el comunicado conjunto oficial, "confirmar el acuerdo que tiende a restablecer y mantener la situación relacionada con el islote Tura/Perejil que prevalecía antes de julio de 2002, tal y como había hablado con el secretario de Estado Colin Powell, el 20 de julio 2002". Las acciones de las dos partes a este respecto, prosigue el comunicado, se tomarán sin perjuicio de sus posiciones respectivas sobre el estatuto del islote. Las dos partes aplicarán este acuerdo de buena fe. Las dos partes se han puesto de acuerdo igualmente para abrir un diálogo franco y sincero para reforzar sus relaciones bilaterales. En este sentido, concluye, los dos ministros de Asuntos Exteriores han convenido celebrar una reunión en Madrid en septiembre 2002".

Pero el clima de las relaciones bilaterales no mejoró en cinco meses como consecuencia de varios incidentes. Tres días después de ese comunicado, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores expresó su inquietud ante la Cámara de Consejeros, en relación con los intentos de Madrid de retractarse en relación a lo que ha sido decidido con respecto a la soberanía incuestionada del reino de Marruecos sobre sus aguas territoriales y su espacio aéreo en el Mediterráneo (25 de julio 2002). El 29 de julio informa a su homólogo español de la preocupación de Marruecos "después del fondeado, el mismo día por la mañana, de una fragata de la marina nacional, en la costa de la isla ocupada de Nekor, en las proximidades de Alhucemas".

El encuentro entre los dos ministros, que había sido pospuesto dos veces, se fija para el 11 de diciembre 2002. Como consecuencia de las violaciones repetidas del territorio nacional marroquí por el ejército español -se trata del aterrizaje de un helicóptero el 22 de septiembre sobre el islote en cuestión- el jefe de la diplomacia marroquí hace saber a Ana de Palacio "la inoportunidad de reunirse en ese contexto y en esas condiciones, el 23 de septiembre en Madrid. Ese mismo día Rabat denuncia de nuevo los actos repetidos de violación del espacio aéreo marroquí por un avión de la marina Española. Por fin, el 27 de septiembre, Bruselas informa a Rabat de la posposición de la visita que debía efectuar el ministro marroquí de Asuntos Exteriores a los responsables de la UE los días 30 de septiembre y 1 de octubre 2002. El encuentro se celebró lugar el 14 de noviembre de 2002, en que el ministro Benaissa fue recibido por Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, y Chris Patten, Comisario Europeo para las Relaciones Exteriores.

Así es como esta crisis, que tomó la forma de un aumento de los peligros que podían conducir al enfrentamiento, reaviva las percepciones de amenaza de Marruecos y más globalmente del sur. Sin duda un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero de 2002 señala que el 17% de los españoles sentía o percibía una amenaza exterior para la seguridad de España, aunque casi la mitad de ellos colocaba a Marruecos en primer plano mientras que 25% señalaba a los países árabes y musulmanes. En ese sentido, sólo un 13% decía tener una "buena opinión" de sus vecinos del sur. La percepción de amenaza a una evolución militar más marcada en las zonas españolas en contacto geográfico con Marruecos como Ceuta, Melilla y las islas Canarias, alimenta un alarmismo fundado no sobre hechos eventualmente hostiles, sino sobre intenciones que se le atribuyen a Rabat.

Por otro lado, hay que destacar que esa crisis ha reactivado el consenso patriótico en España. Así la imagen del ejército español mejoró en la opinión pública. Además, todos los partidos políticos apoyaron la intervención militar en el islote, con la excepción del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y e Izquierda Unida (IU). Ese estado de ánimo estaba ampliamente al diapasón de los sentimientos de la opinión pública: después de esta crisis, otro sondeo del CIS revelaba que el 75% de los encuestados aprobaban la intervención militar.

Normalización de las relaciones

Habrá que esperar hasta el 16 de diciembre para que se reanude el diálogo oficial, en Madrid, entre los ministros de Asuntos Exteriores, De Palacio y Benaissa. Un mes más tarde se crearán cinco grupos de trabajo bajo la presidencia de Tayeb Fassi-Fihri, ministro delegado para los Asuntos Exteriores y Ramón Gil Casares, secretario de Estado para los Asuntos Exteriores. Estos grupos cubren los siguientes campos: asuntos políticos, inmigración y asuntos sociales, delimitación de espacios marítimos, relaciones económicas y culturales y sociedad civil. El terreno quedaba así balizado para el encuentro previsto el 30 de enero 2003 en Rabat entre los dos responsables de la diplomacia.

La voluntad de normalizar parece compartida y debía traducirse en el retorno de los embajadores marroquí y español a sus respectivos puestos. Mohamed VI recibe, el 30 de enero, a la ministra española De Palacio. Al término de esa audiencia se anuncia el regreso del embajador marroquí a Madrid. A continuación la ministra celebra una reunión con el primer ministro, Driss Jettú sobre el estado de los trabajos de los cinco grupos creados. El soberano marroquí hace igualmente un gesto de alcance simbólico y permite que los pescadores gallegos víctimas de la catástrofe ecológica del Prestige pesquen en aguas marroquíes, lo cual crea un clima favorable que inaugura un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. La prensa socialista marroquí subraya, sin embargo, el imperativo de iniciar un diálogo y lanzar una reflexión sobre la situación de los presidios de Sebta y Melilla al tiempo que pide un nuevo enfoque en el tratamiento de la cuestión de la inmigración.

Pero la posición española sobre el Sáhara durante los trabajos del Consejo de Seguridad en julio de 2003 -reunión presidida por Madrid- alimenta las criticas marroquíes. Fassi-Fihri expresa su "pesar por el papel desempeñado por España en el Consejo de Seguridad al movilizarse a favor de una tesis que no corresponde a la explicitada por Marruecos. Esperábamos, añadía, que España pudiese favorecer la emergencia de una solución de compromiso".

Los preparativos de la guerra en Irak, a comienzos de 2003 conducen a Washington y Madrid a una mayor cooperación en relación al control de la seguridad en el Estrecho de Gibraltar. A principios de febrero, se firma un acuerdo, que suscita reacciones en la prensa marroquí que se pregunta si "Marruecos es un aliado de rebaja". Se había estimado, en efecto, que Marruecos -por razones conocidas- no puede de ninguna manera desinteresarse de lo que ocurre en el Estrecho cuya orilla sur controla; que la seguridad era una e indivisible, y que Rabat se encuentra frente a un acuerdo cuyo contenido y consecuencias no conoce. Nos encontramos ante un problema de buena gobernanza de defensa y de seguridad entre Washington/Madrid de un lado y Rabat del otro. España y Marruecos son dos países que proclaman tener relaciones privilegiadas - por títulos diferentes- con EE UU. Esos países ponen de manifiesto con agrado el "partenariado estratégico que les une con esa superpotencia. Pero en la práctica diplomática estamos ante una especie de tratamiento de "dos pesos dos medidas" tanto más puesto que toca a una cuestión de seguridad en un estrecho compartido en común.

Desde hace algunos meses, se desarrolla, sin embargo, la cooperación marroquí-española de los servicios de seguridad en la lucha antiterrorista. Tras los trágicos atentados del 16 de mayo en Casablanca, Madrid insistió desde el día siguiente en prestar su apoyo a Marruecos. El 24 de septiembre se presentó en Madrid un informe que señalaba la preparación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Tarragona, con el concurso de cinco marroquíes de la red Al Qaeda.

En la cumbre europea de los Quince (Sevilla, 21 y 22 de junio de 2003), la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal fue ampliamente debatida. Los partidarios de la línea dura -con España a la cabeza, Gran Bretaña e Italia- chocaron con la decidida oposición de Francia y Suecia, apoyados por otros países como Bélgica, Portugal y Luxemburgo. La propuesta de Madrid, Londres y Roma de aplicación de sanciones automáticas contra los países de origen que se negasen a cooperar con la UE fue abandonada. Pero el presidente, José-María Aznar, explicó sin embargo que la UE "se reserva el derecho de tomar medidas para reaccionar a las consecuencias de esa negativa a cooperar". Ello no fue obstáculo para que se aprobase el principio de la colaboración con los países de origen o de tránsito de los emigrantes. Así fue como se decidió que los nuevos acuerdos de cooperación y de asociación firmados por la UE con terceros países lleven una cláusula sobre "la gestión común de los flujos migratorios" y sobre "la readmisión obligatoria" en los países de origen o de tránsito.

Ese "activismo" español a propósito de ese expediente no ha dejado de ser notado por Rabat ya que una gran parte de los inmigrantes clandestinos que intentan alcanzar las costas españolas parten del Reino, sean de origen marroquí o se sirvan de él como base de tránsito, como es el caso de los argelinos o los subsaharianos. La determinación española no ha variado prácticamente a ese respecto. De ahí que uno de los puntos inscritos en el orden del día del próximo encuentro entre Aznar y Jettú, a principios de diciembre de 2003, trata precisamente de ese expediente. Marruecos se propone, además, ampararse en la decisión de la cumbre europea de Sevilla para no dar seguimiento a la petición española.

Reconstruir y confrontar un "colchón de intereses comunes", ése debe ser el objetivo común que se fijarán los dos jefes de gobierno durante su encuentro de diciembre 2003. Pero ¿será suficiente? Quedarán por establecer las condiciones y las modalidades de una concertación institucionalizada -forma o no- cuya naturaleza permita prevenir las eventuales tensiones futuras y regularlas sobre la base de un principio básico que proporcione un verdadero contenido político y estratégico al partenariado privilegiado que los dos países claman con sus mejores votos y discursos oficiales.